Por atrasos y anomalías en el diseño, el Fisco tuvo que desembolsar más de US$ 55 millones a la empresa OHL que ganó la concesión. De hecho hasta hoy existen módulos sin habilitar por falta de climatización, cuyo atraso es de cuatro años. La dirección de Arquitectura de la secretaria de Estado culpa al Ministerio de Justicia. Informe del organismo fiscalizador detalla como se dio el vamos a una obra con fallas que fueron cuestionadas por la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría en la Comisión Coordinadora de la cartera de justicia, cuyo secretario es el actual titular Carlos Maldonado.
La Contraloría resolvió iniciar una investigación en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) por las irregularidades detectadas en la construcción del Centro de Justicia, edificación que alberga a los tribunales orales, de garantía, al Ministerio Público Centro Norte y la Defensoría Penal Pública.
Así queda de manifiesto en el informe emanado del organismo fiscalizador -que publica íntegramente El Mostrador-, documento de 20 páginas donde se detallan las anomalías no sólo en el diseño, sino también financieras, retraso de las obras, falta de cobros de multa a las empresas involucradas, sin contar los más US$ 50 millones que tuvo que desembolsar el fisco como pago a la constructora OHL por los retrasos y aumento en el costo de la obra. Ello sumado a sobreprecios y un contrato traslapado que para le entidad no tiene explicación. Todo lo anterior por una suma adicional de $ 7.800 millones.
Más allá de esta resolución del órgano encargado de visar los actos del Estado, se esconde una historia de ineficiencias, discusiones en la Comisión Coordinadora de la Reforma entre el MOP, la Corte Suprema, el Ministerio Público y la Defensoría, como también los arreglos de última hora antes de que el ex Presidente Ricardo Lagos inaugurara el edificio en junio de 2005 -conocido como el «Mall del Crimen»-, con evidentes fallas en la climatización que causó más de algún desmayo entre las personas que debieron ocupar el recinto.
El hado no benévolo
Los primeros pasos para modificar la justicia penal en Chile, cuyo sistema inquisitivo estaba basado en los tribunales del crimen, se inició durante la administración Frei. La cabeza de toda la reforma, su negociación ante el Senado y la modificación a la composición de la Corte Suprema, fue la entonces ministra Soledad Alvear. Una vez aprobada, había que construir edificios, capacitar a los jueces, fiscales del Ministerio Público y todo lo que implicaba este cambio cultural, sobre todo la separación de las facultades de investigar con las de sentenciar.
Se eligió entonces la fórmula por etapas que comenzó en las regiones, primero el norte y así la última que sería Santiago en 2004.
El primero que inició la tarea de construir el Centro de Justicia fue el entonces ministro de la cartera José Antonio Gómez, actual senador del PRSD, a fines del gobierno de Frei. En el gobierno de Lagos fue sucedido por el abogado y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Luis Bates, un profesional de muchas batallas y, hasta ese entonces con buena llegada a la Suprema, cuestión que no tardaría en cambiar.
En agosto de 2002 su cartera suscribió un convenio con la Dirección de Arquitectura del MOP. Se convocó a un concurso público, que ganó la Sociedad Boza, cuyo dueño es el arquitecto Cristián Boza, el mismo que fue contratado por Sebastián Piñera para remodelar el estadio Monumental de Colo-Colo. El pago que recibió fue de casi $ 1.000 millones.
En diciembre del mismo año, Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría y el Poder Judicial a través de su Corporación Administrativa, le encargaron la ejecución del proyecto al MOP, desligándose de las labores logísticas. Hasta ese momento todo era miel sobre hojuelas. El terreno comprado a la Fábricas y Maestranzas del Ejército (Famae) fue el lugar elegido, que tendría más de 115 mil metros cuadrados construidos.
Apuesta suprema
El contrato con Boza tenía un plazo de cuatro meses para ser ejecutado, el que no incluía los meses de revisión para su aprobación, factor determinante para obras de esta envergadura. Pero Boza se atrasó en 72 días y debió pagar una multa. Todo el proyecto se atrasaba. Comenzaba así el primer problema con el Centro de Justicia.
Un ministro de la Corte Suprema de la época consultado por este medio, recordó que «cuando vimos este primer problema, para nosotros estaba claro que el proyecto no saldría bueno de una vez, quizás fuimos pájaros de mal agüero, pero le acertamos, hay que decirlo».
En septiembre de 2003, con al diseño arquitectónico en sus manos, el MOP contrató a la empresa Geotécnica Consultores para realizar la asesoría técnica a la «inspección fiscal», sin que la Contraloría hubiera tomado razón, quedando implícitamente aprobada. Esta técnica para saltarse el control de juridicidad fue cuestionada este año por el organismo fiscalizador en un informe por el atraso de 2 años en la entrega del Hospital Militar, donde también hubo sobreprecios.
