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La última trinchera contra la megarreforma: oposición abre tres frentes ante Tribunal Constitucional
Tras perder la batalla legislativa, la oposición trasladó su ofensiva al Tribunal Constitucional con tres requerimientos que buscan derribar la invariabilidad tributaria, las indemnizaciones por RCA anuladas y otras normas ambientales del proyecto estrella del Presidente Kast.
La oposición no logró detener la megarreforma del Presidente José Antonio Kast en el Congreso y trasladó la pelea al Tribunal Constitucional. Este martes ingresó tres requerimientos destinados a impugnar algunos de los pilares más controvertidos de la iniciativa: la invariabilidad tributaria para grandes inversiones, las indemnizaciones fiscales por Resoluciones de Calificación Ambiental anuladas y una serie de restricciones vinculadas a la justicia y evaluación ambiental.
La ofensiva se activó después de que la Cámara aprobara 27 de las 28 modificaciones sometidas a votación durante el tercer trámite. Solo la fórmula para compensar a los municipios por la exención de contribuciones a mayores de 65 años pasó a comisión mixta, tras quedar dos votos por debajo del quórum requerido. El resto del corazón económico de la reforma —incluida la reducción gradual del impuesto corporativo desde el 27% al 23%— logró sobrevivir a la batalla legislativa.
Con esa derrota a cuestas, el bloque opositor desplegó su última barrera antes de la promulgación: dos requerimientos respaldados por 21 senadores y una tercera presentación suscrita por 62 diputados. Aunque los escritos —consignados hoy por La Tercera— se superponen en sus principales objetivos, fueron ingresados por separado, dejando al TC frente a tres impugnaciones para una misma ley.
Acusan intento de amarrar a gobiernos futuros
El primer requerimiento de los senadores apunta a los artículos 29 y 38, que establecen un régimen de invariabilidad tributaria para inversionistas nacionales y extranjeros que ejecuten proyectos superiores a US$50 millones.
El beneficio se extiende por diez años para inversiones entre US$50 millones y US$100 millones; por 15 años para aquellas iguales o superiores a US$100 millones e inferiores a US$350 millones; y durante 20 años para montos desde US$350 millones.
El cuestionamiento no se limita a la conveniencia económica de congelar las reglas tributarias. Los requirentes sostienen que una ley ordinaria no puede inmovilizar durante dos décadas las atribuciones de los congresos y gobiernos que vengan después.
Según el escrito, la norma vulnera el carácter democrático de la República consagrado en el artículo 4° de la Constitución, al limitar el principio mayoritario y la alternancia en el poder. La oposición acusa que no solo quedarían protegidos los contratos celebrados bajo el régimen, sino también la propia legislación que les dio origen.
En palabras del requerimiento, aceptar esa fórmula significaría admitir que cualquier mayoría circunstancial pueda declarar inalterable una ley y bloquear la capacidad de las mayorías futuras para modificarla.
La presentación fue patrocinada por el exministro de Justicia Jaime Gajardo, el exintegrante del TC Jorge Correa Sutil y el abogado Roberto Carrasco. El texto recurre además a jurisprudencia comparada y al informe emitido por la Corte Suprema durante la tramitación del proyecto.
El “seguro a todo evento” para proyectos ambientales
El segundo requerimiento de los senadores se dirige contra los artículos 12 y 13 y, por conexión, pide que se derriben también las disposiciones que completan el nuevo régimen de indemnizaciones.
La norma permite que el Fisco deba restituir gastos directos, efectivos y no recuperables a los titulares de proyectos cuando una sentencia firme anule su Resolución de Calificación Ambiental.
El problema, según los senadores, es que el mecanismo convertiría la ilegalidad de una autorización administrativa en el punto de partida de una compensación para la empresa beneficiada por ese acto.
La presentación acusa que el titular podría recibir una indemnización sin necesidad de demostrar falta de servicio del Estado y mediante un tribunal arbitral cuya competencia quedaría reducida, en la práctica, a fijar el monto. También cuestiona que se excluya expresamente la posibilidad de que el Estado repita contra el funcionario responsable del error.
