El tribunal de alzada revocó la decisión del ministro Manuel Valderrama, quien en julio del año pasado había cerrado la investigación, ratificando que el autor del crimen era el joven de 16 años individualizado con las iniciales P.P.V. La Corte también solicitó al magistrado que investigue el delito de asociación ilícita, por lo que determinó que declaren en esta causa el ex director de la disuelta DINA y el ex jefe operativo de la CNI.
La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el cierre del sumario dictado en la causa por el crimen del menor Rodrigo Anfruns, acontecida en junio de 1979, disponiendo además una serie de diligencias.
El abogado Roberto Celedón, querellante en la causa, dijo a Agencia UPI que aún no se impone del fallo, pero expresó su júbilo ante esta sentencia, dada la trascendencia que tiene en el mundo de los derechos humanos.
En el dictamen se ordena al magistrado Manuel Valderrama, instruir un sumario por el delito de asociación ilícita, por lo cual se pide tomar declaraciones a Carlos Herrera Jiménez, al ex jefe operativo de la CNI, Alvaro Corvalán Castilla, y al otrora ex jefe de la disuelta DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, actualmente recluido en el recinto penal Cordillera.
En el fallo se pronunciaron los magistrados Adelita Ravanales, Pilar Aguayo Pino y el abogado integrante Rodrigo Asenjo.
Asimismo, el tribunal de alzada expresa que existen evidentes contradicciones en las declaraciones y careos practicados a los funcionarios de policiales que participaron en las diligencias del proceso.
El ministro Valderrama resolvió en julio del 2009 cerrar el sumario sin procesados y ratificar que el autor del crimen fue un joven que entonces tenía 16 años, individualizado con las iniciales P.P.V., y quien se encuentra declarado sin discernimiento.
El juez asumió la causa en marzo de 2007, luego que la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera por unanimidad reabrir el proceso que había ordenado cerrar la entonces jueza del caso y, con ello, dar curso a una serie de diligencias solicitadas por el abogado de la familia, Roberto Celedón.
Fue entonces que la ministra Dobra Lusic decidió inhabilitarse, argumentando que había emitido pronunciamiento en el caso en octubre de 2006, cuando puso fin al sumario y declaró que ninguno de los cien testimonios reunidos permitió confirmar la versión del teniente (R) de Carabineros Jorge Rodríguez Márquez, respecto de que la Policía de Investigaciones (PDI) de la época sería cómplice del asesinato del menor.
