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El amistoso y clientelista estilo de trabajo de Guillermo Arenas

Gabriel Angulo Cáceres
Por : Gabriel Angulo Cáceres Periodista El Mostrador
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Cuando lo destituyeron del Registro Civil los funcionarios se pusieron en pie de guerra. Todos lo quieren: desde los periodistas de tribunales hasta los amigos a quienes consiguió pitutos y asesorías en los servicios públicos que dirigió. Se viste con trajes de sastre, maneja un deportivo y toma vino en un decantador. En su casa caben sentadas cincuenta personas. Accesible y elocuente, intenta mantener su buen humor desde la cárcel.


En el anexo Capitán Yaber, el mismo donde van los padres con pensión alimenticia impaga y los infractores de tránsito, Guillermo Arenas está por estos días rodeado de sus amigos abogados. Por ley son los únicos autorizados para estar ahí fuera de los horarios de visita. «Está muy bien, lo han visitado muchas de las personas que él ha conocido durante su larga trayectoria como abogado», dice Alex Caroca, defensor del ex director del Registro Civil, cuestionado a partir de que se descubrieran, en marzo del año pasado, irregularidades en torno a la licitación de la plataforma tecnológica por cerca de US$80 millones.

Esa larga trayectoria tuvo un hito muy sensible, especialmente para los sectores «progresistas» de la Concertación. En 2001 cuando la sala constitucional de la Corte Suprema prohibió la distribución de la «píldora del día después» con el rótulo de Postinor, Guillermo  Arenas era el fiscal del Instituto de Salud Pública (ISP), es decir representaba al gobierno en su afán por legalizar el fármaco. Intuyendo que el fallo sería adverso, indagó durante días alguna salida posible, y pocos minutos antes de conocerse la sentencia, los periodistas de tribunales ya sabían cuál era la carta guardada bajo la manga de Arenas: una resolución del ISP que autorizaba la distribución de Postinor 2, el mismo fármaco, pero con otro nombre.

En esa época la ministra de Salud era la actual Presidenta de la República. Por eso, el escenario no pudo ser más favorable en 2006 cuando Bachelet a la cabeza del gobierno, nombra a Isidro Solís, el gran amigo de Arenas desde los años en que estudiaba  Derecho en la Universidad de Chile, como Ministro de Justicia. Horas después de conocerse la decisión, Arenas llamó a Solís para decirle: «Ya,  y ahora en  qué me van a nombrar».

Once días antes de que el nombramiento de Arenas fuese oficial, su amigo César Parra le transfirió la mitad de la propiedad ubicada en Natalia Larrain Vial 4221, en Peñalolén, terreno en el que construyeron sus casas. Los tres, junto a Solís, eran radicales, pero Parra y Arenas emigraron al PPD detrás de Ricardo Lagos, cuando éste fundó el partido en diciembre de 1987. Pero nunca han perdido las costumbres y el temperamento que suele caracterizar a los miembros del PRSD.

El decantador

Quienes han ido hasta la casa de Arenas se sorprenden primero con el Alfa Romeo estacionado a la entrada. Algunos describen sus cómodas y cálidas instalaciones, tal como l patio especialmente acondicionado para hacer asados, donde caben cincuenta personas sentadas debajo de un parrón.  El anfitrión procura no tomar el vino desde la botella, sino que lo trasvasija a un decantador y luego lo sirve. Por cierto, el vino proviene de la gran cava que aloja en su casa.  

Arenas sabe que alrededor de una mesa y en torno a la comida se establecen las mejores relaciones. También tiene buen humor: «las mujeres no tienen amantes porque quieran sino porque nosotros las tiramos mal», fue uno de sus chistes de sobremesa. En el informe que la Contraloría General de la República difundió a fines de diciembre del año pasado,  estaban  los resultados de una exhaustiva auditoría al Registro Civil en la que se consigna que  $4.415.809 rendidos por el ex director, como gastos en restoranes, no tienen justificación. Otros gastos son la celebración del aniversario del servicio el año pasado en el restaurant «Los Buenos Muchachos», que costó $28 millones, pero al que no asistieron autoridades (y por eso se objetó), sino sólo los empleados. Los mismos que hicieron un paro cuando Arenas fue destituido en marzo del año pasado.

