Carol Bown: “La cohesión social también pasa por recuperar el orden”

Palos porque bogas y palos porque no bogas, parece ser hoy el destino de los alcaldes. Al menos así lo expresa la alcaldesa de San Miguel, Carol Bown (47). La abogada de la UDI lleva un año y 8 meses a la cabeza de esa tradicional comuna de clase media de Santiago y pone “un ejemplo poco polémico para expresar la idea” de por qué hoy está tan debilitada la cohesión social en barrios y comunidades. Es la siguiente:

-A los dirigentes les pasa lo mismo que a nosotros, los alcaldes: nos alegan por todo. Una corta un árbol en una calle y la mitad de la gente dice: “Gracias, estaba a punto de caerse, bien, porque estaba super añoso”. Y la otra mitad sostiene: “Era un árbol súper querido, lo plantó mi abuelo. Cómo pudieron botarlo”.

Agrega que hoy la principal demanda de los vecinos parece que ya no es una plaza o una sede comunitaria. Es poder caminar tranquilos por sus barrios. La frase resume la principal tensión que plantea la alcaldesa Bown, quien es, además, una de las prologuistas de la segunda “Cartografía Social de Chile”. El libro, que se lanza este próximo 25 de agosto en el marco del Mes de la Solidaridad, se centra justamente en la cohesión y el vínculo social. En cómo reconstruir los lazos entre las personas desde distintos ámbitos.

-¿Por qué crees que hoy cuesta tanto construir comunidad?

-Porque cada vez cuesta más que alguien quiera liderar una organización. Los dirigentes dedican tiempo, reciben críticas y muchas veces nadie quiere asumir esa responsabilidad.

De ahí surge el ejemplo del corte del árbol en una calle cualquiera que puso antes. Para Carol Bown, la cohesión social es un desafío cotidiano de la gestión municipal. Y así la define: “La cohesión social es el reconocimiento entre las personas, la participación en la vida común, la capacidad de una comunidad para responder mejor, especialmente a quienes son los más vulnerables”.

A su juicio, ese tejido se ha ido debilitando por fenómenos como el individualismo, el aislamiento, la baja natalidad y los problemas de salud mental. Por eso, afirma, cuesta mucho que alguien se ofrezca para ser dirigente de una junta de vecinos, por ejemplo. El principal problema entonces no es la falta de recursos, sino la ausencia de personas dispuestas a hacerse cargo. Y, para la alcadesa de San Miguel, sin liderazgo local resulta muy difícil fortalecer el tejido social.

La alcaldesa de San Miguel Carol Bown estuvo en Hogar de Cristo en el programa Hora de Conversar.

Internación obligatoria

Carol Bown se ha convertido en la cara más visible de los alcaldes de distinto signo que han levantado el proyecto de ley que busca penalizar la instalación reiterada de rucos. O de asentamientos precarios, como se les llama con más elegancia. La idea de legislar ya entró a la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados.

-Carol, ¿tú consideras vecinos a las personas en situación de calle que habitan rucos en tu comuna?

-Pasa que las personas en situación de calle han cambiado radicalmente a lo que eran antes. Hoy la gran mayoría son personas que están en la calle por no porque no tengan otra alternativa, sino que porque no quieran salir de ahí y usan esos asentamientos irregulares para delinquir por las noches. En el día parecen vecinos muy pacíficos que no molestan, salvo porque se toman el espacio público, por los olores y la basura que generan, pero en la noche la experiencia cambia radicalmente, porque trafican, delinquen, roban, hacen ruidos molestos.

-¿No es esa una generalización muy radical e injusta?

-No. Nosotros los tenemos catastrados; hay más de 100 personas en situación de calle en San Miguel. Mira, este año, hemos sacado 800 rucos en una comuna de 9 kilómetros cuadrados. Son siempre los mismos. Y es verdad: no podemos generalizar porque efectivamente hay algunos que sí son buenos vecinos. Muchas veces tienen problemas conductuales por razones de salud mental o roban cosas de sus mismas casas para comprar droga y poder consumir. Sus familias los han terminado por echar a la calle, por cansancio. Esos son casos conocidos y puntuales.

-Desalojar esos 800 rucos, ¿qué valor tiene? ¿Qué costo representa para el municipio?

-Altísimo, altísimo, altísimo.

