El diputado Carlos Olivares señaló que se trata de un »millonario error» del Mineduc por lo que instó a la ministra Mónica Jiménez a dar una explicación satisfactoria respecto del accionar de los funcionarios de su cartera, quienes habrían efectuado descuentos anómalos de los fondos que debían otorgarse.
El diputado Carlos Olivares (PRI) y la Unión Nacional de Educadores de Escuelas Especiales (Unees) denunciaron este viernes "un millonario error" en la entrega de subvenciones escolares por parte del Ministerio de Educación.
Explicaron que a partir den enero del 2008 la Coordinadora Nacional de Subvenciones de dicha cartera aplicó un 15 por ciento de reajuste para este subsidio a todas las escuelas que atienden niños con trastornos específicos en lenguajes.
Para las 862 escuelas que atienden a estos alumnos se había considerado un monto de alrededor de 12.000 millones de pesos para enfrentar esta situación. Posteriormente, el Mineduc aplicó la ley 20.247 que excluye a estos establecimientos del reajuste del 15 por ciento, aún cuando dicho beneficio estaba considerado dentro de la ley que aprobó el Presupuesto de Educación para el 2008.
Pese a ello, detalló Olivares, el Ministerio de Educación comenzó a pagar estos recursos a contar de enero del presente año en forma constante hasta mayo de 2008, mes en que se iniciaron una serie de descuentos de manera irregular en todo el país, utilizando para esto mecanismos que a su juicio son absolutamente inapropiados, como llevar a cero la asistencia promedio de estudiantes cuando los sostenedores habían entregado una cartilla con la asistencia real, la que incluso había sido cancelada con anterioridad por el Ministerio.
"Dejamos constancia que frente a esta situación abusiva tres colegios recurrieron de protección a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que acogió el recurso y decreto la orden de no innovar el jueves 11 de septiembre", dijo el parlamentario ex DC y la presidenta de Unees, Francia Lagos.
Frente a esta situación solicitaron a la ministra de Educación, Mónica Jiménez, una investigación exhaustiva de los hechos denunciados para que «dé una explicación satisfactoria respecto del accionar de los funcionarios de dicha cartera».
«Hemos solicitado además un pronunciamiento a la Contraloría General de la República, la que en uso de sus facultades determinará si estos hechos merecen ser puestos en conocimiento del Ministerio Público", expresó Olivares.
Finalmente anunció que también se pedirá que la Cámara de Diputados inicie una investigación a través de una comisión que desde el punto de vista legislativo apunte a aclarar estos hechos y a crear una legislación que salvaguarde el legítimo uso de los recursos públicos.
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