Unos trescientos ecologistas se manifestaron en la plaza de la Constitución en el centro de Santiago para denunciar los perjuicios ambientales, económicos y sociales que a su juicio provocarán las cinco represas hidroeléctricas proyectadas por el consorcio Endesa Chile-Colbún en los ríos de la Patagonia.
Con motivo del «Día mundial de acción contra las represas», los ecologistas se congregaron frente al Palacio de La Moneda para exigir al Gobierno que detenga la construcción de las nuevas centrales del proyecto de Endesa-Colbún denominado Hydroaysén, que contempla dos en el río Baker y tres en el río Pascua.
El proyecto, a desarrollarse en esa región chilena, a unos 1.500 kilómetros al sur de Santiago, involucra una inversión de unos 4.000 millones de dólares.
Los manifestantes, miembros de las asociaciones que integran el Consejo de Defensa de la Patagonia que han desarrollado una intensa campaña comunicacional contra la aprobación del proyecto Hidroaysén impulsado por el consorcio Endesea-Colbún, entregaron una carta a la presidenta Michelle Bachelet, en la que exigen que impida el proyecto si no existe un control integrado de las cuencas hidrográficas.
En la misiva también emplazan a Bachelet a revisar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para que sea «verdaderamente una herramienta que prime el interés nacional y local por sobre el interés de las empresas» y que «la participación ciudadana no sea un eufemismo que dé paso a la voracidad del mercado».
La directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, señaló a los periodistas que «las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo», entre los que destacó el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados y la pérdida de tierras fértiles y bosques.
Por su parte, el director ejecutivo de Greenpeace Chile, Rodrigo Herrera, indicó que la puesta en marcha de un proyecto como el de Hydroaysén «tendría dramáticas consecuencias para el mercado energético, pues agudizaría el monopolio en el sector y bloquearía la diversidad de fuentes que el país necesita».
EFE
