Libelo apunta también contra la mujer que aparece recibiendo dineros sin ser sostenedora, una ex funcionaria de la seremi. En tanto, aún se encuentra pendiente decisión del contralor general de la República, Ramiro Mendoza, en orden a la reconsideración presentada por el seremi Alejandro Traverso para evitar su destitución.
Una querella criminal por el delito de malversación de caudales públicos presentó el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la investigación que tramita la Fiscalía Centro Norte por las irregularidades respecto a la entrega de subvenciones escolares detectadas por la Contraloría en la seremi metropolitana de Educación, dirigida por el PS Alejandro Traverso.
La acción legal, dijo una fuente de la entidad, surgió debido a la denuncia realizada por la secretaría de Estado el año 2007 ante el Ministerio Público.
La causa está a cargo del fiscal Claudio Peña, a quien le fue ampliada su facultad de investigador como perseguidor preferente, una vez que fueron conocidas las conclusiones finales del organismo fiscalizador.
El CDE ha solicitado una serie de diligencias que han sido cumplidas por la fiscalía y la semana pasada llegó el último informe que necesitaba el perseguidor para solicitar al tribunal una fecha para la formalización.
El libelo apunta contra Gladys Audala, quien aparece en los registros como sostenedora de un establecimiento educacional y recibiendo casi $ 35 millones sin que debiera.
La presentación también apunta a la ex funcionaria de la seremi Franka Grez Fuentes y Julio Jiménez Alquinta, actual presidente del Colegio Nacional de Contadores. Este último fue suspendido durante tres meses por la Contraloría.
Contradictoriamente a su situación judicial, Jiménez Alquinta aparece realizando un curso en el organismo fiscalizador sobre el estatuto administrativo.
Es lo que hay
El contexto en que se desarrollado esta información comenzó el jueves de la semana pasada con el informe de la Contraloría que publicó en exclusiva El Mostrador.cl.
En el documento, el órgano detalló una serie de irregularidades cometidas por los sostenedores educacionales con las subvenciones escolares que entrega el Estado.
Según estableció, en 2007 más de 160 mil alumnos aparecen inscritos en más de un colegio, de los cuales 70.306 están en Santiago y en 2006 la situación es similar. Allí podrían configurarse una serie de ilícitos.
Pendiente se encuentra la decisión del contralor Ramiro Mendoza, en orden a la reconsideración presentada por Traverso, para evitar que sea destituido. Esto en otra indagatoria realizada por esa institución, tal como adelantó el sábado este diario.
Si es negada, el subsecretario de Educación, Cristián Martínez, se vería obligado a ejecutar la sanción y Traverso no podría trabajar en la administración pública durante cinco años, cuando podrá pedir al Presidente de la República en ejercicio que revoque el castigo.
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