A Geotécnica le pagaron $ 135 millones y le otorgaron un plazo de 180 días más 60 días de prórroga, pero que también se atrasó, debido a la demora de Boza. Todos los dineros cancelados fueron imputados al presupuesto del Ministerio de Justicia que coordinaba la reforma penal en Santiago.
Y ya entrada la segunda tapa del proyecto, hubo problemas con el diseño de Boza, detectadas por la empresa que los fiscalizaba, lo que implicó un costo para el fisco -como sobreprecio- de $ 7.000 millones, hecho hasta ahora desconocido, pero revelado en el informe de la Contraloría, que además cuestiona la falta de autorización para el pago.
Luego hubo otro pago con sobreprecio, esta vez por el sistema de climatización, ascendiente a $ 882 millones también nunca conocido hasta ahora, pero que ya eran de conocimeinto en la Comisión Coordinadora y «crispaba los pelos «a los supremos, quienes temían un problema para la entrada en ejercicio de los tribunales y sus labores normales, ya que en caso de que se produjeran dificultades serían endosadas al Poder Judicial, asegura otro alto magistrado.
Y pese a que las observaciones al proyecto recién estuvieron subsanadas en septiembre de 2004, la Municipalidad de Santiago, en mayo del mismo año otorgó el permiso de edificación. Otra anomalía. En otras palabras, Geotécnica, según la Contraloría, no hizo bien su trabajo.
Un «cachito» más
En marzo de 2004, el MOP otorga la concesión para construir el Centro de Justicia a Obrascón-Huarte-Laín (OHL). La «regalona» para ganar, en todo caso, era Socovesa, pero un error en la presentación de su oferta, la dejó fuera de competencia, recuerda uno de los presentes a la hora de abrir los sobres con los antecedentes.
El atraso de la megaobra, que el gobierno de Lagos pretendía terminar a toda costa durante su mandato, era evidente. El ministro de Justicia Luis Bates, comenzaba a tener los primeros roces con el Pleno de la Suprema, que miraban, al menos con reserva, los buenos augurios del secretario de Estado para el fin de la construcción. Así, a fines de junio del mismo año estaba claro que la reforma se retrasaría un año. El Congreso entonces aprobó una ley al respecto y fijaba como fecha improrrogable junio de 2005, con las elecciones presidenciales ad portas.
Algunos supremos aún recuerdan la cara de otros miembros del máximo tribunal cuando Bates, quien generalmente hacía sus gestiones como secretario de Estado de manera muy reservada, dio a conocer la noticia al Pleno.
«Varios de nosotros lo miramos muy feo. Tendríamos que enfrentar las consecuencias de una cosa mal hecha desde el principio. Bates se deshizo en explicaciones, las que tuvimos que aceptar, porque no teníamos otra alternativa, pero dejándole claro al mismo tiempo que si las nuevas instalaciones no estaban mínimamente habitables, no las recibiríamos», rememora un supremo de la época.
Fechas raras
OHL había iniciado las obras en marzo de 2004, sin que el diseño estuviera terminado ni fiscalizado como correspondía, según revela el informe de la Contraloría.
Y como una obra con final adelantado, en septiembre de 2004 el MOP contrata a la empresa Consorcio Ingendesa-ARA por más de $ 1.600 millones para asesorarlo en la inspección de las obras y que éstas vayan conformes al diseño. «Posteriormente la cifra indicada se incrementó mediante diversos convenios complementarios, resultando finalmente un monto de $2.178 millones…», señala el documento de la entidad revisora.
Y en un acto que la Contraloría no pudo determinar su lógica, en abril de 2005 se contrata nuevamente a la empresa de Cristián Boza para la misma función del Consorcio Ingendesa-ARA, recibiendo 220 millones con un plazo de 10 meses Según la Contraloría, no existen antecedentes en el MOP que permitan justificar esta contratación, ya que ambos contratos «se traslapan, sin posibilidad de establecerse, en base a la documentación proporcionada por el servicio, el alcance de ambos contratos».
La construcción del Centro de Justicia avanzaba, hasta que aparecieron las primeras inconsistencias con el diseño, hecho que afectó el normal desarrollo de las faenas y produjo nuevos retrasos y la imposibilidad de cumplir con la calendarización fijada por la autoridad, lo que traería problemas no menores al MOP y a Justicia meses más tarde.
En tanto, en las reuniones de la Comisión de Coordinación, el inspector fiscal, Jorge Maureira les explicaba a los supremos, como a la Fiscalía y la Defensoría los avances «como si todo estuviera bien» -recuerda uno de los presentes- perdiendo credibilidad y recibiendo un apodo irreproducible.
Los problemas seguían y seguían apareciendo en la construcción, sobre todo aquel relacionado con la climatización del recinto. En una primera etapa se instalarían equipos de 30 milímetros por columna de agua, pero finalmente se eligieron sólo de 15 por problemas de presupuesto, cuestión que afectó a quienes usaron las dependencias.
