Si el edil no acata la resolución corre el riesgo de ser sancionado con multas y si persistiere en su actitud, podría ser suspendido en el ejercicio de su cargo por un determinado lapso de tiempo, lo que sería bochornoso, no solo para él sino también para su partido político
La Fundación Defendamos la Ciudad dio cuenta que el Consejo para la Transparencia rechazó, en todas sus partes, un recurso de reposición inducido por el alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, que obliga a entregar un listado de las empresas constructoras e inmobiliarias que obtuvieron permisos de edificación con normas urbanísticas derogadas, después del 5 de diciembre de 2003.
El organismo ciudadano señala que se trataría de entre 70 y 80 permisos que contemplan inversiones privadas del orden de los mil millones de dólares.
Patricio Herman, presidente de la Fundación, dijo que “una vez más el Consejo para la Transparencia está cumpliendo a cabalidad sus atribuciones legales a favor de la probidad en los diferentes servicios públicos”.
“Desde hace mucho tiempo estamos criticando las insanas prácticas del secretismo que todavía emplean muchos funcionarios de la Administración, tanto central como local, y en este caso el alcalde de la Maza, aunque le incomode, tendrá que obedecer la resolución del 2 de octubre de 2009 del Consejo para la Transparencia que acogió nuestro amparo, Rol A 159-09, en contra de esa municipalidad por negarse a entregarnos la mencionada documentación de carácter pública, la que -a su vez- nosotros daremos a conocer a la prensa para que se conozcan los nombres de todos aquellos inmobiliarios que obtuvieron mayores beneficios económicos al margen de la regulación urbanística”, precisó.
De esta forma, el alcalde tiene 10 días hábiles, a partir de la fecha en que quede ejecutoriada esta decisión resolutiva, para entregar dicho listado en donde se apreciarán, no sólo los nombres de las empresas, sino también una serie de otros datos que servirán para sacar importantes conclusiones.
Herman señala que “estamos hablando de millonarios negocios obtenidos gracias a la falta de control y fiscalización municipal. Este listado también se lo entregaremos a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara de Diputados para que continúe con el estudio de la situación comenzado hace tres años atrás y que se vio interrumpido por diversas razones”.
Además, advierte que si el edil no acata la resolución y no entrega el listado en el plazo fijado por ley corre el riesgo de ser sancionado con multas y si persistiere en su actitud, podría ser suspendido en el ejercicio de su cargo por un determinado lapso de tiempo, lo que sería bochornoso, no solo para él sino también para su partido político.
