El director de la PDI Arturo Herrera, dicen fuentes internas, está “dolido” con el Ministerio Público porque la fiscal González se llevó los créditos de una investigación que el Departamento Quinto inició en 2007 para identificar a los detectives involucrados en la red de corrupción judicial. El caso, además, tiene otras aristas, entre estas que uno de los policías detenidos es hermano de Ruby Morales Calquín, la ayudante del jefe de inteligencia Héctor Puga.
A su frustrada candidatura a la presidencia de la Interpol –donde se gastaron US$ 70 mil- y la tensión institucional por el caso de la red de corrupción judicial en la cual están involucrados diez detectives que fueron dados de baja el lunes pasado, el director de la Policía de Investigaciones Arturo Herrera, según fuentes policiales, suma la molestia por la forma en que el Ministerio Público destapó el caso el 17 de octubre pasado, posicionando a la fiscal Nancy González como la cara pública tras el desbaratamiento de la asociación delictual.
Diversas fuentes consultadas por El Mostrador.cl explican que la molestia de Herrera no pasa tanto porque la fiscal González se haya llevado todo el crédito de la indagatoria, sino porque al “correr con colores propios” dejó instalada comunicacionalmente la idea de que la institución carecía de información sobre los actos de corrupción que cometían estos detectives y actuó tardíamente en la indagatoria que permitió darlos de baja. Cuestión, explican, que no es cierta y que le tiene “dolido”, ya que afectaría uno de los objetivos de su administración: la transparencia y ética policial.
El sumario
A mediados de 2007, Herrera y el alto mando de Investigaciones tomaron conocimiento de los vínculos de algunos detectives con la red de apoyo a delincuentes y encargaron las pesquisas al Departamento Quinto de Asuntos Internos (DV), responsable de asuntos internos. Además, se informó al Ministerio Público, razón por la cual se designó a la fiscal González, aseguran en la PDI.
Según estas versiones, Nancy González trabajó estrechamente con el Departamento Quinto y dio amplias facultades para investigar a los detectives sospechosos. Así fueron individualizando los policías involucrados en la red de corrupción judicial y en abril pasado se determinó el inicio de un sumario administrativo. Este sumario siguió su curso hasta que la fiscal González solicitó concluirlo, para proseguir con la investigación del Ministerio Público y evitar así posibles filtraciones.
Por esta razón, cuando la fiscal González dio a conocer el caso públicamente, en la PDI hubo sorpresa y molestia, sobre todo de parte de Herrera, a quien le queda menos de un año a la cabeza de la PDI y siente el temor que la desbaratada red de corrupción sea lo último que quede de se gestión en la retina de la opinión pública.
Sospechas de inteligencia
Lo anterior no es el único flanco de preocupación de Herrera. El vínculo hasta ahora desconocido de Ricardo Morales Calquín (uno de los detectives dado de baja y detenido) con una funcionaria policial en servicio activo, podría activar un nuevo foco de conflicto para el director de la institución.
Morales es hermano de Ruby Morales Calquín, ayudante privada de Héctor Puga, jefe de la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol), cuestión que ha generado rumores entre los agentes de ese entidad que realiza las labores reservadas de la institución.
Ruby Morales Calquín perteneció a unos de los anillos de seguridad del director Arturo Herrera, pero después de un corto tiempo fue derivada a la Interpol. Allí trabajó como edecán del secretario general de la Interpol, Ronald Noble, cuando estuvo de visita en Chile. Cabe recordar que Noble fue pieza clave en la votación de la presidencia de Interporl en la reciente asamblea general donde el jefe de la policía de Singapur, Boon Hui Khoo, fue electo por mayoría. Posterior a su labor de edecán, Ruby Morales llegó a la Jipol.
Nuestro hombre en París
Hubo otro hecho que también encendió las alarmas internas, como también de la Fiscalía Nacional, principalmente de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (UCIEX). Se trata de la demora en la extradición del empresario chileno Luis Miguel Casado, ex dueño de la tienda Shopping Group acusado por la justicia argentina de participar en estafas por casi US$ 3 millones a un grupo de acaudalados trasandinos.
En la oportunidad se estableció que la hermana del actual agregado de Chile ante la Interpol Internacional, Aldo Villanueva, trabajó por años como la secretaria de Casado, mientras que el policía mantuvo también una relación de amistad con el empresario.
El problema se produjo porque la petición de extradición desde Argentina, donde Casado aparece vinculado a una mafia con agentes de inteligencia vecinos dedicados a robar fondos en cuentas extranjeras, estuvo guardada en un cajón de la Interpol-Chile por más de un mes, mientras Casado paseaba por Santiago, hasta que un funcionario de la Fiscalía Nacional lo encontró en la calle.
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