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El rol del contralor de la República en la salida de Alejandro Traverso

Tal como lo anticipara El Mostrador.cl, la formulación de cargos por irregularidades y la sugerencia de destitución del cargo tornaba insostenible su permanencia. El hecho generó diversas reacciones en el mundo político que, a juicio del analista Guillermo Holzmann, instalan a la Contraloría como un actor para el cual Chile no está preparado.


Una actuación clave -que tuvo un duro efecto político para el Gobierno- fue la que realizó el contralor Ramiro Mendoza, cuando resolvió sugerir la destitución del seremi de Educación, el PS Alejandro Traverso -por irregularidades como jefe de servicio- y que terminó con su renuncia al cargo.



A ello se sumó el informe que fue publicado por El Mostrador.cl la semana pasada, donde se daba cuenta de las anomalías cometidas por los sostenedores de colegios con las subvenciones escolares, que derivó en una investigación que tramita la Fiscalía Centro Norte.



De esta manera todo conspiró para que la permanencia de Traverso en el sistema público se hiciera insostenible.



Y es que el nuevo estilo de transparentar las investigaciones hechas por el organismo, ha instalado un nuevo factor de preocupación en La Moneda, en pleno año electoral y cuyas consecuencias reales -es decir a través de una renuncia- son "aquilatadas" por primera vez.



Si bien es cierto se han conocido informes anteriores, como el de las irregularidades en EFE y Gendarmería, entre otros de menor importancia política, la salida de uno de los últimos bastiones de la administración Lagos en la cartera de Educación, es sin duda una alerta roja para un año electoral, donde la expresiones "corrupción" e "irregularidades" serán el actor central.



Independiente de cualquier opinión sobre las reales intenciones de Mendoza, a quien se relaciona con la derecha por su trabajo en el estudio Philippi, lo cierto es que su llegada a la Contraloría implicó una serie de cambios en los equipos de trabajo, reordenando el mapa interno con personal de carrera con nuevos bríos y modernizando la infraestructura y los procedimientos.



Pero hay un detalle que marca su prescindencia de la oposición y es que bajo su administración es que se han dado las mayores facilidades y resuelto la situación de muchos exonerados políticos de la dictadura militar, que no tuvieron cabida en las jefaturas anteriores del organismo.



Instrumentalización



Para el analista político de la Universidad de Chile, Guillermo Holzmann, la democracia chilena aún no esta preparada para un organismo que comienza a tener un rol activo en la fiscalización de las decisiones que adopta el Estado, "que es como sucede en los países del primer mundo".



"La Contraloría ha ido generando un metabolismo que ahora afecta con casos puntuales a la Concertación que está en el gobierno, y la oposición aplaude, pero cuando afecte a la derecha, claro, el oficialismo hará lo propio", explicó Holtzmann.



En ese sentido, el profesional reconoce que la Contraloría es un actor político sobre la toma de decisiones y que tiene la necesidad de mantener su autonomía. "Pero también es cierto que debe cuidarse de no ser instrumentalizada por los partidos", explicó.



En términos políticos, reflexiona Holzmann, "esta pasando que ese masa que no se siente representada por los partidos y que cree que todo se arregla entre cuatro paredes y más encima no puede conocer las irregularidades que se cometen, comenzarán a ver en la contraloría a ese actor que transparenta lo que todos creen".



– ¿A partir de esta renuncia cree usted que habrá un cambio de comportamiento de los actores políticos hacia la Contraloría?



– No podría decir que habrá una modificación, pero sí un cambio de carácter público, porque el hecho de que se transparenten los informes se convierte para el gobierno en un problema político mediático, ya que no puede aparecer protegiendo hechos de corrupción.



– ¿Entonces el cambio a qué nivel se produce? Porque esta renuncia es un hecho puntual.



– En que el gobierno debe reconocer que la Contraloría es un interlocutor válido en el espacio político. Que no es un obstáculo, sino que todas las acciones y decisiones pueden ser fiscalizadas desde un organismo más técnico. Y en ese sentido, la Contraloría es distinta a la Cámara que fiscaliza las decisiones del Estado desde el carácter político.



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