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Fasic y Codepu llaman aprobar proyecto de Ley que crea Instituto de DD.HH.

"Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país", sostuvieron.



La Fundación de Ayuda Social de la Iglesias Cristianas – FASIC – y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo -CODEPU- hicieron un llamado a los parlamentarios a aprobar el proyecto de Ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por cuanto constituirá un valioso avance de la materia en "el camino hacia la justicia que tendrá como fruto la reconciliación y una patria unida".



"Valoramos la creación de una instancia que institucionaliza desde el Estado la promoción y protección de los Derechos Humanos en el país", sostuvieron.



Al tiempo que señalaron que "una institución como la planteada, coadyuvará a suplir falencias institucionales en materia de educación, prevención, promoción y protección de los Derechos Humanos de la sociedad".



En esa línea, invitaron a los legisladores a poner interés en aquellos puntos aprobados por la Comisión Mixta.



En primer lugar, en la facultad que tendrán los querellantes. Se amplía la competencia del Programa del Ministerio del Interior facultándolo para deducir querellas no sólo respecto de la desaparición forzada de personas sino además para ejercer acción penal en relación a casos de ejecución sumaria o extrajudicial.



Como asimismo, la reapertura de las comisiones Rettig y Valech. Se crea por Ley, una Comisión de Calificación de casos de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados y Sobrevivientes de Tortura y Prisión Política.



Y la creación de un mecanismo nacional del protocolo facultativo al Convenio contra la Tortura. Se confiere la capacidad de comisionar a uno o más consejeros, al director o a su personal, para ingresar a recintos públicos donde una persona esté o pueda estar privada de libertad.



"A ella se deben agregar la ampliación de beneficios reparatorios para víctimas sobrevivientes de tortura y/o prisión política, la institucionalización de medidas de reparación simbólica y acciones positivas de rescate de la memoria histórica; todo lo cual corresponde a las exigencias que, desde la sociedad civil, históricamente hemos venido planteando", precisaron.

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