Los recursos de la fundación provienen de una donación del millonario suizo Stephan Schmidheiny quien a su vez la recibió en herencia de su familia dueña del grupo Eternit que fabricaba materiales de construcción a base de asbesto. El aporte se canalizó a través del VIVA Group que tiene inversiones en diferentes fondos y empresas. En Chile es el grupo controlador de la empresa MASISA que tiene importantes inversiones en bosques y maderas.
Estamos acostumbrados a que sociedades benefactoras extranjeras intervengan en la orientación de los conflictos medioambientales. Y no se les da mayor atención pues en Chile las fuerzas del mercado terminan resolviendo los conflictos y dando satisfacción a las partes.
Más delicada es la situación cuando sociedades extranjeras intervienen en nuestra débil sociedad civil. Y tan débil es su estructura que cualquier intervención, buena o mala, produce efectos. Dos fundaciones extranjeras han actuado sobre la sociedad civil chilena durante 15 años y muy poca atención les han dedicado las autoridades a sus efectos.
Desde antes de la transición a la democracia y especialmente en estos últimos 20 años, el criterio del Estado ha sido que las organizaciones sociales deben ganarse el derecho a existir por si solas y sólo si existen, se les puede permitir ayuda para realizar actividades adicionales, que deben licitarse a través de concursos públicos.
El resultado no puede ser más desastroso. Cada año se crean centenares de organizaciones sociales y cada año desaparecen esas mismas u otras más antiguas. El resultado es una sociedad civil muy débil y marginada de las decisiones importantes de nuestra sociedad
Tal vez el ejemplo más ilustrativo ha ocurrido en los pasados 5 años en el área de la defensa de los consumidores. Al aprobarse la ley 19.496 existían sólo tres asociaciones de consumidores. En los 4 años siguientes se crearon 60 nuevas asociaciones, de las cuales siguen activas sólo 6. Las demás ni siquiera tienen fuerza para preparar proyectos y ser seleccionadas en los concursos.
Por eso cuando las sociedades benefactoras extranjeras hacen su aparición en la defensa de los consumidores producen un efecto notable. El lado negativo de sus aportes radica en que si los recursos aportados tienen su origen en grandes corporaciones productoras de bienes y servicios, no sólo se cae en la ilegalidad sino que se desvía la defensa de los consumidores con criterios extraños a sus reales intereses.
Durante 15 años la Fundación Avina ha estado presente en Chile y en otros países latinoamericanos. A diferencia de otras fundaciones benefactoras que otorgan fondos a instituciones sin fines de lucro ya sea medioambientales, de defensa de los consumidores o de naturaleza cultural o científica, AVINA otorga su apoyo a individuos a quienes considera líderes en algunas áreas de la actividad social.
El apoyo se otorga a una persona para que cumpla un objetivo o programa. Como el sistema legal controla a las llamadas ONG o a personas jurídicas sin fines de lucro estableciendo restricciones en sus estatutos, la donación a una persona o individuo, escapa a todo control legal. Si una institución benefactora desea obsequiar su propio dinero a una persona, nadie debiera preocuparse por ella, salvo que la donación esté condicionada a un cambio de conducta del receptor y que este cambio afecte a la organización de la que es líder.
AVINA ha sido durante años una fundación bastante abierta y transparente. Hasta hace poco en su página web hubo un listado público de los adherentes y de los receptores de recursos. Igualmente se mencionaba en qué áreas el líder seleccionado debía dedicar sus esfuerzos y recursos. Sólo en muy contadas ocasiones a un receptor de recursos y por propia solicitud, se lo excluía de ser mencionado en la lista pública. Tampoco se mencionaba la cuantía de los recursos otorgados a cada líder.
Esta política de transparencia cambió a partir de Mayo del 2009. En un comunicado redactado por su director ejecutivo, Sean McKaughan, se informa:
«AVINA ha visto sus recursos presupuestarios afectados por la crisis, lo que nos ha obligado a redimensionar nuestra estructura y modelo operativo…». El listado de colaboradores que permanecieron en servicio no está ya disponible en su sitio web.
