La Corte Suprema de Justicia de Perú anunció este lunes que los suboficiales de la Fuerza Aérea Peruana Víctor Ariza y uno de sus presuntos cómplices serán juzgados por el fuero militar, bajo acusación de haber espiado a favor de Chile.
El juicio contra el suboficial de la Fuerza Aérea peruana Víctor Ariza por haber realizado espionaje para Chile será realizado por el fuero militar, según informó este lunes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Javier Villa Stein.
En una rueda de prensa, Stein dijo que la Sala Permanente «ha resuelto que en el caso Ariza quien asuma la competencia sea el fuero militar», tras una contienda de competencia que se presentó con el fuero común.
Sin embargo, Villa Stein aclaró que será el fuero civil el encargado de juzgar a los dos chilenos implicados en el mismo caso y que no están ni siquiera detenidos.
Al igual que Ariza -quien podría ser condenado a entre 25 y 35 años de prisión por el delito de traición a la patria-, un cómplice suyo, el suboficial de la Fuerza Aérea peruana Justo Ríos, también será juzgado por el fuero castrense.
El presidente del Poder Judicial peruano agregó que los motivos para esa decisión responden a que los implicados han violentado el secreto militar y que el delito ha sido perpetrado por un militar en actividad.
«Con esto se pone punto final a la incertidumbre que la ciudadanía tenía sobre la materia. Además, debo decir que se han escuchado a las partes, se ha respetado el debido proceso, y se han dado todas las garantías», añadió Villa Stein.
Horas antes, el abogado de Ariza, Walter Chinchay, defendió ante la Sala Permanente la necesidad de que su cliente fuera procesado con los implicados chilenos en el fuero común, para evitar un futuro recurso de nulidad contra la causa.
Los chilenos aludidos por haber pagado por la información secreta son, según la prensa peruana, el oficial Adrián Bravo Carrasco y el suboficial Jaime López Ruiz, aunque Ariza los conocía con otros nombres (Víctor Vergara Rojas y Daniel Márquez Torrealba, respectivamente).
Según Ariza, estos militares lo contactaron cuando trabajó en la agregaduría militar en la embajada de Perú en Santiago de Chile y coordinó con ellos la información militar secreta que les envió y por la que recibía pagos mensuales.
La Sala Permanente recibió los argumentos de las partes y hoy mismo se pronunció sobre la sala que procesará a Ariza por los delitos de revelación de secretos nacionales (traición a la patria), espionaje y lavado de activos en agravio del Estado.
El caso de Ariza fue denunciado a fines del año pasado por Perú y significó un nuevo tema de fricción con su vecino, pues el pedido de las autoridades peruanas para que Chile también investigue y sancione a los implicados no tuvo una respuesta favorable.
Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, Carlos Meza, dijo a la prensa que «el asunto es clarísimo» y la sala permanente tiene que resolver conforme a una resolución del Tribunal Constitucional de 2006, que aclaró estos temas de competencia.
«No perdamos más tiempo, que ya lo hemos perdido», dijo Meza y recordó que Ariza puede recibir entre 25 y 35 años de cárcel por el delito de traición a la patria, el más grave que puede ser imputado en su contra.
La sala presidida por el juez César San Martín recibió el informe de la magistrada Antonia Saquicuray, quien veía el caso en el fuero común, más la denuncia fiscal para decidir sobre la competencia.
