Una presentación hecha por los abogados de la empresa a la fiscal Alejandra Godoy, revela que si parte de la información que contienen diez computadores que fueron incautados a la firma llegan a caer en otras manos, se filtrarían datos bancarios y claves secretas. Sin embargo, la perseguidora rechazó la solicitud que busca defender el patrimonio la propiedad corporativa.
La multinacional Tata está preocupada por la posible filtración de sus secretos industriales, luego que la fiscal Alejandra Godoy incautara los computadores de sus oficinas, en el marco de la investigación que lleva por las anomalías en la millonaria licitación informática del Registro Civil.
A través de una presentación hecha por el abogado Miguel Ángel Chávez, del estudio del penalista Jorge Bofill, la firma le hizo ver a la fiscal los riesgos que corren sus proyectos en curso, como también los problemas para pagar facturas de determinados clientes.
Según consta en la carpeta de investigación que tiene Godoy, los discos duros de los computadores no fueros copiados antes de ser enviados a los peritos, como una forma de que Tata tuviera la información necesaria para seguir operando.
"Entre los computadores hay información que constituye secretos industriales y productos patentados, cuyo conocimiento por parte de terceros puede vulnerar los derechos registrados por la empresa Tata. Ello no es materia investigada por usted", escribió el profesional.
Asimismo, insisten que en los discos duros hay información y claves de los bancos y de clientes de los mismos.
La fiscal ya rechazó la solicitud de Tata sobre estos 10 computadores, aunque el tratamiento que la policía tuvo con la empresa en la segunda incautación fue distinto, ya que antes de llevárselos para que fueran periciados, lograron dejarse una copia íntegra del disco duro.
El abogado Chávez, con un tono que revela la molestia por la demora en su resolución para copiar los discos duros, le recuerda que en una conversación que sostuvieron, le habría señalado que para ello debía consultar a los profesionales del Laboratorio de Criminalística. "Ha pasado más de un mes y supongo que ello ya habrá sido respondido por esas personas", le recordó el profesional.
La investigación que lleva la fiscal Godoy, se inició en marzo pasado cuando el ministro de Justicia Carlos Maldonado, denunció posibles actos de corrupción en la licitación de más de US$ 80 millones para modificar la plataforma informática del servicio de identidades.
A partir de ahí, la perseguidora descubrió que Andrés Contardo, contratado por el servicio prestaba al mismo tiempo labores para Tata. Es por ello que lo formalizó por revelación de secreto y permanece actualmente en prisión preventiva.