En los años previos a la crisis mencionada por el Sr. McKaughan, el número de colaboradores llegó a ser impresionante. En Chile superaron los 150 y en Argentina fueron más del doble de esa cifra. En Chile, oficialmente los recursos invertidos en los 15 años llegaron a 16 millones de dólares y sólo en 2007 se gastaron 932.000 dólares. Todas estas cifras deben globalmente aumentarse en un 45% porque en los casos en el que es más de un país el receptor, el gasto se contabilizó separadamente. El presupuesto para América Latina el año 2007, que fue el último año considerado «normal», alcanzó a 33,2 millones de dólares. La estructura central de administración ocupó el 25% del gasto total.
Si bien estas cifras pueden parecer poco significativas a las personas ajenas a las organizaciones de la sociedad civil, su impacto ha sido considerable en el ámbito social. Tómese en cuenta que el Fondo concursable de la División de Organizaciones Sociales (DOS) para el año en curso al que postularon más de 1.500 proyectos de organizaciones grandes y pequeñas , sólo contó con 2 millones de dólares.
En cambio una sola organización de consumidores chilena, recibió de AVINA 150 mil dólares en 2006 para financiar a su líder.
Aún ahora, después de la reducción presupuestaria y el cambio institucional, AVINA mantiene estructura en 12 países latinoamericanos y su sede central está siempre en Panama City.
Resulta por lo menos curioso que nadie durante años haya señalado el posible impacto que la acción de AVINA podía realizar sobre la sociedad civil chilena. Por ejemplo, en capturar algunas de sus organizaciones, de desviarlas de sus objetivos o de hacerlas violar sus propios estatutos.
En la nueva etapa AVINA se plantea coordinar su trabajo a otra fundación extranjera llamada ASHOKA, que desde 1994 también ha aportado recursos a los llamados emprendedores sociales. El método de apoyo es diferente. A la persona incorporada como emprendedor se le asegura un ingreso mensual de entre 300 y 1.600 dólares mensuales hasta por un período de tres años. El gasto de Ashoka en América Latina alcanza a los 32 millones de dólares anuales. En 2006 a Chile le correspondieron US$ 115 mil y actualmente hay 28 emprendedores en nuestro país. Algunos receptores de fondos se repiten en el listado tanto de AVINA como de ASHOKA
ASHOKA, hasta el presente y seguramente por tener su sede en EE.UU., mantiene una absoluta transparencia en sus ingresos y en la forma en que los gasta. También publica la nómina de todos sus emprendedores. El grueso de sus fondos se nutre de donaciones privadas y según información oral de uno de sus emprendedores «la mitad proviene de grandes corporaciones» como la Pepsi Cola.
No es fácil evaluar el impacto de AVINA y ASHOKA en las organizaciones sociales chilenas. Si sólo se las considera como instituciones filantrópicas, benevolentes y sin objetivos ocultos, su acción solo merecería elogios.
Es en su acción en el área de las asociaciones de consumidores donde la labor de AVINA es más cuestionable. Los recursos de la fundación provienen de una donación del millonario suizo Stephan Schmidheiny quien a su vez la recibió en herencia de su familia dueña del grupo Eternit que fabricaba materiales de construcción a base de asbesto. El aporte se canalizó a través del VIVA Group que tiene inversiones en diferentes fondos y empresas. En Chile es el grupo controlador de la empresa MASISA que tiene importantes inversiones en bosques y maderas.
Durante 2007 AVINA otorgó financiamiento en el Sur de Chile a varias pequeñas asociaciones de consumidores que formaron una Federación que no incluyó a las no financiadas por AVINA, y además tomaron posición en una serie de materias ambientales, incluidas las proyectadas plantas hidroeléctricas de Aysén.
No resulta fácil determinar si estas posiciones fueron orientadas o determinadas por el financiamiento recibido, pero la duda es pertinente y significa una intromisión ilegal pues la ley impide recibir donaciones o publicidad de los proveedores de bienes o servicios.
La retirada forzada de AVINA de muchas áreas en que la débil sociedad civil chilena está siempre dispuesta a recibir recursos ha puesto de actualidad esta gran disyuntiva: ¿debe el Estado apoyar la creación de organizaciones sociales fuertes, activas y darles participación en las decisiones nacionales?
¿Debe el Estado proteger a la sociedad civil de ser influenciada por organismos nacionales o extranjeros que defienden intereses incompatibles con el bien común?
*Ernesto Benado es director de CONADECUS A.C
