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Contraloría descubre fraude por más de US$ 3 millones en Capredena

El organismo de control ordenó una »auditoría exhaustiva» para sincerar las altísimas deudas que mantienen ex usuarios del sistema de la Defensa Nacional, incluso algunas que datan de la década 70′. La entidad respondió que en algunos casos no puedo ubicar a los infractores, pero mágicamente los fiscalizadores los encontraron. Uno de ellos, que debe más de $ 17 millones, es un abogado de la Universidad de Valparaíso.


La Contraloría descubrió un fraude de más de US$ 3 millones en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena), según da cuenta su último informe de revisión a la entidad.



Rut ficticios, personas fallecidas que cobraron pensiones al igual que otras que, estando casadas en segundas nupcias o solteras hicieron lo propio: traspasos de millonarios recursos a doctores y centros de atención psiquiátricos y geriátricos sin saber a quiénes se derivaban los dineros; deudas que obran desde la década del 70′, entre otras graves irregularidades y un desorden generalizado, son sólo algunas de las conclusiones del documento dado a conocer por el organismo fiscalizador y que publica íntegramente El Mostrador.cl.



Del contenido se coligen situaciones incluso irónicas como el caso de un beneficiario del sistema de pensiones que nació en 1927 y su padre en 1924, u otro sujeto de sexo masculino cuyo beneficiario era del mismo género. Otra mujer que figura soltera y fallecida al mismo tiempo, siendo su carga -es decir alguno de sus hijos- la que figura como su cónyuge.



También se otorgaron préstamos habitacionales sin la debida hipoteca, pagando a personas que estaban muertas los seguros de desgravamen e incendio. Y hay casos de deuda donde Capredena informó que nunca habían sido hallados los deudores -previa presentación de demandas a la justicia civil- y la Contraloría los corrigió, buscándolos en la base de datos a funcionarios públicos que aparecieron mágicamente.



Tal es la situación que, por ejemplo, afecta a Juan Galdámez Naranjo que adeuda más de $ 17 millones, pero que funge como abogado de la Universidad de Valparaíso, entre muchos otros casos similares para los que Capredena tampoco siguió la vía de la cobranza judicial, señala la Contraloría.



Por esta razón, el organismo sostiene que hay más de $302 millones de deudas impagas por personas que se cambiaron de sistema de salud, abusando de los beneficios de Capredena.



Otro hecho que llama la atención es la derivación de fondos por varios millones al doctor Eduardo Gallegos, y a centros de atención psiquiátrica y geriátrica. Este último profesional actuaba como curador de los recursos, pero se los enviaba a personas que no guardan relación familiar con los enfermos.



Después de vivir un siglo



Capredena también presentó en 2006 una querella al Octavo Juzgado del Crimen de Santiago por los delito de estafa y cobro ilegal de beneficios por más de $ 519 millones (cifra actualizada a 2008).



Lo insólito de este hecho es que el ilícito se cometió durante 25 años, no siendo nunca detectado por los controles internos de la institución.



El hecho tiene ribetes irónicos, ya que la beneficiaria había fallecido en abril de 1981 y la estafa la realizó Iván Gómez Jara que logró acreditar a través de un poder, constituido en una notaría con carnet falso de la occisa y dos testigos, que efectivamente se encontraba con vida.



Y aunque la entidad sostuvo que no se habían constituido nuevos poderes para seguir cobrando, la Contraloría detectó que el último que presentó fue en 2004, tomando en consideración que la beneficiaria tendría hasta 2005 110 años de vida.



Y suma y sigue porque el organismo revisor también detectó que a otros cobros de pensiones de montepiadas que mantenían cargas anómalas, donde también se detectó el uso irregular de los beneficios por más de $ 280 millones no fue denunciado a los tribunales de justicia, como le ordena la ley a los funcionarios públicos.



El informe de Contraloría, en medio del envío que debe hacer el gobierno de la Ley Reservada del Cobre al parlamento, antes de que se termine el período de discusión legislativa, el cual ha sido criticado por varios sectores.





Lea informe de Contraloría
(En formato PDF)

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