«Casi no quedaría otra opción» admitió el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.
El ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, aseguró que ante un eventual rechazo en el Senado al proyecto de ley que subsidia al Transantiago, el Gobierno se verá forzado a recurrir al 2% constitucional para conseguir el financiamiento del sistema.
«Yo creo que casi no queda otra opción. La norma constitucional es muy clara: dice que se puede utilizar cuando falten recursos para el normal funcionamiento de necesidad pública y todas las veces que en la historia de Chile se ha usado este mecanismo ha habido algunas de las causales que establece la Constitución y, en general, se ha usado para financiar el sistema público de transporte de la capital», explicó el secretario de Estado en conversación con ADN Radio Chile.
En esa línea, Viera-Gallo afirmó que parte de los dineros correspondientes a un préstamo de US$ 400 millones otorgado por el BID para financiar el Transantiago «ya se han gastado», por lo que se genera un problema para la devolución de los recursos agravado por el hecho de que el contrato establece un período de moratoria para el pago del empréstito.
«Una parte del crédito ya fue gastado. Habrá que ver cómo se hace ya que el propio contrato establecía una moratoria en la devolución de las platas, entonces ya es un problema de interpretación y que se pongan de acuerdo los abogados de ambas partes para ver cómo se soluciona, pero es obvio de que si Chile ha pedido un préstamo y el Tribunal Constitucional declara que no tiene fundamento jurídico nosotros tenemos que honrar nuestra palabra y devolver ese dinero», puntualizó.
El ministro agregó que hace algunas semanas atrás se estuvo «al borde» de llegar a un acuerdo con la oposición para aprobar los recursos para el Transantiago, pero quedó en nada debido a que intervino «el factor electoral».
«Faltó voluntad política de parte de algunos senadores de la derecha que intervinieron abiertamente para impedir que se firmara el acuerdo que estaba hecho y que tenía como fundamento la asesoría técnica de personas de distintas tendencias que le habían hecho al ministro Cortázar», aseguró agregando que «el problema es que aquí intervino el factor electoral».
