Los problemas para los concejales comenzaron cuando llevaron a la Contraloría los antecedentes para probar que el municipio pagó 3,5 veces más del costo de mercado por el cambio de las planchas para los techos de las villas sociales de la comuna, comprometiendo más de 300 millones de pesos.
El fiscal adjunto de Ñuñoa, Jorge Zúñiga, determinó aplicar por 60 días una medida de protección a los concejales de la comuna Jaime Castillo, Pablo Vergara, Claudia Vera, Maya Fernández y Manuel Guerrero, debido a las amenazas y agresiones de que fueran víctimas en la sesión del día 5 de mayo en el Concejo Municipal.
De esta forma se inició una investigación tendiente a determinar responsabilidades por los intentos de amedrentamiento denunciados por los concejales que busacarían impedir que lleven a a cabo sus tareas de fiscalización de la gestión del alcalde Pedro Sabat y del municipio.
Castillo y Guerrero recibieron amenazas de muerte, a la vez que el documentalista Jaime Díaz sufrió agresiones y destrucción de material de trabajo en la citada sesión del Concejo.
Los problemas para los concejales comenzaron cuando llevaron a la Contraloría los antecedentes para probar que el municipio pagó 3,5 veces más del costo de mercado por el cambio de las planchas para los techos de las villas sociales de la comuna, comprometiendo más de 300 millones de pesos.
