Dejar claro que nunca estuvo de acuerdo ni fue partidario del régimen militar, es una premisa que el jefe de Estado se encargó de enfatizar desde su primera postulación a la Presidencia de la República. Por eso en Palacio no descartan que, pasado un tiempo, el jefe de Estado tome la determinación de removerlo, ya que Otero “cometió un error difícil de pasar por alto, dada su amplia experiencia política” -señalan- y pone en tela de juicio “las confianzas” que el mandatario “ha tratado de generar en esta materia”.
Una batahola, y de las grandes, fue la que se armó con las declaraciones del embajador de Chile en Argentina, el militante de RN Miguel Otero. Y mientras la oposición exige su cabeza en charola de plata, en el gobierno se atrincheraron bajo el argumento que las hizo “a título personal”, aunque separaron aguas rápidamente, asegurando que “no son compartidas” por el Ejecutivo y que esa postura no representa “la línea central” de la administración de Sebastián Piñera en materia de derechos humanos. Y cómo no, si el mandatario basó gran parte de su campaña presidencial en el hecho de que nunca fue partidario del golpe de Estado y que, por lo mismo, votó “NO” en el plebiscito del ’88. En La Moneda no hay dos opiniones en este sentido y existe plena conciencia de que el representante diplomático “las embarró”.
El embajador señaló al diario argentino Clarín que “la mayor parte de Chile no sintió la dictadura. Al contrario, se sintió aliviada”, lo que despertó la ira de la Concertación, pero también de un sector de la derecha que vio venir la avalancha de críticas hacia la designación del ex senador como embajador. Entre otras cosas, porque el abogado no es diplomático de carrera, sino que el suyo fue un nombramiento de confianza política. Fórmula censurada por el actual oficialismo durante los gobiernos de la Concertación. Y que llevaron al propio mandatario a manifestar la necesidad de modernizar la Cancillería.
Si bien Piñera fue más categórico en materia de derechos humanos en la campaña del 2005, pues tenía la necesidad de diferenciarse del entonces abanderado de la UDI, Joaquín Lavín, en la reciente elección también le dio relevancia al tema. Por lo mismo, en los grupos Tantauco, abocados a elaborar el programa de gobierno había uno destinado específicamente a esta área, liderado por el abogado Gastón Gómez. Es así como en su programa, el mandatario plantea que el Estado debe “reforzar una política para enfrentar las situaciones del pasado orientada por valores de verdad, justicia y reconciliación”. Lo que finalmente se ha convertido en la doctrina Piñera en este ámbito.
Su postura coincide con lo que ha manifestado en reiteradas ocasiones respecto a lo que sucedió durante el régimen militar y que discrepa abiertamente con la posición manifestada por el embajador Otero. El año 2004 Piñera afirmaba que “nunca fui partidario del gobierno militar y la principal razón es porque yo vi esa cara fea, esa cara amarga, aterradora, desde el primer momento”. Por lo que de alguna manera hasta ahora no se ha torcido la línea que en este ámbito implementaron los gobiernos de la Concertación.
Eso es algo que la vocera Ena von Baer reiteró ayer al afirmar de manera tajante que la de Otero fue “una opinión personal y no son compartidas por el gobierno. No es la línea central del gobierno”. Al descolgarse de las opiniones del diplomático, el Ejecutivo intenta evitar que lo sucedido se convierta en un nuevo flanco para el mandatario, según lo perciben en Palacio, donde reconocen, en términos bastante más crudos, que Otero “la embarró”. Incluso el senador de RN Alberto Espina, sobrino del embajador, admite que “obviamente son declaraciones que al final del camino, en lo que se traducen es que ponen más dificultades” a la tarea que el gobierno realiza en materia de derechos humanos.
Sin embargo, defendió el derecho de Otero a expresar su opinión y criticó la “arrogancia” de la Concertación al pedir la renuncia del embajador por una declaración realizada a título personal. Y añadió que la lección que deja lo sucedido es que “los embajadores no se preocupen de hablar de lo que ocurrió hace 30 años, preocúpense de hablar de las relaciones que tenemos con los países en los próximos 30”.
[cita] Al descolgarse de las opiniones del diplomático, el Ejecutivo intenta evitar que lo sucedido se convierta en un nuevo flanco para el mandatario, según lo perciben en Palacio, donde reconocen, en términos bastante más crudos, que Otero “la embarró”.[/cita]
El tema fue abordado en el tradicional comité político de los días lunes y aunque el discurso oficial es que Otero sigue contando con la confianza del mandatario, a quien le atribuyen toda la responsabilidad de haber nombrado al ex senador en el cargo, lo cierto es que en La Moneda reconocen que el asunto no es menor, porque coloca a Piñera en un debate “que quiere evitar”. Tal vez por lo mismo, hasta el cierre de esta edición, el Presidente había evitado pronunciarse sobre el mismo durante su gira por el norte del país.
En la misma línea de La Moneda, el analista político Patricio Gajardo señala que los dichos de Otero pueden ser “discutibles, cuestionables y totalmente inoportunos” aún cuando el embajador está en su derecho de expresar sus opiniones personales si éstas no afectan las relaciones con el país donde está ejerciendo su labor. No obstante, aclara que las polémicas declaraciones “evidentemente constituyen un error porque tienen implicancias para el gobierno de Piñera, quien tiene una doctrina al respecto”.
Aunque Otero recibió un cerrado respaldo de los partidos de gobierno, en Palacio insisten en que no se sienten representados por sus declaraciones. Sin embargo, el embajador debió pedir excusas públicas por sus dichos: “Nunca jamás pensé que podría ser malinterpretado al no reconocer el dolor de tantas familias que han sido víctimas de la violación de los derechos humanos”, señaló. Y aludiendo a las relaciones con Argentina, indicó que “no quiero que nos separen con Argentina las malas interpretaciones”.
Pero no es seguro que el episodio concluya con sus disculpas públicas. En La Moneda no descartan que pasado un tiempo el jefe de Estado tome la determinación de removerlo, ya que Otero “cometió un error difícil de pasar por alto, dada su amplia experiencia política” y pone en tela de juicio “las confianzas” que el mandatario “ha tratado de generar en esta materia”.
Y no sería el primer embajador designado por confianza política que corre la misma suerte. Sólo por recordar un caso, por una situación similar atravesó el fallecido ex embajador de Chile en Venezuela, el DC Claudio Huepe, el año 2007 durante el gobierno de Michelle Bachelet. Cuando se debatía acerca de la postulación de ese país a ocupar un sillón como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, Huepe hizo pública una conversación con la ex mandataria sobre la postura de Chile.
En esa oportunidad, la Alianza criticó duramente el episodio. Al punto que el entonces miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, senador Sergio Romero (RN) –actual embajador en España- manifestó que con sus dichos, Huepe “está exhibiendo, en el exterior, una división de la Concertación que por mucho que no tenga contradicciones no me parece que un diplomático tenga que exhibir” y agregó que éste “no es el primer desaguisado de una Cancillería que debe profesionalizarse”.
Por su parte, el senador UDI Hernán Larraín destacó que “la Presidenta tiene que tomar una decisión y más vale ponerse colorado una vez, que amarillo varias. Si un embajador rompe la visión de Estado (…) eso debe ser ahora sancionado”. Demás está decir que Huepe no sólo se vio en la obligación de pedir disculpas, sino que renunció a su cargo, señalando que “creo que mis declaraciones provocaron un hecho político que nunca busqué ni pensé que se podía provocar”.
