El Ejecutivo reaccionó frente a los nuevos incidentes convocando a una »cumbre de seguridad», que culminó con los jefes de la policía uniformada y civil minimizando los hechos. Pero casi al mismo tiempo, el gobernador de Malleco, a nombre del Gobierno, interponía una querella contra los responsables del ataque el sábado a un bus que llevaba trabajadores de la forestal Arauco y que pertenece a un ex activista por las reivindicaciones territoriales indígenas.
El Ejecutivo, a través del gobernador de la provincia de Malleco, Rubén Quilapi, presentó este lunes una querella contra quienes resulten responsables del ataque que sufrió el sábado un bus particular que trasladaba trabajadores de la empresa forestal Arauco.
El jefe provincial -informó radio Bío Bío- presentó la acción legal en la Corte de Apelaciones de Temuco, oportunidad en la que manifestó que "hemos presentado una querella contra todos los que resulten responsables, ya sean autores, cómplices o encubridores por lo que aconteció el fin de semana, específicamente el día sábado en el sector de Temucuicui".
"Esperamos prontamente poner a disposición de los tribunales a quienes han materializado esa acción en ese sector", dijo la autoridad al momento de interponer la querella, cuya presentación se esperaba durante toda la jornada.
El hecho que motivó la presentación se registró la madrugada del sábado cuando la máquina de pasajeros fue interceptada por dos copuchados, quienes, aprovechando la densa niebla, la hicieron parar para luego encañonar al chofer y a los siete pasajeros.
Luego de obligarlos a bajar, los desconocidos efectuaron algunos disparos de escopeta contra la máquina y posteriormente se dieron a la fuga.
El bus es de propiedad del ex activista mapuche Mario Naín, quien presta servicios a la Forestal Arauco. Naín aseguró que no es primera vez que sufre amenazas por la actividad que desarrolla.
En tanto, la violencia siguió el día siguiente, cuando dos piquetes de carabineros concurrieron a despejar los caminos que habían sido bloqueados por encapuchados.
Mesa de seguridad
La acción legal se produjo luego que, en horas de la tarde se llevara a cabo en Santiago una "cumbre de seguridad" donde analizaron el tema el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma con el general director de Carabineros, Eduardo Gordon, y el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera.
Este último dijo a la salida del encuentro que su institución mantiene un catastro de 1.500 comunidades mapuches de las cuales los integrantes de alrededor de 40, en las zonas de Vilcún y Ercilla, estarían participando en este tipo de acciones, por lo que instó a no "sobredimensionar" el problema.
Por su parte, el general Gordon restó dramatismo a la situación, pese a que el domingo último dos efectivos de la policía uniformada resultaron heridos durante un operativo en Temucuicui -uno de ellos tras recibir perdigones en el cuello-, indicando que se trataba de una situación focalizada.
Estos hechos se suman al nuevo atentado incendiario que sufrió hace algunos días un predio del empresario Jorge Luchsinger, el cual rebrotó el debate respecto de la aplicación de la legislación antiterrorista a los responsables de estos hechos, la cual, en casos anteriores, le han significado al Estado duras condenas de organismos internacionales de derechos humanos.
