Un documento de 193 páginas más siete carpetas constituyen los argumentos de la secretaria de Estado. Su abogado, el ex ministro Luis Bates, se mostró confiado en que se podrán demostrar las debilidades "estructurales" de la presentación, la que, de prosperar, a su juicio sentaría un precedente que derivaría en una seguidilla de acusaciones contra otros ministros.
La ministra de Educación, Yasna Provoste, entregó el miércoles sus descargos frente a la acusación constitucional que pesa en su contra y que están contenidos en un documento de 193 páginas que recibieron los diputados que integran la comisión a cargo de estudiar el libelo.
Fue la propia secretaria de Estado quien llegó hasta el Palacio Ariztía para efectuar este trámite, el que llevó a cabo en compañía de su abogado, el ex ministro de Justicia Luis Bates.
Este último se mostró confiado en los argumentos esgrimidos para que la acusación no prospere, considerando que presenta debilidades "estructurales". Advirtió además que, si se hiciera efectiva, constituiría un mal precedente que permitiría una seguidilla de acusaciones contra otros ministros.
También explicó que junto a los descargos, se proporcionaron a los legisladores siete carpetas que incluyen antecedentes que habrían sido omitidos y que demostrarían que la presentación se efectuó de manera "apresurada".
Ahora, la instancia legislativa tiene un plazo de seis días para estudiar la documentación y emitir un pronunciamiento que, a su vez, tendrá que ser votado en la sala de la Cámara de Diputados.
Argumentos
En el documento Yasna Provoste entrega una serie de argumentos para demostrar que la acusación no procede, principalmente porque ésta no cumpliría los requisitos establecidos en la carta magna y, en segundo término, con la entrega de una serie de descargos frente a su responsabilidad en las anomalías detectadas en el Mineduc en la entrega de subvenciones escolares a sostenedores privados.
Afirma que una acusación constitucional es una facultad excepcional dentro de la Carta Magna que se utiliza como "último ratio una vez que se han agotado todos los recursos o arbitrios que contempla el ordenamiento jurídico para dar solución a la infracción normativa que le sirve de fundamento".
Y en este caso, por el contrario -dice el documento- , su cartera ha puesto todos los antecedentes en manos de otros organismos del Estado .
"Los acusadores omiten referirse al hecho que, todas aquellas omisiones, decisiones y procedimientos, han sido o están siendo efectivamente conocidos por otras autoridades del Estado, haciéndose uso de todas las instancias que el ordenamiento jurídico otorga para hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios que se han visto directamente involucrados en los hechos denunciados", señala.
