Los bancos involucrados son el Riggs, el Espirito Santo, Citibank, Santander, Banco Chile de Nueva York, Coutts de Miami y Atlantic, aunque esta lista puede variar a raíz de los nuevos datos surgidos al hilo de las investigaciones judiciales de los últimos meses.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) demandará por la vía civil a los bancos estadounidenses que ocultaron la fortuna del fallecido dictador Augusto Pinochet, según fuentes oficiales.
El CDE fue autorizado por el Gobierno para emprender acciones en virtud de la responsabilidad civil que supuestamente le cabe en este asunto a entidades financieras radicadas de EE.UU.
Los bancos involucrados son el Riggs, el Espirito Santo, Citibank, Santander, Banco Chile de Nueva York, Coutts de Miami y Atlantic, aunque esta lista puede variar a raíz de los nuevos datos surgidos al hilo de las investigaciones judiciales de los últimos meses.
Según las investigaciones del juez Carlos Cerda, Pinochet amasó en las cuentas secretas que manejó en el exterior una fortuna calculada en más de 26 millones de dólares, de los cuales unos 20 millones carecen de explicación legal.
Las diligencias que emprenderá el CDE incluirán tanto negociaciones prejudiciales, con el fin de alcanzar un acuerdo, como acciones judiciales, administrativas o de cualquier índole que permita la legislación estadounidense, incluida la posibilidad de alcanzar transacciones con los bancos requeridos.
El Consejo de Defensa del Estado, que aún no ha definido el monto de las indemnizaciones que solicitará, contrató en 2005 al abogado estadounidense Pedro Martínez-Fraga, quién meses atrás aseguró que disponía de «todos los datos necesarios» para demandar a los bancos o bien para llegar a un acuerdo con ellos.
En esa oportunidad Martínez-Fraga apuntó que si bien no era prudente comentar las posibles negociaciones, «estaban prevaleciendo las mentes razonables» y existía la posibilidad de alcanzar un acuerdo.
Según esta versión, los bancos involucrados eran conscientes de los costes de un juicio de esta envergadura, que incluso podría someterles a una investigación para determinar si cumplieron con la normativa legal de la Office of the Controller of the Currency (OCC), la agencia federal de EE.UU. encargada de vigilar el funcionamiento de la banca nacional y extranjera en ese país.
EFE
