La decisión fue adoptada para evitar que el profesional entorpezca la investigación que lleva la fiscal adjunta Centro Norte, Alejandra Godoy. El abogado que lo representa, Manuel Garrido anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para revocar la resolución del juez del Séptimo tribunal de garantía, Guillermo de la Barra.
Andrés Contardo, el ex asesor del renunciado director del Registro Civil, Guillermo Arenas, quedó hoy en prisión preventiva, en la audiencia que se registró en el Séptimo Juzgado de Garantía, relativa al escándalo de la licitación para modificar la plataforma informática del organismo.
Contardo, a quien se descubrió que trabajaba al mismo tiempo para el servicio de identidades y la empresa ganadora -el gigante indio Tata- en circunstancias que le correspondió participar de la evaluación de las propuestas, deberá estar en la cárcel, para evitar que "entorpezca" la investigación que lleva la Fiscalía Centro Norte.
La decisión la adoptó el juez de garantía del mencionado tribunal, Guillermo de la Barra, la que en todo caso será recurrida ante la Corte de Apelaciones de Santiago, por su abogado defensor, Manuel Garrido.
Durante la audiencia, la fiscalía entregó una serie de antecedentes contenidos en varias declaraciones de funcionarios del Registro Civil y la propia empresa Tata, que acreditarían la "influencia" que habría ejecutado sobre la comisión que decidía la licitación.
Contardo fue formalizado este martes por la perseguidora penal Alejandra Godoy, por los delitos de cohecho y revelación de secreto. Por este último ilícito arriesga una pena de 5 años y un día de presidio de comprobarse la tesis de Ministerio Público.
Uno de los antecedentes que usó Godoy en dicha audiencia fueron las versiones entregadas por cinco testigos protegidos y de los gerentes de Tata Consultores, Andrés Tupper y Domingo Frez.
En esta causa, es parte el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que esta misma semana presentó una querella criminal por el delito de negociación incompatible.
El ex asesor, hasta ahora, es el único a quien se le han formulado cargos, desde que en marzo pasado el ministro de Justicia Carlos Maldonado descabezó al registro civil y denunció a la fiscalía posibles delitos.
