Tan sólo el 48% de esos estudios fueron divulgados, lo que coloca a la región en el peor lugar del mundo en términos de transparencia.
Los Gobiernos de América Latina impidieron el año pasado la publicación de la mayoría de los informes preparados por los expertos del FMI sobre sus economías, reveló el organismo.
Tan sólo el 48% de esos estudios fueron divulgados, lo que coloca a la región en el peor lugar del mundo en términos de transparencia.
La cifra supone una caída drástica con respecto al 70% de documentos hechos públicos el año anterior, según un análisis divulgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La institución financiera quiere incentivar la publicación de los estudios que sus expertos preparan sobre la situación económica de los países miembros, tras reunirse con el equipo económico del Gobierno.
En ellos, su personal intenta hacer un análisis objetivo de los puntos fuertes y vulnerabilidades de la economía y ofrece sus recomendaciones de política económica.
«Se presume» que los informes se deben hacer públicos, según las normas del FMI, pero la divulgación requiere el visto bueno de los Gobiernos.
Sólo Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y México aprobaron la publicación de todos los estudios del personal del Fondo que llegaron a la mesa de su Consejo Ejecutivo entre el 1 de noviembre de 2006 y el 31 de octubre de 2007, según el organismo.
El resto de los países de la región impidió la publicación de alguno o todos los reportes durante ese período.
Los estudios sirven de base para el análisis que ese Consejo realiza anualmente sobre la economía de cada nación (conocido como «Artículo IV») o sus deliberaciones en el marco de un acuerdo crediticio con un país miembro.
En total, un 83 por ciento de los informes sobre países de todo el mundo fueron publicados. Entre las naciones avanzadas, esa cifra alcanzó el 96 por ciento.
América Latina también se lleva la palma en días de retraso en la divulgación de los análisis que sí ven la luz.
En promedio, salen 69 días después de su consideración en el Consejo Ejecutivo. Las normas del FMI dicen que ese retraso debería ser como máximo de 30 días.
El Fondo también reveló que un 20 por ciento de los estudios sobre América Latina excluían ciertas partes a petición de los Gobiernos.
