De esta manera, quien dé muerte, cace o capture un ejemplar de cualquier especie de cetáceos, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años) y comiso, sin perjuicio de las sanciones administrativas.
La Cámara de Diputados aprobó por 53 votos las modificaciones del Senado al proyecto que protege a los cetáceos y modifica la ley General de Pesca y Acuicultura, quedando la la iniciativa lista para ser promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet.
Según el diputado PPD, Enrique Accorsi, este proyecto declara los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional, como zona libre de caza de cetáceos, y tiene por objetivo la protección y conservación de las poblaciones de cetáceos, la biodiversidad relacionada y los ecosistemas de los que dependen.
En esta zona también se deberá asegurar que las actividades en torno a la observación de cetáceos se realicen de manera responsable, regulada y sostenible, y la protección efectiva de las diversas especies de cetáceos que habitan y circulan en los espacios marítimos de soberanía y jurisdicción nacional. Para ello se fomentará la creación de áreas marinas costeras protegidas, parques o reservas.
De esta manera, quien dé muerte, cace o capture un ejemplar de cualquier especie de cetáceos, será sancionado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y 1 día a 10 años) y comiso, sin perjuicio de las sanciones administrativas.
"Estamos muy contentos de que finalmente esta iniciativa saliera adelante, ya que Chile podrá participar de la reunión intersesional de la Comisión Ballenera Internacional que se realizará el 15 de septiembre en Londres, con este proyecto aprobado. Esto nos dignifica como país, y marca un hito en el tema valórico y cuidado medioambiental. Además, de convertirnos en un ejemplo para los demás países en la defensa de estos hermosos animales", explicó Accorsi.
Participarán de esta reunión 24 los países, representando Chile el bloque de países conservacionistas latinoamericanos conocido como Grupo de Buenos Aires (GBA), junto a Argentina, Brasil, México y Costa Rica, quienes defienden el uso no letal de los cetáceos y la importancia para las economías regionales del turismo regulado de avistaje de base comunitaria.
