«Se va a producir un hecho histórico, es un juicio muy importante, en Francia hay un gran interés y muchas expectativas», dijo en rueda de prensa la abogada Karinne Bonneau, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Una quincena de ex gentes de seguridad chilenos enfrentarán en mayo próximo en Francia un juicio que puede acarrearles hasta 30 años de prisión, afirmaron este martes en Santiago los abogados de los familiares de cuatro franco-chilenos desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
«Se va a producir un hecho histórico, es un juicio muy importante, en Francia hay un gran interés y muchas expectativas», dijo en rueda de prensa la abogada Karinne Bonneau, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
Entre los acusados destaca el general Manuel Contreras, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que junto a los otros imputados será juzgado «en rebeldía» por los delitos de arrestos, secuestros arbitrarios y torturas de los cuatro franco-chilenos, explicó en tanto el abogado Benjamín Sarfati, querellante en el caso.
Otros acusados son los generales Herman Brady y Raúl Iturriaga, los ex brigadieres Pedro Espinoza, José Zarah, Miguel Krasnoff y Marcelo Moren Brito, los civiles Emilio Sandoval y Enrique Arancibia, además del argentino José Osvaldo Riveiro.
Alfonso Chanfreau Oyarce, Etienne Pesle de Menil, Georges Klein Pipper y Jean-Ives Claudet Fernández fueron detenidos en Chile y Argentina por agentes de la DINA entre 1973 y 1975, sin que hasta ahora se sepa de su paradero.
La investigación judicial fue abierta en Francia en 1998, tras las denuncias cursadas por los familiares de las víctimas.
Sarfati señaló que aunque la condena contra los represores no pueda concretarse, por normas de la legislación chilena, tendrá «un impacto simbólico» pues se esclarecerán estos crímenes ante un tribunal público y abierto.
Añadió que una vez condenados, el Tribunal de lo Criminal de París dictará en su contra una orden de captura internacional, lo que les impedirá «al menos abandonar Chile».
La mayoría de los requeridos, cumplen actualmente penas de prisión en Chile por otros casos de violaciones a los derechos humanos.
Bonneau y Sarfati, junto a la responsable de Comunicación de la FIDH, Karine Appy y el cineasta Nicolás Joxe, se encuentran en Santiago para activar la información en Chile sobre el proceso en Francia, según indicaron.
Para ello se reunirán con jueces chilenos, con familiares de detenidos desaparecidos y abogados de derechos humanos y pedirán entrevistas a la presidenta Michelle Bachelet y al ministro de Justicia, Carlos Maldonado.
En Chile el proceso por este caso, en el que estaban imputados Augusto Pinochet y la cúpula de la DINA fue cerrado por prescripción en 2002.
«Llegó la hora del juicio, después de nueve años de investigación, el procesamiento es muy riguroso y completo y fue enriquecido por otras investigaciones en Chile y otros países», puntualizó Sarfati.
Explicó que el derecho francés permite realizar juicios en ausencia cuando no se presentan los inculpados, a los que se declara en rebeldía y que la prescripción del caso en Chile no es un obstáculo para el desarrollo del proceso en Francia.
«En Francia este proceso es muy importante, más allá de las cuatro víctimas, está en juego el procesamiento y la condena de la cadena de mando del régimen de Augusto Pinochet», subrayó.
Señaló que al juicio en París concurrirán, además de los familiares de las víctimas, «grandes testigos», que detallarán el marco en que ocurrieron los hechos.
Entre ellos, el periodista estadounidense, John Dinges, el jurista paraguayo Martín Almada, el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y abogados chilenos de derechos humanos.
Sarfati, dijo que «lamentablemente Pinochet murió antes del juicio, que demoró pues las pruebas se buscaron en varios procesos abiertos a través del mundo» y destacó que «la justicia chilena ayudó bastante a este proceso».
EFE
