La actual ley obliga a la minera estatal a entregar el equivalente al 10% de sus ventas brutas para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que el año pasado llegó a US$ 1.390 millones. En tanto, entre 1990 y 2007, la cuprera traspasó a estas instituciones 7.419 millones de dólares, lo que representa el 21% del total de los aportes al fisco -que alcanzaron a 34.981 millones de dólares- en ese período.
La Bancada de diputados de la Democracia Cristiana se reunió este lunes con el ministro de Defensa, José Goñi, para pedir que el Gobierno cumpla con el compromiso adquirido el año pasado y envíe cuanto antes el proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre.
"Sabemos que en Defensa está todo listo, que se ha conversado con las Fuerzas Armadas y que están de acuerdo; todo indica que nuevamente tropezamos con el mismo obstáculo, Hacienda, pues sería en este ministerio donde se estaría dilatando el envío del proyecto. El Gobierno debe cumplir con el protocolo; este es el momento para avanzar en este tema y, por fin, terminar con esta ley. La bancada de diputados DC lo ha solicitado en reiteradas oportunidades y esperamos que, en lo que queda de septiembre, se cumpla y se ingrese el proyecto", sostuvo diputado Pablo Lorenzini.
Por su parte el diputado Renán Fuentealba, integrante de la comisión de Defensa, agregó que "si bien el país requiere de un sistema estable y permanente de financiamiento para las compras militares, es necesario modificar el actual sistema; existe pleno consenso al respecto", manifestándose a favor de "un sistema de planificación que considere, por ejemplo, el establecimiento de presupuestos plurianuales a través de una ley de planificación de cuatro o cinco años".
En tanto los diputados Gonzalo Duarte como Gabriel Silber reiteraron que " esta ha sido una antigua aspiración planteada por nuestra bancada", refiriéndose, entre otros, al proyecto aprobado en el año 2004, presentado por los diputados Gabriel Ascencio, Jorge Burgos y Patricio Walker, que exige la publicación de leyes secretas, iniciativa que incluía la ley reservada del Cobre.
La actual ley obliga a la minera estatal a entregar el equivalente al 10% de sus ventas brutas para el financiamiento de las Fuerzas Armadas, que el año pasado llegó a US$ 1.390 millones. En tanto, entre 1990 y 2007, la cuprera traspasó a estas instituciones 7.419 millones de dólares, lo que representa el 21% del total de los aportes al fisco -que alcanzaron a 34.981 millones de dólares- en ese período.
EFE
