Si bien la derecha cerró filas en defensa de las autoridades regionales apuntadas, en el Ejecutivo están concientes que no es una buena señal que esto pase a tan poco andar del nuevo Gobierno. En la Concertación, en tanto, tienen la convicción de que hay argumentos jurídicos que respaldan su postura, pero igualmente saben que no es una tarea fácil ganarla, debido a que la correlación de fuerzas no los favorece en la Cámara.
Cuando a fines de abril se conoció la existencia de un instructivo según el cual la intendente de la Tercera Región, Ximena Matas, solicitaba conocer la militancia de los funcionarios de este organismo, se encendieron las alarmas tanto en el gobierno como en la Concertación.
En La Moneda realizaron discretos contactos con el gobernador de la Provincia de Copiapó, Nicolás Noman, quien suscribió el documento en calidad de subrogante, pues la autoridad regional se encontraba fuera de la zona. Concientes de que, tal como ocurrió el jueves, la oposición no dejaría pasar la oportunidad de levantar una acusación constitucional, en Palacio decidieron inquirir los antecedentes necesarios para evaluar si existían argumentos que dieran pié al libelo.
Es así como Noman se contactó telefónicamente con el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para explicarle de primera fuente lo sucedido e incluso la vocera, Ena von Baer, también habló con el gobernador. Según una fuente que conoció las conversaciones, Noman le explicó a sus superiores que lo que firmó era un oficio en que se citaba al primer gabinete regional. Y que el anexo que está en tela de juicio pasó de contrabando en el documento original. Que nunca lo vio y mucho menos lo visó. Por lo que lo revocó apenas conoció de su existencia. A ello se suma el hecho de que tampoco tendría sentido una Acusación Constitucional en contra de la Intendente, pues ella se encontraba en Santiago, cuando ocurrieron estos hechos.
¿Cómo habría llegado el instructivo a manos del Intendente subrogante? Los defensores de Noman, ligado a la UDI, sostienen que el documento que ahora da pié a la acusación habría sido elaborado por una ex funcionaria de la intendente Matas. Misma que, según explican, “ni siquiera estaba en la nómina de la intendencia” y que sólo unos días después del episodio fue designada en un cargo regional. Funcionaria que, además, sería cercana a RN. Con estos argumentos, desde la UDI, se intentó frenar la acusación, cuando recién la oposición la estaba avaluando.
Y es, también, en este contexto que cuando se analizó el tema en la UDI se llegó a la conclusión, indica una fuente gremialista, de que no habría sustento para una acusación constitucional. Postura que se sostiene hasta ahora que la oposición, después de mucho estudiar el caso, decidió hacer la presentación que podría concluir con una Intendente y un Gobernador destituidos.
Aunque aún nada se ha dicho formalmente acerca de cómo se produjo este episodio al interior de la intendencia, la derecha decidió cerrar filas en torno a la versión de que la Concertación presentó el libelo para sacar dividendos políticos. Y esa es la línea que también expresó el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, quien en conversación con El Mostrador señaló que, a su juicio, en este caso existe una sobre reacción que corresponde a intereses de otro tipo”, de parte de la oposición.
[cita] Noman le explicó a sus superiores que lo que firmó era un oficio en que se citaba al primer gabinete regional. Y que el anexo que está en tela de juicio pasó de contrabando en el documento original. [/cita]
En la misma línea, asegura que tiene “la película clara” y que “la comunicación fue corregida” rápidamente , por lo que “para efectos jurídicos, estamos tranquilos, porque (el instructivo) no tuvo efectos de ningún tipo”. En ese sentido, recalcó que “no se le puede asignar responsabilidades” a ninguna de las autoridades sobre las que pesa la Acusación. Además descartó que esta polémica pueda generar repercusiones a la actual administración, en materia de imagen pública.
El subsecretario indicó que ha estado en contacto con Matas y Noman desde que se destapó el tema que concluyó con la presentación. Pero consultado respecto a la versión de que una ex funcionaria de la intendencia habría sido la autora del instructivo, explicó que “no tengo antecedentes ni me corresponde comentar esa información, que podría ser parte de la estrategia de defensa de la intendente, cuando corresponda”.
Tras conocer el anuncio realizado por un grupo de diputados de la Concertación, el jueves pasado, la vocera de La Moneda Ena von Baer ya había trazado la línea del gobierno sobre el tema. “Nosotros consideramos que esta acusación no tiene ninguna base. De hecho, la situación sobre la que se sustenta fue aclarada en el mismo día y no tuvo ningún efecto, por lo tanto estamos sumamente tranquilos como gobierno”, recalcó. Sin embargo, más allá del discurso oficial, fuentes de Palacio admiten que enfrentar una Acusación Constitucional “a tan poco andar, claro que no es bueno”.
El proceso formal de la Acusación Constitucional es largo. Por lo pronto, mañana martes se da cuenta en la Sala de la Cámara y se sortean los cinco diputados que integrarán la comisión que deberá abocarse a investigar los hechos. Y hasta el viernes hay plazo para que se notifique oficialmente a los dos afectados. A partir de allí, estos últimos cuentan con 10 días hábiles para que contesten a la Acusación. Ocurrida esta parte del proceso comienzan a correr los seis días para que la comisión tome conocimiento de los hechos. Posteriormente, será la Sala la que se pronuncie, votando primero la “cuestión previa”, es decir, si es que existen fundamentos para la acusación. Si esta es aprobada, se deberá votar la acusación constitucional. Que, en el supuesto caso de ser aprobada, pasa al Senado que actúa como juez.
El diputado DC Gabriel Ascencio, admite que dada la correlación de fuerzas en la Cámara Baja, que no favorece a la Concertación, “para convencer, vamos a tener que hacer un esfuerzo grande”. Pero asegura que en su sector tienen la convicción de que existen argumentos para la polémica acusación, por cuanto habría “buenos argumentos jurídicos” para sustentarla, pues a su juicio, las autoridades cuestionadas “con sus hechos, violaron algunas garantías constitucionales de los funcionarios” que podrían haber resultado afectados.
