Óscar Aitken no ha cobrado el dinero debido al embargo dictado por la Justicia sobre los bienes del dictador en 2005 para determinar el origen de más de 26 millones de dólares, que Pinochet mantenía en cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
El ex albacea de Augusto Pinochet, Óscar Aitken, recurrió por segunda vez a la justicia para cobrar una deuda de 1.092.000 dólares como pago a los servicios que le prestó en la administración de un fondo fiduciario que el ex dictador mantenía en el extranjero.
Aitken asegura que el dinero le corresponde por concepto de honorarios, informaron este miércoles fuentes judiciales.
Aitken no ha cobrado el dinero debido al embargo dictado por la Justicia sobre los bienes del dictador en 2005 para determinar el origen de más de 26 millones de dólares, que Pinochet mantenía en cuentas secretas en el Riggs Bank de Estados Unidos y otras entidades financieras del exterior.
Según la investigación judicial, 20 de los 26 millones de dólares que mantenía Pinochet en ésas cuentas aparecen sin justificación legal por lo que el juez ordenó el embargo como medida de precaución.
A mediados de 2006, Aitken, que también fue procesado en la causa, demandó a Pinochet, fallecido en diciembre de ese mismo año, por el impago de remuneraciones, pero su requerimiento fue desechado por los tribunales de justicia.
En ésa ocasión, la defensa de Aitken presentó un escrito ante la actual jueza del caso, Helga Marchant, en el que solicitaba que se remitiera a un juzgado de Santiago el dinero, los documentos incautados y las fianzas embargadas en la causa que tengan relación con delitos tributarios.
Eso permitiría a la jueza pedir el levantamiento del embargo para cobrar la cantidad que, según el ex albacea, le corresponde como pago a los servicios que prestó al ex dictador.
Pero Marchant rechazó la solicitud de la defensa el lunes pasado bajo la presunción de que el dinero embargado pertenecía al fallecido Augusto Pinochet, quien era investigado por malversación de fondos públicos hasta el día de su deceso, el 10 de diciembre de 2006.
También estaba siendo procesado por fraude tributario y uso de pasaportes falsos.
Tras la muerte del ex dictador la causa sigue abierta, y se centra en su viuda y sus hijos, quienes podrían haberse beneficiado de la fortuna.
La jueza estableció en su resolución que las obligaciones, como el pago a Aitken, corresponden a los herederos, quienes tienen «el deber de prestación de pagar las deudas hereditarias, entre las que se encuentra precisamente el crédito del peticionario», señala el texto.
Advirtió, además, a Aitken que no tiene ningún privilegio o preferencia para el cobro de la cantidad que reclama, ya que, si llegara a acreditarse el origen ilícito de los fondos embargados a la familia Pinochet, las primeras obligaciones que tendrían que pagar son las pendientes con el fisco.
Por ahora, los herederos no tienen ninguna obligación porque el testamento del ex dictador sigue cerrado, pese a que la viuda de Pinochet, Lucía Hiriart anunció pero no cumplió con su apertura en marzo de este año.
EFE
