Cada coalición adquiere una suerte de decisión soberana e irrevocable respecto del candidato propuesto. Por eso que a ninguno de los parlamentarios de la Concertación se interesó si acaso Marcelo Venegas era un antiguo colaborador de la dictadura, ejerciendo funciones preocupantes para quien está llamado, justamente, a reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales. Y no les preocupó porque el modelo de designaciones («uno y uno») lo impedía.
El Informe Anual sobre Derechos Humanos 2006, de la UDP, analizó, entonces, las nuevas facultades del TC y el procedimiento de designación de sus miembros. Sobre lo primero se destacó el escaso nivel de la discusión constituyente, instancia que solo sirvió para revisar cómo se configuraba el TC en otros países. Señalamos que el modelo que se adoptaba era desconocido y poco meditado, razón por la cual era muy «probable que el sistema no conozca de cambios [y críticas] sino hasta que las primeras leyes en ‘temas sensibles’ comiencen a ser derribadas». Los hechos nos han dado la razón (PAE).
Pocos habían logrado advertir que, aprobado como se había hecho el TC, la designación de sus miembros cobraba vital relevancia. Se señaló, a ese respecto, que era «importante conocer qué piensan, qué han resuelto, cuáles son sus trabajos académicos -si es que los tienen- y, sobre todo, cuáles son las razones que un determinado poder tiene para designarlos al cargo». Se hizo referencia a los ejemplos de Estados Unidos y Argentina como casos que han funcionado bien en este sentido, ambos configurados sobre la base de audiencias públicas frente al Parlamento en las que los candidatos son rigurosamente examinados. A pesar de lo que sostienen los críticos de este modelo, dichas audiencias no politizan (más) la designación de los miembros de un órgano que, por sus propias funciones (anula leyes), también toma decisiones políticas.
Al revisar la forma en que se habían producido las designaciones al TC, se constató la mantención de los mismos patrones que habían sido identificados en los nombramientos de los jueces de la Corte Suprema: uno en que las dos grandes coaliciones políticas acuerdan, fuera del Congreso, quién va a ser designado, modelo que no posee otra regla que la del «uno y uno». Para evitar bochornos en el Senado, es mejor consensuar nombres antes de la audiencia de ratificación. Bajo ese esquema las coaliciones quedan contentas y quienes pierden son los ciudadanos, que ven en el TC, primero, una estructura de poder que derriba decisiones legitimadas democráticamente (las leyes) y, segundo, compuesta por candidatos que no puede siquiera interrogar o conocer. Obviamente el modelo de designaciones así configurado funciona con poca seriedad. La audiencia de ratificación (una verdadera mise-en-scène) tiene un resultado previsto de antemano: el que se haya alcanzado en la instancia de negociación correspondiente. ¿Qué ocurre bajo este modelo? Cada coalición adquiere una suerte de decisión soberana e irrevocable respecto del candidato propuesto. Por eso que a ninguno de los parlamentarios de la Concertación se interesó si acaso Marcelo Venegas era un antiguo colaborador de la dictadura, ejerciendo funciones preocupantes para quien está llamado, justamente, a reivindicar la vigencia de los derechos fundamentales. Y no les preocupó porque el modelo de designaciones («uno y uno») lo impedía.
Los parlamentarios que hoy critican la designación de Venegas a la cabeza del TC, decisión que, al igual que su nombramiento a la instancia, está previamente acordada sobre la base del «uno y uno», debieron estar más atentos en su momento sobre el tipo de TC que estaban aprobando y respecto al procedimiento de designación de sus miembros, donde ellos tienen bastante que decir. Hoy, sus quejas deben evitar el falso heroísmo de frases tales como «de haber sabido yo…», que solo denotan la poca seriedad con que se tomaron su labor, para pasar a un claro «en el futuro vamos a…»
*Domingo Lovera es Profesor de Derecho, Universidad Diego Portales.
