Dos profesionales del organismo se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Segegob para acceder a la totalidad de los antecedentes e ingresar un libelo para sumarse a la indagatoria que tramita la Fiscalía Centro Norte. Tres son los posibles delitos a perseguir: malversación de caudales públicos, apropiación indebida y fraude al fisco.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), resolvió ayer presentar una querella criminal por las irregularidades detectadas en el Consejo de las Américas, relativas a los fondos destinados a campañas para evitar la propagación del SIDA.
La decisión adoptada ayer en el Comité Penal del organismo -que se realiza tradicionalmente los jueves- tendrá un primer paso y es que los abogados de la entidad a cargo de la causa, Luppy Aguirre y Marcelo Oyarí§abal, se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) para afinar detalles del libelo y obtener mayores antecedentes.
Básicamente, lo acreditado hasta ahora por una auditoría ordenada precisamente por la secretaría de Estado, es que las cuentas no cuadran entre los libros y los gastos reales.
Los principales sospechosos de las anomalías financieras que tendrían caracteres de delito, son el ex presidente del Consejo, Santiago Araya y el ex secretario ejecutivo Jorge Osorio. Este último, además aparece vinculado a otro caso de irregularidades administrativas y conflicto de intereses, esta vez en la División de Organizaciones Sociales (DOS), donde se adjudicó el mayor fondo de 2006 con su Fundación Ciudadana de las Américas, estando en el jurado que otorgaba los fondos.
La DOS es dirigida actualmente por Francisco Estévez, con quien trabajó en la Fundación Ideas.
Según el Ministerio Público, ambos sujetos habrían usado para fines personales dineros entregados al Concejo por el Fondo Mundial de la Lucha contra el SIDA, entidad de carácter internacional que consigue recursos para este propósito y los otorga a ONGs.
Hasta ahora, ni Araya ni Osorio han contratado abogados para este caso que es llevado por el fiscal económico Felipe Sepúlveda.