En medio de una nueva jornada de preemergencia ambiental, la octava en lo que va del año, un grupo de parlamentarios de todas las bancadas y varios alcaldes interpusieron la acción legal en la Corte de Apelaciones de Santiago, hasta donde acudieron simbólicamente provistos de mascarillas. »El problema es muchísimo más grave que el que la autoridad dice. No se ha sincerado el tema: hay muchos más días de riesgo a la salud y la vida de las personas», advirtió en la oportunidad el senador del PPD
Una docena de parlamentarios terminó respaldando el recurso de protección liderado por el senador Guido Girardi (PPD) en contra del Consejo directivo de la Conama y la Corema Metropolitana, y que fue presentado ante la Corte de Apelaciones durante la mañana de este martes.
La acción legal apunta sus dardos en contra de los ministros del consejo, entre ellos la titular de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, aunque no los menciona explícitamente, por sus responsabilidades en el cumplimiento del plan de descontaminación de la capital.
El polémico recurso ha contado con cuestionamientos dentro de la bancada verde, especialmente del sector socialista que respalda a Uriarte y que considera que la acusación no tiene fuerza ni fundamentos.
A pesar de esto, y de las críticas de otros sectores que cuestionan las motivaciones del parlamentario, Girardi se ha mantenido firme con la iniciativa y asegura que "el problema de Santiago es muchísimo más grave que el que la autoridad dice. No se ha sincerado el tema: hay muchos más días de riesgo a la salud y la vida de las personas".
El legislador, de profesión médico, dio a conocer una propuesta presentada por el Ministerio de Salud al consejo de ministros y que se basa en alternativas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) acerca de bajar la norma que rige actualmente y bajo la cual se miden los parámetros para declarar las preemergencias y emergencias ambientales.
La propuesta, es que se baje la norma de 150 microgramos de PM10 para declarar las preemergencias, a 20 microgramos, lo que significaría que "estaríamos como 340 días al año sobre la norma, mientras que hoy tenemos cinco preemergencias al año".
"De una vez por todas hay que decir la verdad a la gente: que se está muriendo. Para las comunas más pobres como Cerro Navia, Maipú o Pudahuel, que no producen contaminación es absolutamente injusto que paguen los costos y que más encima no existan políticas compensatorias. Ahí hay gente que literalmente se muere", señala el senador.
Junto a Girardi, estuvieron los senadores Alejandro Navarro (PS) y Nelson Ávila (PRSD) además de los diputados Jorge Insunza (PPD),Tucapel Jiménez (IND), Marco Enríquez Ominami (PS),Gabriel Silber (DC), Patricio Hales (PPD), Marco Antonio Núñez (PPD), Ramón Farías (PPD) y Guido Girardi Brieri (PPD).
Además, también se sumaron los alcaldes de las comunas más afectadas: Carmen Romo, de Quilicura, Gonzalo Navarrete, de Lo Prado y Gustavo Hasbún, de Estación Central, así como el director ejecutivo del Consejo Asesor Presidencial, Miguel San Martín y el experto de la Universidad de Chile Andrei Tchernitchin, entre otros.
El recurso
El principal fundamento del recurso, diseñado por un equipo liderado por el abogado Lorenzo Soto, se basa en artículos de la Constitución relacionados con la "omisión permanente de las autoridades ambientales de su deber de garantizar el derecho a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación a causa de la contaminación atmosférica de Santiago".
La acción apunta a que el actual plan de descontaminación ha fracasado, "tanto porque existen normas y medidas que no se están cumpliendo, como porque las que se cumplen no garantizan el resguardo de los derechos constitucionales".
Y asegura que si se aplicaran los criterios de la OMS o de la EPA habría emergencia ambiental permanente, por lo que "las normas chilenas no son idóneas para proteger a la población y ponen en riesgo permanente los derechos de los recurrentes".
El texto también detalla los problemas generados por el PM10, y el elevado porcentaje del fracaso del modelo predictivo utilizado (carcano a 50 por ciento), lo que a la larga no sirve ni da garantías de protección.
También da cuenta del incumplimiento de la autoridad frente a la restricción vehicular de cuatro dígitos para autos catalíticos con sello verde en episodios de preemergencia ambiental establecidos en el plan. Y rechaza la la omisión de la autoridad a la regulación del material particulado fino (PM 2,5), que penetra directamente en los alveolos pulmonares y es mucho más agresivo que el que si se mide, el PM 10.
Además, señala que no se ha cumplido la renovación tecnológica del transporte público ni la prohibición del uso de leña en zonas urbanas.
Finalmente, el recurso pide solicita que se reforme el régimen de control de episodios críticos; declare la inconstitucionalidad e ilegalidad de las medidas aoptadas por el control de episodios críticos de contaminación; se fijen los índices de contaminación en un nivel que permitan sean inocuos para la salud; ordenar a la autoridad recurrida a normar el PM 2,5 y el uso de leña. Así como establecer que la autoridad ha incumplido el plan de descontaminación y que informe y de cuenta pública de los avances y aplicación de las medidas ordenadas y decretadas.
Foto:* Rodrigo Sandoval