Para la oposición, el resultado es un estatuto privilegiado: mientras cualquier ciudadano debe acreditar los requisitos generales para exigir responsabilidad estatal, las empresas con una RCA anulada accederían a una vía especial de reparación, incluso cuando la invalidación pudiera originarse en errores atribuibles al propio proyecto.
Los senadores alegan vulneraciones a la igualdad ante la ley, el debido proceso, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y el régimen constitucional de responsabilidad del Estado. Las abogadas Melissa Mallega y Leslie Sánchez patrocinan esta presentación.
Diputados amplían campo de batalla
El tercer requerimiento, suscrito por 62 diputados de oposición, recoge los dos ejes anteriores, pero extiende considerablemente el perímetro de la ofensiva.
La presentación vuelve a impugnar la invariabilidad tributaria, pero añade que la medida afectaría el derecho a sufragio y la igualdad en la repartición de las cargas públicas. El argumento es que una elección pierde parte de su eficacia si los representantes escogidos por la ciudadanía quedan impedidos de modificar durante décadas una decisión tributaria de sus antecesores.
También cuestiona las indemnizaciones por RCA anuladas y sostiene que el tribunal arbitral diseñado por la reforma invade competencias que la Constitución reserva a los tribunales de justicia.
Pero el escrito de los diputados va más lejos. Impugna modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura que facilitan la relocalización de concesiones acuícolas y permiten que las empresas financien estudios para determinar la existencia de bancos naturales protegidos.
A juicio de los requirentes, ese diseño debilita el deber estatal de protección ambiental al entregar a los propios interesados parte de la producción de antecedentes técnicos decisivos para sus proyectos.
Asimismo, objetan la norma que restringe las reclamaciones de terceros contra una RCA únicamente a materias que no hayan sido evaluadas durante el procedimiento administrativo. La oposición sostiene que esa limitación reduce el acceso a la justicia de comunidades y personas que no participaron en la evaluación inicial.
El tercer flanco apunta al límite máximo de seis meses para las medidas cautelares decretadas por los tribunales ambientales. Para los diputados, imponer una fecha de caducidad automática puede dejar sin protección efectiva un ecosistema mientras el litigio continúa abierto.
El requerimiento es patrocinado por Domingo Lovera, Diego Pardo, Leslie Sánchez, Aurora Rozas, Claudio Troncoso y Juan Carlos Cayo. Entre sus firmantes se encuentran parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Comunista, el Partido Socialista y otras fuerzas opositoras.
La oposición presiona y el Gobierno prepara la defensa
El presidente del PPD, Raúl Soto, elevó el tono tras la votación y dirigió un mensaje directo a los integrantes del Tribunal Constitucional: “En sus manos está el destino de nuestra democracia”.
La frase expone la magnitud que la oposición busca asignarle a la controversia, pero también instala presión política sobre un órgano que deberá resolver jurídicamente la admisibilidad y el fondo de las presentaciones.
Desde el Gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, evitó dramatizar la ofensiva. “La oposición puede hacer todos los requerimientos que pueda o que quiera, está en su derecho”, respondió, y aseguró que el Ejecutivo contestará cada una de las impugnaciones.
Los recursos no apuntan a derribar por sí solos la totalidad de la megarreforma, sino a impedir que sean promulgados los artículos cuestionados. Su alcance dependerá de cuáles presentaciones sean declaradas admisibles y de si el TC considera que las normas forman unidades inseparables con otras partes del proyecto.
La disputa constitucional correrá, además, en paralelo a dos trámites todavía pendientes. El Congreso deberá resolver en comisión mixta la compensación municipal por la exención de contribuciones, mientras La Moneda evalúa vetar normas incorporadas durante la discusión, entre ellas el derecho al olvido financiero, la prohibición del anatocismo y nuevas garantías para el pago a 30 días.
Kast logró cruzar la Cámara con casi toda su reforma intacta, pero todavía no puede cantar victoria. La oposición perdió la votación política y ahora apuesta a que el TC desarme por inconstitucionalidad lo que no pudo derrotar con votos: la camisa de fuerza tributaria para los gobiernos futuros y el blindaje fiscal que la reforma ofrece a proyectos cuyas autorizaciones ambientales sean anuladas por la justicia.