-¿No sería mejor destinar esos recursos a tratar de solucionar los problemas de salud mental de lo que tienes identificados como vecinos?

-A ver, aquí estamos frente a una cuestión sistémica, donde son muchas las variables. Nosotros no desalojamos cuando hay Código Azul. Les ofrecemos que sean contactados por el Ministerio de Desarrollo Social para llevarlos a una residencia, pero ellos no quieren. Eso es así. Hemos hecho el trabajo de contactar a la familia, a veces resulta a veces no. Pero el problema es sistémico de salud mental, de consumo problemático, de delincuencia. Va tpdp de la mano.

Afirma que ese costo lo debe asumir el Estado, a través del Ministerio de Salud o de Desarrollo Social. No el municipio. “Además, habría que contar con una internación obligatoria. Y eso sí que es difícil, judicialmente hablando”. La alcaldesa repite en distintos momentos de la entrevista el mismo concepto: internación forzada, porque asegura que las personas no tienen la voluntad de rehabilitarse del consumo, someterse a un tratamiento ni siquiera de ir a un albergue cuando los temporales arrecian. “Ese es un trámite que puede tomar años. Y es parte de lo que hemos hablado con el gobierno a propósito de este tema”.

Ya no piden plazas ni centros deportivos, hoy los vecinos piden seguridad, dice la alcaldesa Carol Bown. Ella es la cara más visible de la iniciativa de legislar para desalojar rucos de personas en situación de calle.

Detención en flagrancia

Otro concepto que repite la alcaldesa es la flagrancia. El descubrir a una persona de calle cometiendo un delito in fraganti es lo único que hoy les permite a los alcaldes llevarlos detenidos.

-Hoy no podemos llevarnos preso a una persona en situación de calle. Pero tampoco podemos internarlos obligatoriamente, ni llevarlos a una residencia ni a un hospital siquiátrico, aunque hubiese un cupo para su tratamiento de salud mental o de adicción a droga. En definitiva: esto es algo que los municipios no podemos abordar solos.

-Por eso tú herramienta es tipificar como delito la instalación reiterada de rucos.

-Siempre y en cuanto sirvan de base para la comisión de delitos -precisa, en tono muy jurídico.

-Pero eso parece muy difícil de detectar. Muy complejo de probar.

-Sí y no. Hoy la problemática se aborda desde el departamento de Aseo y Ornato. Van a limpiar el basural o el lugar donde está instalada una persona. Deben ir con el equipo de seguridad porque casi siempre son violentos. Después entra un camión gigante, porque de estos operativos salen metros cúbicos y metros cúbicos de basura. Ahí es que encontramos dosificadores para la venta de droga, armas hechizas, objetos robados, de todo. Son indicios de comisión de delito, pero no hay detención posible, porque para eso se necesita flagrancia.

-¿Qué dicen frente a estos operativos contra las personas en situación de calle los demás vecinos de San Miguel?

-La mayoría de la gente los celebra, porque nos lo considera vecinos. De día, te dicen, no son problema. De noche, sí lo son. Hay vecinos que tienen que desviarse para no pasar por ciertos sectores y alegan muchísimo por eso. Se les produce una sensación de inseguridad tremenda. Para las personas que los tienen ahí exactamente delante de su casa es un problema mayor. Entonces, sí, la gran mayoría quiere que los saquemos.

Carol Bown comenta que a varios alcaldes los han insultado por crear albergues en sus comunas. “Nosotros no tenemos albergues en San Miguel. Yo creo que los albergues deben existir porque en tiempos de clima extremo se requieren. El problema es que las personas en situación de calle no los quieren. No los valoran”.

En definitiva, la alcaldesa no duda. Está convencida de que la mayoría de los vecinos no quiere rucos ni personas en situación de calle en sus barrios. “Aunque a veces me llama la atención cuando de repente en los matinales dicen que les dan comida, pero no mucha, para que no se acostumbren. O sea, los ayudan, pero no tanto. Al final, somos humanos y nos da pena que vivan en esa precariedad, pero todos sabemos que la solución no es que se instalen en cualquier parte, de cualquier manera”.

-¿Cuál crees que sería una solución integral y realmente humana?

-Tiene que ver con un tratamiento integral que aborde salud mental y consumo problemático. Y eso los municipios solos no podemos hacerlo.

