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Abogados de DD.HH piden procesamiento de funcionario activo del Ejército



Abogados de derechos humanos pidieron este miércoles al juez Víctor Montiglio que interrogue al general de División del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba por su presunta vinculación con la «Caravana de la Muerte».



Los letrados Hugo Gutiérrez e Hiram Villagra presentaron un escrito ante el juez en el que sostienen que «hay antecedentes» de que este general, cuarto en el actual escalafón castrense, habría participado en el episodio de la norteña ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973, cuando fueron ejecutados sin juicio 26 presos políticos.



La «Caravana de la Muerte» fue una comitiva militar, dirigida por el general Sergio Arellano Stark, que entre octubre y noviembre de 1973 recorrió Chile y asesinó a 75 opositores.



En el proceso se estableció que las 26 víctimas fueron sacadas de la cárcel y ejecutadas en Topáter, en las afueras de Calama, a 1.564 kilómetros al norte de Santiago, y posteriormente fueron enterradas de forma clandestina.



Según testimonios que constan en el sumario, a fines de 1975 o comienzos de 1976 los cuerpos fueron exhumados por orden de la jefatura del Ejército y cargados en un avión desde el que fueron lanzados al mar, envueltos en sacos y amarrados a rieles.



Los abogados señalaron que el general Fuente-Alba, comandante de Institutos y Doctrina de la institución, habría participado al menos en la custodia del lugar donde se realizaron las ejecuciones y afirmaron que hay testimonios que lo prueban.



La investigación de los crímenes de la «Caravana de la Muerte» estuvo inicialmente a cargo del Juan Guzmán, el primer magistrado que procesó en Chile a Augusto Pinochet y que hoy está retirado de la judicatura.



Fuente-Alba, que en 1973 tenía el grado de subteniente y que ya declaró ante el juez Guzmán en su momento, asegura que no estuvo en el Regimiento Calama el día en que el general Arellano Stark llegó con la comitiva de la «Caravana de la Muerte».



El general ha reiterado que el 19 de octubre de 1973 estaba en Chuquicamata, a 18 kilómetros al norte de Calama, resguardando un yacimiento de cobre.



Sin embargo, los abogados de derechos humanos sostienen que hay tres testigos militares que afirman que Fuente-Alba estuvo en Calama el día de las ejecuciones.



Por este motivo, hoy pidieron al juez Montiglio una nueva ronda de interrogatorios a los testigos y un careo de éstos con el general, para posteriormente solicitar que sea procesado.



Esta acción se desarrolla pocas semanas antes de que la junta de generales del Ejército elija, el próximo 15 de octubre, al nuevo alto mando de la institución.

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