El esperado proyecto que crea el ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia del área deberá sortear grandes obstáculos antes de concretarse tal como se propone. Sus principales enemigos están dentro de los propios servicios sectoriales, que no están dispuestos a ceder terreno en sus facultades y mucho menos "tecnificar" las decisiones. Y aunque se esperaba con escepticismo un cambio radical del actual sistema, los medioambientalistas consideran que la iniciativa "va por el buen camino".
El próximo 5 de junio, día mundial del medio ambiente, es la fecha en que la Presidenta Michelle Bachelet planea enviar al Parlamento los proyectos de ley que pretenden reformar la institucionalidad ambiental, cumpliendo así con uno de los temas claves comprometidos en su programa de Gobierno.
Pero este paso no será miel sobre hojuelas: la maratónica empresa liderada desde hace casi un año por la ministra del ramo, Ana Lya Uriarte, ya cuenta con varias piedras de tope. Una de ellas, y la que en opinión de fuentes cercanas a La Moneda será la causante de la mayor reticencia a nivel empresarial y sectorial, será la eliminación de las Comisiones Regionales de Medio Ambiente (Corema).
El motivo es simple: su absorción por parte del ministerio va de la mano con la creación de un Servicio de Evaluación Ambiental, independiente y sujeto a un sistema de selección de alta dirección pública. Su rol será dedicarse exclusivamente a la evaluación ambiental de proyectos pero desde un prisma altamente técnico, "despolitizando" las decisiones que dan el visto bueno o rechazan los proyectos. Un vuelco en 360 grados al sistema actual.
Y quien asumirá la responsabilidad política-técnica de las decisiones será una nueva figura que entrará en escena, el Seremi de Medioambiente, que trabajará coordinadamente con otros seremis con competencias en el área.
Desde Palacio advierten que es "difícil que esto se logre, porque hay serias dudas de que el país, representado por empresarios, la autoridad económica y parte de las autoridades sectoriales esté disponible para tecnificar tanto el sistema."
También se ve peliagudo el escenario relativo a "ordenar la casa" y traspasar ciertas atribuciones al ministerio y a la Superintendencia, ya que hay mucho celo en algunas carteras que no ven con buenos ojos la pérdida de ciertas facultades. Es el caso del Ministerio de Salud (Minsal), que se "topa" en algunos puntos de fiscalización con la futura Superintendencia.
Y en Conaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, tampoco están para brindis. Uno de los ejes centrales de la iniciativa apunta a la creación de un Servicio Nacional de Parques y Conservación de la Biodiversidad, que asumiría el rol tutelar de las áreas protegidas, así como el de conservar la biodiversidad. Para Conaf no es un anuncio feliz, ya que estas atribuciones están actualmente bajo su alero.
El temor mayor, es que se hagan estos cambios y se relegue a la corporación a un segundo plano, sin realizar las mejoras necesarias para que deje de ser "el pariente pobre de la administración pública", como la define el senador Antonio Horvath (RN).
En todo caso, y tal como lo aclaran desde el propio Ministerio de Medio Ambiente, "aún hay mucho paño que cortar en este tema".
Luz verde desde el gobierno, peroÂ…
A pesar de que la presidenta aún no se ha pronunciado al respecto, al interior de La Moneda aseguran que habrá "luz verde" a la iniciativa. De hecho, el ministro José Antonio Viera Gallo ha servido de puente entre el equipo de Uriarte y los diversos organismos sectoriales, pues incluso las reuniones han sido en las oficinas de la Segpres.
Este respaldo estaría ligado a que los lineamientos de la propuesta concuerdan con algunas recomendaciones medioambientales que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo al país en 2005, donde puso mucho énfasis en la creación de un sistema de fiscalización, que se concretaría a través de la Superitendencia (Chile aspira ser miembro de este grupo).
Y aunque no se mencionó en el texto "oficial" la necesidad de la creación de un ministerio del área, no hay que olvidar que el documento original hacía referencia a la notoria ausencia de esta secretaría de Estado en Chile, antes de que el intenso lobby gubernamental lograra suavizar las críticas de las conclusiones y se eliminara ese párrafo.
Pero fuentes internas advierten que "entre el texto actual y el definitivo aún hay un largo trecho por recorrer, probablemente será muy discutido y no será aprobado en su totalidad".
En el buen camino, pero sin visión política
Cuando el equipo de Uriarte se reunió a presentar detalles generales de la reforma en construcción a los firmantes del Acuerdo de Chahual, los ambientalistas quedaron bastante sorprendidos del grado de profundidad que se le dio a los temas. Al menos así lo relató un asistente al encuentro.
La impresión fue confirmada por Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, quien aseguró que los cambios "van en la dirección correcta". Básicamente, respalda la instauración de una cabeza visible a cargo de las decisiones políticas, que termina con "la especie de festival de responsabilidades" de la institucionalidad actual. Larraín también aplaude el ingreso de los seremis y la creación de la Superintendencia.
En todo caso, aclara que "sin duda hay elementos que mejorar y observaciones que presentaremos de aquí a fines de mes".
El director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo "rescata" numerosos elementos positivos, pero asegura que se podría "haber ido más allá".
"Es un proyecto muy pragmático, un tanto ecléctico, pero carece de visión política. El equipo de la ministra no la tiene, y ni siquiera Hernán Sandoval -presidente de la corporación y asesor de Uriarte en este proyecto- ha logrado insuflarle esa visión. Entonces estamos construyendo una institucionalidad sin tener política, y eso es como manejar un velero sin timón.", sentencia el ingeniero agrónomo.
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