El primer conflicto que ha debido enfrentar la autoridad laboral es el mal uso de la causal de “fuerza mayor” para despedir empleados a raíz del terremoto, lo que según Soto se ha frenado luego de que la Dirección del Trabajo emitiera un dictamen aclaratorio el viernes pasado. El abogado, sin embargo, destaca que ya hay empleadores citados a tribunales y que el gobierno hará cumplir la ley.
Pasadas las 18:00 horas del lunes, el subsecretario del Trabajo, Marcelo Soto, volvía de una gira express en la región del Bío Bío, donde junto a la ministra del sector, Camila Merino, estuvo coordinando servicios y revisando la situación de los despidos acogidos a la causal de “motivo de fuerza mayor”, amparada en el artículo 159 del Código del Trabajo.
Esta situación ha generado un fuerte dolor de cabeza al Gobierno, ya que se ha utilizado injustificadamente por parte de algunos empresarios, debido a que esta permite que el empleado no reciba ningún tipo de indemnización al ser desvinculado de su puesto.
El abogado de la Universidad de Chile, que ha cultivado una extensa red transversal de contactos en su trayectoria profesional, no es nuevo en lides laborales. Y sabe que la situación del país está complicada. De hecho, adelanta que las proyecciones de desempleo “no son números fáciles”.
Militante de Renovación Nacional, Soto Participó de la Comisión de Reforma Procesal Laboral, a petición del ex Ministro Osvaldo Andrade. Fue director de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, filial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social con sede en Ginebra.
[cita]»Lo que sí está claro, por la visión general de ciertas industrias y actividades, es que hay muchos casos en que han ocupado la causal sin justificación».[/cita]
Cercano al Clan Matte, especialmente a Eliodoro Matte, con quien trabajaba los temas sindicales-laborales en la CMPC, según cercanos posee una gran capacidad política y comunicacional. Razón por la cual desde el oficialismo se le ve como un interlocutor clave a la hora de plantear una agenda laboral público-privada que logre sortear los conflictos sindicales.
Recién estrenado en el cargo, la primera pugna que ha debido enfrentar ha sido el mal uso del artículo 159, para lo cual la Dirección del Trabajo emitió el viernes pasado un dictamen para precisar, delimitar y aclarar el concepto. Según cifras oficiales, entre el 1 de marzo y el viernes pasado, había poco más de 6.100 personas desvinculadas a sus puestos de trabajo bajo esta causal.
“Desde que salió el dictamen no ha habido nuevos casos”, asegura el profesor de Derecho Laboral de la Universidad de los Andes.
-¿Qué medidas están desplegando para contrarrestar el abuso del artículo 159?
-Esperamos que el decreto tenga efecto y los empleadores sepan que tienen que pensarlo con más calma y ver los hechos que aducen para justificar despidos por fuerza mayor. Paralelamente estamos actuando en terreno: funcionarios de la Dirección del Trabajo están educando a los empleadores, sindicatos y trabajadores en la interpretación del dictamen.
Además, los fiscalizadores también deben revisar los hechos esgrimidos por las empresas como fuerza mayor, para luego comparar lo que dice el empleador en carta de despido y lo que el fiscalizador vio. Así puede determinar si la causal procede y en caso contrario intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Si no lo hay pasa a los tribunales, los que de encontrarle razón a los trabajadores deben aplicar un aumento del 50 por ciento o más en el pago de indemnización por años de servicio.
-¿Ya tienen claro qué porcentaje de despidos de este tipo no sería real?
-Hemos establecido fines de abril para ver la evolución de despidos, y ver si se sigue ocupando la causal o no y evaluar el nivel de acuerdos a que se ha llegado.
Lo que sí está claro, por la visión general de ciertas industrias y actividades, es que hay muchos casos en que han ocupado la causal sin justificación.
-Un caso bastante emblemático ha sido el de la Clínica Providencia, donde se despidió a unas 200 personas.
-En ese caso, el sindicato, con el dictamen en la mano, interpuso un reclamo ante la Dirección del Trabajo. Para el 29 de marzo ya están citados el empleador y los trabajadores para analizar los argumentos de las partes.
Hay casos donde se ha actuado de otra manera y en que se ha optado por reubicar al personal o llegar a algún tipo de acuerdo. Incluso algunos que se entendería que utilizaran como motivo la fuerza mayor para despedir gente, no lo han hecho.
-A pesar del complejo momento que se está viviendo en materia de empleo aún no se nombra al nuevo director de la Dirección del Trabajo, lo que complica ordenar el tema con esta suerte de “acefalía”.
-El actual director ha estado plenamente a cargo: él sacó el dictamen, lo firmó y lo dispuso con los funcionarios. La Dirección del Trabajo está completamente operativa, así como el mecanismo fiscalizador.
Hay que tomar en cuenta que desde el 1 al 10 de marzo la autoridad no actuó y desde que asumimos en menos de seis días ya tenemos el dictamen. Aquí no hay acefalía.
-Hay preocupación del gobierno, el ministro Hinzpeter incluso hizo un llamado a los empresarios en Icare a tener un mayor compromiso con la sociedad ¿planean utilizar mano firme con los empresarios que abusen de despidos esgrimiendo el artículo 159?
-Nos regimos por un estado de derecho. Por más que moleste la situación debemos actuar según las facultades administrativas que tenemos: el dictamen le pone trabas a los excesos. Pero nosotros no tenemos capacidad de sanción, eso pasa por tribunales. La fiscalización y lograr la conciliación entre las partes depende de nosotros. Pensar en derogar la causal o tomar medidas especiales sería más lento, y no son una real solución.
-¿Considera que cuentan con herramientas suficientes para enfrentar este tipo de situaciones?
-Todo es mejorable. Siempre se debería pensar que en situaciones de excepción lo ideal es tener más facultades, por eso las herramientas excepcionales hay que analizarlas muy bien.
En el caso de causal de fuerza mayor la definición de cuando se cumple o no debe quedar en manos de tribunales, dejarlo en manos de un funcionario público podría ser un poquito complicado.
-¿Qué proyecciones de desempleo manejan?
-Estamos afinando las cifras. Aún no tenemos un número oficial, pero para unos días más estará. Vienen meses que no son fáciles y hay que recurrir al despliegue para retener mano de obra y crear empleos.
