En escuchas telefónicas de distintas investigaciones contra narcotraficantes, estos aluden a «lo fácil que es saltarse al organismo». Por ello el plan piloto se inició en la Fiscalía Sur. El Ministerio Público ya había apuntado a la lentitud y carencia de datos importantes en los informes de la Unidad de Análisis Financiero que llegan a manos de los perseguidores de este tipo de delitos.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) entró de lleno a la lucha contra el crimen organizado. Y es que el nuevo director jurídico, Patricio Silva Riesco, inició un plan piloto en el Ministerio Público de la zona sur, para colaborar en las investigaciones a los narcotraficantes que blanquean sus capitales ilícitos.
Fuentes del SII confidenciaron a El Mostrador.cl que Silva ha mantenido reuniones con algunos fiscales dedicados al combate contra la delincuencia organizada, debido a que muchos de los movimientos financieros, compras de propiedades o automóviles habían pasado desapercibidos para el organismo tributario, según revelan las últimas indagatorias contra los clanes de la zona sur como los "Care’Jarro" y "Los Gaete".
A esta nueva política del SII se suma un importante funcionario. Se trata de Enrique Espinoza, quien asumió recientemente la titularidad del Departamento de Investigación de Delitos Tributarios (Didet), reemplazando al "histórico" Claudio Benavides, quien ahora está a cargo de la Unidad de Narcotráfico y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Entre las indagatorias importantes que tiene en su poder Espinoza está la detección del fraude cometido por la corredora Alfa, la que también es llevada por el Ministerio Público Centro Norte.
La entrada del SII en indagatorias contra la mafia, va más allá de los fraudes a las arcas del Fisco en materia impositiva, ya que la base de datos con la que cuentan permite detectar con mayor facilidad las operaciones sospechosas de compra y venta de propiedades, autos, terrenos, inversiones y creación de sociedades destinadas al lavado de dinero de capitales ilícitos.
La importancia de la nueva fase del SII tiene un elemento adicional que obligó a su ejecución, debido a que en escuchas telefónicas de distintas indagatorias contra narcotraficantes, quedan plasmadas frases que aluden a que resulta fácil saltarse al SII. Las fórmulas para ello son variadas: desde evitar inscribir un bien afectado a la tributación, hasta el uso de empresas de pantalla.
La fama
De esta forma, el SII le quitará protagonismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que ha sido duramente criticada por el Ministerio Público, debido a la lentitud de sus procedimientos, como a la falta de capacidad técnica.
La UAF es la encargada de investigar las operaciones sospechosas que hacen los "sujetos obligados a informar", entre los que se cuentan los bancos, las aduanas, notarías, las zonas francas, los casinos, las corredores de propiedades, las casas de cambio y las AFP’s, entre muchos otros.
En su oportunidad el jefe de la Unidad de Lavado de Activos y Delitos Económicos (Uldeco) del Ministerio Público, Mauricio Fernández, apuntó a la lentitud y carencia de datos importantes en los informes de la UAF que apuntalen la acción de la justicia. "El flujo de información que recibimos por parte de ellos es limitada", declaró en marzo de este año a El Mercurio, lo que provocó la reacción del jefe de la UAF, Víctor Ossa, quien defendió su gestión.
El "toco mocho"
Uno de los elementos que preocupa a los perseguidores de este tipo de delitos es la compra de vehículos de una conocida automotora -este diario se reserva el nombre, porque no está siendo investigada- donde los vendedores han confidenciado a los policías que les llaman la atención algunos sujetos que llegan con bolsas negras de basura llenas de billetes de mil y dos mil, poniendo a nombre de un tercero la propiedad e inscripción.
El caso emblemático más reciente lo constituye el abogado de los "Care’Jarro", Ariel Marín, que mantenía a su nombre bienes por más de $ 30 millones, sin que pudiera justificar sus ingresos ante los bancos o el SII.
Sin ir más lejos, la preocupación llegó hasta la Corte de Apelaciones de San Miguel, debido a que la empresa Laguna Autos presentó un recurso de protección ya que asumían que estaban siendo vigilados e investigados por la PDI y la Fiscalía, señaló una fuente judicial.
Detergente bancario
Y es que el nuevo rostro del traficante 2.0 difiere de aquel de los años 80 o 90. El antiguo era un sujeto que prefería el anonimato y permanecía en la población donde operaba.
Sin embargo, el actual tiene características que revelan su modernización, como la compra de autos de elevado precio, el uso de armas para evitar las quitadas de droga o "mexicanas", y los secuestros extorsivos, así como también la creación de sociedades fantasmas para darle una aparente cara de legalidad a sus capitales. Es decir, un perfil "aspiracional".
Si bien es cierto la mafia organizada no alcanza los niveles de penetración del narcotráfico en las instituciones como los de México -donde anualmente se lavan en promedio US$ 25 mil millones, según cifras oficiales de la Procuraduría de de ese país-, bandas como los "Care’Jarro", "Los Guatones" o el "Clan de los Gaete" demuestran que existe una intención de hacerlo.
Y para muestra los botones no faltan, porque en las indagatorias recientes a estos mismos narcotraficantes se detectaron funcionarios del Ministerio Público, carabineros que de una u otra forma colaboraban con esas bandas, mientras que la Policía de Investigaciones (PDI) mantiene un sumario abierto contra detectives de la Fuerza de Tareas de la Zona Sur, por cobros ilegales a comercializadores de droga a cambio de protección por varios millones de pesos.
Para el caso de los bancos la cosa tampoco mejora. Algunas fiscalías de Santiago y regiones han descubierto que no han informado de la operación sospechosa a la UAF, prefiriendo cerrar las cuentas corrientes y tarjetas de crédito discrecionalmente.
Por eso es que actualmente, algunas fiscalías evalúan iniciar acciones legales contra estas instituciones financieras. El tema es que el informe que entrega el oficial de cumplimiento -punto focal con la UAF- ya no cuenta sólo con su firma, sino con la del directorio, de acuerdo a la última modificación legal.
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