Guillermo Arenas cumplió en 2008 60 años y aunque no lo repita con frecuencia para entender su trayectoria pública y privada se aplica un refrán clásico del Chile pre Pinochet en el que él creció: «Más vale tener amigos que plata en el banco». Hasta que fue detenido siempre estuvo disponible para todo el mundo. Los periodistas a punto de viajar pero con los documentos vencidos, todavía le agradecen que haya gestionado la entrega de pasaportes y cédulas en un día.

Lleno de referentes alusivos al viejo estilo republicano, el «hogar» de Arenas está en las cuatro manzanas alrededor de La Moneda. Tuvo una oficina en calle Valentín Letelier y era habitual encontrárselo en lugares clásicos del centro como el Bar Nacional, el  Fulano, Zutano y Mengano y el  Tabac, en Moneda. En los juicios era frecuente que le diera sentido jurídico a argumentos filosóficos de Michel Foucault o Jacques Derridá. Probablemente cite a alguno de los dos en el juicio oral al que asistirá para tratar de demostrar su inocencia.

 A todos los alegatos fue impecablemente vestido, pues tiene una colección con decenas de trajes y camisas de sastre. Una de sus intervenciones más conocidas en la arena judicial  fue en el caso Spiniak  representando a  su partido. En el PPD sus amigos, aparte de César Parra, eran los ex  militantes Nelson Ávila y Jorge Schaulsohn. Aunque durante el lío en torno a Spiniak se ganó la simpatía de Girardi, uno de los gestores del caso.

El rector de la USACH y la masonería

La personalidad carismática de Guillermo Arenas lo convierte en el sujeto perfecto para ser espía. En los 80′ fue el enlace entre los radicales y el MIR. Esta  experiencia le sirvió para entrar a la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones también de la mano de Isidro Solís, quien estuvo a cargo del organismo con  el mandato de controlar posibles grupos terroristas. Arenas, como encargado de las finanzas, rechazó algunas facturas sospechosas y cortó presupuestos «clandestinos».

En el proceso que lo tiene en la cárcel hay un capítulo de intercepciones telefónicas en los que la fiscal Alejandra Godoy acusa a Arenas de influir en las versiones de los eventuales testigos. El más sabroso de estos episodios es el que tiene formalizado a un funcionario de investigaciones por supuestamente haber destruido una grabación donde Arenas decía entre frases inconexas «Caga la presidenta» y «Se financia la campaña de Bachelet».

«Por ahora estamos concentrados en entregar antecedentes a la fiscalía que acrediten su inocencia, cualquier abogado se da cuenta de que no debiera estar preso», dice su defensor Alex Caroca.  

Puede que no cualquier abogado se de cuenta pero tal vez muchas personas dirían que Arenas no es un tipo con malas intenciones y que simplemente se porta a la altura con sus amigos y parientes. Cuando estuvo en la dirección del Registro Civil llevó a trabajar allí a su prima Verónica Escudero, también PPD, y al marido de ésta, Juan Guillermo Hurtado, quién fue funcionario de la Dirección de Crédito Prendario cuando Arenas era el director, a mediados de los  90′. Periodo en el cual la Contraloría cuestionó la entrega de algunos créditos, entre ellos a Jaime Escudero, primo de Arenas. Por cierto, César Parra el publicista «oficial» del PPD, hizo una campaña para el Registro Civil avaluada en 33 millones de pesos según el portal Chilecompra.

Dentro de los delitos de Fraude al Fisco que se le imputan, el más notorio es el surgido a través de un contrato por 400 millones de pesos, suscrito con Ubaldo Zuñiga rector de la Universidad de Santiago, amigo de Arenas desde la Masonería. Según la fiscalía, el informe que detallaba el convenio fue copiado de Internet. Paralelamente, la fiscal Alejandra Godoy considera delitos la contratación de 14 personas sin que se pueda probar que hicieron su trabajo. Todo suma un total de 236 millones de pesos.

El viernes pasado la octava sala de la Corte de Apelaciones revocó la libertad bajo fianza de Arenas. Aunque tuvo el voto a favor  del ministro Omar  Astudillo, el mismo que investiga el caso  Mirage. Tal vez Astudillo se formó la convicción de que los hechos en que la fiscal Alejandra  Godoy lo involucra, no son delitos de corrupción, sino costumbres de una raza que ha vivido en torno al clientelismo político en el Estado desde mediados del siglo XX.

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