Cara de póker
Con todos estos problemas evidenciados y la posibilidad de que la obra no fuera recibida por la Municipalidad de Santiago, finalmente el Centro de Justicia se inauguró. El Presidente Ricardo Lagos, el fiscal nacional Guillermo Piedrabuena, el defensor Rodrigo Quintana -actual consejero del CDE- y el presidente de la Suprema, Marcos Libedinsky -cercano a la Concertación- que hacía pocos meses había estado en el ojo del huracán por ejercer presiones a la ministra Gloria Ana Chevesich, quien sustanciaba el caso GATE.
Otros supremos que estuvieron presentes ese 15 de junio de 2005, recuerdan que mientras se leían los discursos respectivos sobre la nueva gran obra de la justicia, habían secretos que muchos de los asistentes desconocían.
Faltando poco meses para la inauguración, el Ministerio de Justicia se contactó con la Suprema y le indicó que el edificio no estaría habilitado. «Había que arrendar algo con cargo al Poder Judicial para que no faltaran salas de los tribunales nuevos. Nuestra reacción no fue de las mejores, pero estábamos entre la espada y la pared. Tuvimos que pedir plata a la Dirección de Presupuestos y se arrendó un edificio cuyos dueños son la familia Hites, por cerca de 50 millones mensuales. Este arriendo se mantiene hasta hoy», recuerda un ministro de la Suprema ya retirado.
Y hay más. No había pintura anti-incendio en el techo de la construcción y peor aún, sólo horas antes de que se llevaran a cabo los primeros controles de detención en los tribunales de garantía, no estaba listo el sistema informático. «Nuestros expertos lograron levantar el sistema, pese a las dificultades que presentaba el edificio para operar con las redes informáticas», aseguró el mismo juez.
Anécdotas más o menos, lo cierto es que el nuevo sistema comenzó a operar y el sistema de persecución penal de los delitos es hoy una realidad. Sin embargo, los problemas con el Centro de Justicia no terminarían allí y las graves deficiencias obligarían al MOP, el 21 de junio de 2007, bajo la administración del PPD Eduardo Bitrán, a aprobar, a través de la Dirección General de Obras Públicas, el acta de la Comisión de Recepción del edificio. En este último documento, nunca publicado hasta ahora, la autoridad reconoce no sólo las deficiencias, sino que los problemas de climatización, podrían «generar graves consecuencias para el normal desarrollo del Centro de Justicia, especialmente en la salud de las personas que trabajen o concurran a dicho recinto».
Al mismo tiempo, el MOP enviaba un oficio a la Suprema, ese mismo día, asegurándoles que los problemas serían solucionados como una reacción lógica a lo sostenido en abril de ese año por el entonces presidente de la Suprema, Enrique Tapia, sobre el particular: «Yo creo que hay que zanjar la fecha de arreglo. Esto llega a tal punto en que algunas salas durante el verano marcaron temperaturas muy altas (40 grados) y solucionar la climatización en todo el Centro de Justicia no es fácil y es caro».
Hasta ahora, hay cuatro módulos de esa construcción que todavía no son utilizados y se espera que recién el próximo año -«Dios mediante», dicen en la Suprema- puedan ser habilitados.
El arbitraje de la muerte
En octubre de 2007, MOP sostuvo el segundo comparendo con OHL, quien había reclamado ante la secretaría del ramo, aduciendo haber gastado más dinero del presupuestado en llevar adelante la obra. Hubo un arbitraje, el que finalmente el Fisco perdió, por lo cual debió pagar más de US$ 50 millones.
En la retina estaba aún el pago de más de más de US$ 100 millones a otra concesionaria por la construcción de cárceles, que también sufrieron atrasos.
Este diario requirió ayer al MOP una versión sobre el informe de la Contraloría y la realización del sumario. Dicho ministerio emitió un comunicado, donde mantiene su posición «en el sentido de que no tiene responsabilidad técnica alguna en los problemas que presenta el Centro de Justicia de Santiago». «Reitera su discrepancia respecto del informe final de auditoría de la obra pública concesionada, por cuanto su única intervención en este proyecto fue la realización de la inspección fiscal del diseño de dicha obra que estuvo a cargo de la oficina de arquitectos Cristián Boza y Compañía Limitada. Los problemas que presenta el edificio en la actualidad dicen relación con su construcción y aspectos técnicos, que involucran a otros organismos que participaron durante su ejecución, donde no actuó la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas», sostiene el MOP.
Y augura que, en «la instrucción del sumario administrativo anunciado que realizará el Organismo Contralor, la Dirección de Arquitectura demostrará que no posee responsabilidad administrativa alguna en los hechos señalados».
El Mostrador también intentó obtener una opinión del Ministerio de Justicia, pero no hubo respuesta.
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