La alcaldesa plantea además que el Estado requiere nuevas herramientas para intervenir estos casos y facilitar tratamientos oportunos cuando existen riesgos graves. “Eso porque hoy los principales reclamos ciudadanos son mayor seguridad y el control de las personas en situación de calle.

Delito adolescente

Para recuperar el tejido social una de las apuestas de la gestión de la alcaldesa Bown ha sido fortalecer organizaciones comunitarias mediante escuelas de formación para dirigentes, clubes deportivos y juntas de vecinos.

“No me importa si después algunos terminan siendo concejales o alcaldes. Mientras existan mejores líderes locales, mejor les irá a las comunas”, cuando bromeamos, diciendo de que ahí le saldrá competencia.

Aunque buena parte del debate público gira hoy en torno a la seguridad, Bown cree que la cohesión también nace de gestos sencillos. Menciona actividades barriales, encuentros culturales y celebraciones comunitarias que permiten que vecinos que nunca conversan vuelvan a encontrarse.

-¿Qué iniciativas te hacen pensar que todavía es posible fortalecer el vínculo social?

-A veces basta con cerrar una calle para un esquinazo, con una actividad pequeña, para que los vecinos se conozcan. Son cosas simples, pero generan comunidad.

Rescata el rol, por ejemplo, de la comunidad venezolana, que en San Miguel integran quienes llegaron en la primera ola migratoria de ese país. Afirma:

-San Miguel es una comuna familiar, donde parte importante de los vecinos todavía se conocen. Dicho eso, es también, junto a Lampa, la que más personas han sumado entre censo y censo. San Miguel creció un 40 por ciento en ese periodo. Y el impulso está dado por esos primeros migrantes venezolanos, que se han integrado con mucho entusiasmo.

Asegura que el año pasado los reyes de los adultos mayores en la Fiesta de la Primavera y las celebraciones de Fiestas Patrias fueron los venezolanos. “Ellos buscan pertenecer, buscan redes y apoyo. Conversan entre ellos, se dan cuenta que no son los únicos que están muy preocupados por los problemas de sus hijos, de sus nietos”.

-Tú has dicho que el 71% de los detenidos en la comuna de San Miguel por delitos violentos son menores de edad en lo que va del 2026. ¿Qué se hace con eso?

-Nosotros desde el municipio no tenemos herramientas reales para hacer algo más que trabajo preventivo. Como Subsecretaria de la Niñez me tocó diseñar el rol de las oficinas locales de niñez, que era levantar casos de riesgo y tratarlos. Hoy eso no está funcionando. Por ejemplo, el que se levante una alerta cuando un niño de 14 años dejó de ir a al colegio, su papá cayó preso y la abuela que lo cuidaba murió. Evidentemente, hay que intervenir, pero eso no está pasando.

La alcaldesa Carol Bown es una de las dos prolologuistas del libro “Cartografía Social de Chile”, que este año aborda la cohesión soical. El otro es Tom´+as Vodanovic.

Culpa al gobierno de Gabriel Boric de ese cambio de énfasis. Y explica que ellos están fortaleciendo el trabajo de la Oficina Local de la Niñez con recursos municipales, pero, insiste, que esto no sirve sin una política nacional.

-Hoy los adolescentes entre 14 y 17 años cometen un delito y quedan libres, se van a sus casas con el compromiso de ir una vez a la semana a un psicólogo. Eso no es un tratamiento integral. A mí me da risa porque cuando voy al colegio a la charla en que nos explican el funcionamiento del cerebro de mis niñitas, que también son adolescentes, entiendo que en esos jóvenes hay lo mismo: búsqueda de pertenencia, de reconocimiento, de adrenalina. Y que, sin cuidado ni control, la encuentran en esas conductas violentas, de alto riesgo.

Para cerrar, la alcaldesa insiste en que hay que convencer al ministro de Hacienda de poner en estas políticas los recursos. “Invertir en esto, en los niños y jóvenes, es invertir en el futuro”. Y eximir del pago de las contribuciones por la vivienda en que viven a los adultos mayores le parece de toda justicia. “No podemos castigar a los adultos mayores”, sentencia. Y agrega: “Ya veremos de dónde sacamos los recursos que perdamos por esta medida”.

Así cierra la alcaldesa que tiene como divisa el orden y la seguridad por sobre cualquier otro valor, porque, asegura, es lo que reclaman sus vecinos.