El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento presentado por la Alianza por Chile y que impugnó la obtención de recursos para el sistema de transporte público capitalino sin un proyecto de ley que permitiera el pronunciamiento del Legislativo. La resolución se refiere al préstamo de US$ 400 millones del BID al Administrador Financiero del Transantiago (AFT) y también a los US$ 10 millones que se obtuvieron a través del Banco Estado. [En desarrollo]
El Tribunal Constitucional (TC) confirmó en la tarde de este martes el fallo que acogió el requerimiento presentado por 16 legisladores de la Alianza por Chile en contra del préstamo de 400 millones de dólares que otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo para el financiamiento del Transantiago.
La información la dio a conocer el presidente del TC, Juan Colombo Campbell, al término de una sesión de la entidad, oportunidad en la que dio lectura a una declaración.
Colombo dijo que los abogados tanto de la Presidenta Michelle Bachelet como de las partes ya fueron notificados de la decisión y que sólo falta la redacción del fallo y su posterior publicación en el Diario Oficial.
El documento sostiene que el organismo resolvió declarar inconstitucional «el decreto 45 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 16 de mayo de 2008 (…) mediante el cual se otorgan las autorizaciones previas (…)para que se contrate con cargo a la cuenta especial de reembolso una línea de crédito de hasta 400 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en los plazos y condiciones que indica».
Asimismo, sostuvo que fue acogido el requerimiento «declarándose inconstitucional el decreto supermo 46 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones del 20 demayo de 2006 publicado en el Diario Oficial el 28 de mayo del mismo año, mediante el cual se autoriza previamente cambios en las condiciones en las líneas de crédito otorgadas por el Banco del Estado con cargo a la cuenta especial de reembolso».
Triunfo de Novoa
En la UDI el fallo del TC es visto como una victoria en el círculo de de Jovino Novoa, ya que fue él quien impulsó la llamada judicialización del Transantiago, que va mucho más allá de la vía judicial y "busca establecer las responsabilidades penales, civiles y administrativas de quienes diseñaron e implementaron el sistema de transporte, pero también de quienes actualmente están permitiendo las pérdidas millonarias en el Transantiago. Para ello el senador ha acudido a la Contraloría, Consejo de Defensa del Estado, Tribunal Constitucional, Fiscalía Nacional Económica, etc…"
Para la investigación el senador creó un equipo jurídico cuya labor estaba ordenada en tres líneas: la primera era investigar aquellos delitos que generan un perjuicio al patrimonio fiscal, la segunda sobre el incumplimiento de normas y la tercera sobre los excesos cometidos en el ejercicio de potestades. El requerimiento al TC versa sobre esta última, ya que el Ejecutivo pidió un préstamo vía decreto, cuando debió tener aprobación del Congreso.
Asimismo en el gremialismo sostienen que "fue a fines del año pasado que Novoa conformó el equipo jurídico, liderado por Giovanni Calderón, el cual al principio fue mirado con un poco de reticencia, ya que en ese entonces la Cámara estaba viendo el tema de la responsabilidad política por el fracaso del plan. Pero hoy día, de oficializarse el fallo del TC, quedaría corroborada la tesis de Novoa de que no es suficiente con establecer las responsabilidades políticas por el fracaso del plan, sino que es necesario impulsar todas las acciones pertinentes para frenar las ilegalidades que se siguen cometiendo tras la implementación del Transantiago".
