A ojos de parlamentarios y expertos, el espaldarazo de Edmundo Pérez Yoma al proyecto Hidroaysén y a la planta de respaldo de Metrogas son claves a la hora de interpretar la fórmula con que se piensa capear la crisis energética. Postura que se confirma con la reciente baja del impuesto a la bencina, que iría en sentido contrario a las estrategias internacionales contra el calentamiento global.
Un fast track en materia de proyectos energéticos es una de las más temidas consecuencias que auguran parlamentarios y ambientalistas a raíz de la crisis generada por la fuerte sequía, los recortes de gas natural desde Argentina, y el alto precio de los combustibles.
Un escenario que afecta directamente a la inflación, que alcanza 8,1%, y que de una u otra forma ejerce presión a nivel gubernamental para que se encuentren soluciones. Y rápido.
Para el diputado de la bancada verde, Enrique Accorsi (PPD), un claro ejemplo de esta urgencia, es la reciente rebaja del impuesto a la bencina, "que incentiva el uso del automóvil y va en el sentido contrario de los esfuerzos contra el calentamiento global".
Desde el prisma económico, la medida tampoco sería la panacea. Así lo advierte la economista del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, Verónica Kunze, que señala que "la disminución se mantendrá sólo por un tiempo, porque si el crudo sigue aumentando a nivel internacional, repercutirá a nivel interno".
Tesis que comparte Accorsi, quien además prevé que en el actual escenario se tomarán "muchas medidas en beneficio de obtener energía al precio que sea, sin importar lo que pase con el medio ambiente: va a ser bien fregado".
Por ello, la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Baja citó al ministro de Energía, Marcelo Tokman, para que exponga el próximo miércoles la real magnitud de la crisis y la línea medioambiental que el Gobierno piensa seguir.
Espaldarazos a megaproyectos
Desde esta perspectiva, el espaldarazo a las megacentrales de Hidroaysén o a la planta de respaldo de Metrogas entregado por el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, pueden leerse como una clara señal de cómo se viene la mano en la agenda medioambiental.
Y como era de esperarse, este apoyo no cayó nada bien en sectores ambientalistas. Incluso, recordó la similar crisis energética que afectó al país en 1998, cuando el presidente Eduardo Frei explícitamente respaldó el polémico proyecto de Ralco. Y aunque Michelle Bachelet no se ha pronunciado favorablemente al respecto, para el coordinador de la Campaña Patagonia Sin Represas, Juan Pablo Orrego "los ministros no se mandan solos, pero si la presidenta del país no dice nada, quien calla otorga".
Para el presidente de la Corporación Chile Ambiente, Hernán Sandoval, antes de que los proyectos estén aprobados "no es procedente dar espaldarazos", aunque confía en que el Gobierno no caerá en esa dinámica, "ya que sería un grave error tomar medidas en función de la realidad coyuntural".
Quien no tiene tanta fe en la línea que seguirá el Ejecutivo, es el diputado de la bancada verde Marcelo Díaz (PS), que explica que "aún no hay una definición política clara sobre el uso de reservas de áreas protegidas, lo que conjugado con la escasez energética, hace temer que se de luz verde a una serie de megaproyectos que atentan contra el medioambiente".
Para reforzar esta tesis, recuerda que en una visita a la Región de Coquimbo, el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dio un positivo pronunciamiento sobre el proyecto de tres termoeléctricas en la comuna de La Higuera, asociadas a Codelco, el Grupo Suez y Barrick Gold.
Nueva institucionalidad: no se toca
El frente que se mantendrá imbatible frente a la crisis, será la nueva institucionalidad ambiental, que contempla la creación de un ministerio de Medio Ambiente y una Superintendencia del área.
Al menos así lo adelantan fuentes técnicas ligadas a la construcción de la iniciativa, que se presentará en junio próximo en el Parlamento.
Aunque aún no ha salido a la luz pública cómo operará el nuevo sistema ni hasta dónde alcanzarán sus atribuciones, la coyuntura no habría cambiado el rumbo en que se ha trabajado desde hace casi un año.
Básicamente, porque lo que se persigue es "salir de la dictadura de las decisiones caso a caso: dentro de los diagnósticos de la institucionalidad ambiental ya se habían incorporado impactos excepcionales, como una crisis energética", asegura un experto.
En este sentido, Sandoval, que forma parte del equipo técnico, asegura que sería un grave error que la crisis tuviera alguna influencia en la iniciativa. "Se pretende que las instituciones que se crean sean permanentes y resistan el paso del tiempo. Por eso sería nefasto que se implementaran en base a las coyunturas".
