La segunda indagatoria, en tanto, debe ser hecha por no cumplir con la normativa de exigir una boleta de garantía para los contratos de equipos informáticos. Asimismo el organismo cuestionó las renovaciones de servicios sin haber llamado a licitación pública.
La Contraloría ordenó realizar dos investigaciones sumarias en la Superintendencia de Pensiones (ex de AFP), debido al aumento desmedido de más de 600% en el gasto de radio taxis para el personal de informática.
La decisión del organismo fiscalizador consta en el informe revelado hoy -y que publica íntegramente El Mostrador.cl, N° 8308- respecto a la variación en el pago a la empresa Andes Pacífico que varió desde poco más de $ 196 mil en marzo de 2006 a caso $ 1.200.000 en diciembre del mismo año.
También la Contraloría objetó que la entidad mantuviera desde 2001, el contrato con la empresa Xerox para el servicio de fotocopias, no llamando a licitación, aunque finalmente anuló esta observación, luego de la respuesta de la Súper.
Asimismo cuestionó los contratos informáticos con la firma Cientec, desde el 21 de agosto de 2004 al 21 de agosto de 2006, ambos por más de 6 millones a esa fecha, ya que se realizaron mediante licitación privada, en circunstancias en que la ley ordena que, debido al monto, debe hacerse llamando a concurso para que se presenten otros oferentes.
La entidad respondió que la norma invocada por la Contraloría no era válida, debido a que había entrado en vigencia de forma posterior. Sin embargo, el organismo, al hacer un análisis les recordó que había sido publicada en el diario oficial en 2003, manteniendo la observación.
Al analizar los contratos de los servicios antes mencionados, la Contraloría ordenó un segundo sumario, debido a que no se exigieron las boletas de garantía para el "fiel cumplimiento", sino para "garantizar la seriedad de la oferta", lo que implica que la entidad no tenía formas de hacer efectivo un pago si es que no se cumplía lo ofertado por parte de la empresa.
En torno al pago de arriendo y mantención de los computadores, el organismo revisor detectó anomalías administrativas y además que entre el 4% y el 7,6% de los ordenadores están acumulados en la bodega y se sigue pagando por su uso. No obstante, la respuesta de la Súper fue que estos correspondían a profesionales que habían cesado en sus servicios y que luego fueron reinstalados. La Contraloría, entonces levantó la observación.
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