La tesis de la perseguidora Alejandra Godoy es que el dirigente, en su calidad de ex subdirector de operaciones del servicio de identidades, permitió la contratación de 14 personas que recibieron sueldo fiscal y no habrían realizado el trabajo. Lo anterior, durante la administración de Guillermo Arenas, a quien se le formularon cargos de fraude al fisco reiterado la semana pasada. Ayer también entregó su testimonio el ex subdirector de administración y finanzas Luis Mella, por los contratos de $ 400 millones con la Universidad de Santiago.
Por más de cuatro horas declaró ayer -en calidad de imputado- el vicepresidente de la DC, Enzo Pistacchio, ante la fiscal Alejandra Godoy, quien lleva el caso por las irregularidades descubiertas en el Registro Civil.
La diligencia se llevó a cabo en la Fiscalía Centro Norte, en el marco de las últimas pesquisas que realiza la perseguidora antes de formalizar al dirigente por delitos de fraude al fisco.
La tesis del organismo es que Pistacchio, en su calidad de subdirector de operaciones de la entidad, permitió la contratación de 14 personas que habrían recibido sueldo y que hubieran hecho el trabajo. Lo anterior, durante la administración de Guillermo Arenas, a quien se le formularon cargos de fraude al fisco reiterado la semana pasada.
De ahí que el tenor de las preguntas de Godoy apuntaran a saber cómo, cúando y para qué se contrató a 14 personas externas, en circunstancias que dentro del Registro Civil habían otras igualmente capacitadas.
El argumento de Pistacchio, como del propio Arenas, apunta a que los trabajos se hicieron, hay informes que lo confirman y que se realizaron en el marco de la legalidad.
Los contratos cuestionados son entre otros, el abogado Felipe Polanco, Claudio Vásquez, Luis Moya, Erny Fuentes, César Parra, Miriam Verdugo, David Herrera, Roberto Cea, Adriana Cárdenas Ditzel, Sergio Benvenuto, Heriberto Arancibia, Verónica Escudero, Andrea Silva y Héctor Argandoña. La cifra que Godoy estima que dejó de recibir el fisco supera los $ 122 millones.
Pistacchio es un dirigente de la DC ligado al desaparecido sector colorín, quien permaneció en el partido luego de la bullada salida del senador Adolfo Zaldívar, actual presidente del Senado quien formó el PRI.
Ayer también declaró el otro ex subdirector, el de administración y finanzas, Luis Mella. Según trascendió, las preguntas de la fiscal apuntaron a su presunta responsabilidad en los estudios contratados con la Universidad de Santiago (Usach). Uno para generar las bases de la licitación -por US$ 80 millones- que buscaba modificar la plataforma informática de la entidad y otro relativo a los recursos humanos´. Este último habría sido copiado íntegramente de documentos internos del servicio de identidades, según reveló la fiscal la semana pasada. Por ambos se pagaron $ 400 millones.
Al respecto la teoría del Ministerio Público es que por sus manos pasó la decisión de pagar los informes de la Usach y, en ese sentido también sería autor de fraude al fisco.
Junto a esta arista, la fiscal indaga también otra relativa a la multinacional india Tata, donde está formalizado Andrés Contardo por el delito de revelación de secreto, debido a que junto con asesorar al Registro Civil, lo hacía también para esa compañía, que ganó el concurso para modernizar la plataforma computacional.
Por estos últimos hechos están querellados por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por soborno y también se han presentado cargos contra otros ejecutivos de Tata: el actual gerente general Pablo Cisternas; el gerente de negocios para el sector público, Domingo Frez, y contra el gerente comercial, Andrés Tupper.
