Documento firmado por el ex secretario de Estado, René Cortázar, autorizó la ubicación de la repetidora en Manquehue Sur 1581. Ésta se instaló en la misma calle, pero frente al 1700. Un vecino molesto por la estructura decidió investigar y encontró que se habían borrado datos claves en los papeles presentados a la Municipalidad de Las Condes. El fiscal Ricardo Gertosio ya incautó documentación en la firma, donde se ordenó una investigación interna.
La Fiscalía Oriente abrió una investigación para establecer cómo un decreto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue adulterado para instalar una antena de la empresa de telefonía móvil “Claro” en un lugar distinto al autorizado, confirmó a El Mostrador el vocero de la instancia, Mario Schilling.
La determinación del organismo perseguidor se debió a la denuncia presentada por Gonzalo Rojas, a quién le instalaron la repetidora en Manquehue Sur 1700 -frente a su edificio- en circunstancias que el decreto establecía coordenadas para el 1581 de la misma calle (ver documento adjunto), en la esquina de esta última con Isabel La Católica.
Paralelamente, luego de una solicitud de información de este diario, la secretaría de Estado, a través del subsecretario de Telecomunicaciones, Jorge Atton, presentó otra denuncia en la fiscalía ante el perseguidor Ricardo Gertosio, basado en los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso del mismo.
La historia se remonta a mayo de este año, cuando Rojas observó como en el estacionamiento del supermercado Unimarc de Manquehue Sur esquina Latadía, se erigió, en pocas horas, una antena repetidora de telefonía de Claro.
Molesto con la construcción y porque la plusvalía de su departamento se vería afectada, decidió investigar para eventualmente reclamar a las autoridades.
Por esta razón solicitó a la Municipalidad de Las Condes la información en el Departamento de Obras, donde se reciben los documentos de la firma solicitante para levantar una estructura de estas características.
[cita]Gebauer indicó que desconocía por completo cómo pudo haberse falseado un documento gubernamental. En esa línea manifestó que, como empresa, están abiertos a colaborar con la investigación que lleva el fiscal Gertosio.[/cita]
Cuál sería su sorpresa cuando comparó el decreto original, fechado en julio de 2009 y firmado por el ex ministro del ramo René Cortázar, con el ingresado a la sede comunal, detectando que no coincidían.
No sólo estaban adulteradas las coordenadas con que fue aprobada la instalación de la antena, sino también la numeración, como también otros aspectos del documento.
A través de un funcionario de la municipalidad, entonces, hubo comunicación vía correo con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, donde se confirmó la adulteración del decreto.
Sin embargo, el empleado de la secretaría de Estado olvidó informarle a su superior de esta anomalía, dejando pasar varias semanas por lo que se había iniciado un sumario interno para determinar su responsabilidad administrativa.
De esta manera, al enterarse de los hechos la subsecretaría procedió a presentar la denuncia correspondiente el 24 de junio pasado por los ilícitos ya investigados.
Paralelamente, el fiscal Gertosio realizaba las primeras diligencias, tendientes a formalizar la investigación ante el tribunal de garantía –hecho que aún no ocurre- y entregó una orden de investigar a la policía civil, cuyos detectives se trasladaron hasta las oficinas centrales de Claro y requisaron los documentos relativos a la instalación de la antena cuestionada.
Para ello se comunicaron con el gerente de asuntos legales, Ricardo Gebauer, quien colaboró con la diligencia.
Consultado por este diario, Gebauer indicó que desconocía por completo cómo pudo haberse falseado un documento gubernamental. En esa línea manifestó que, como empresa, están abiertos a colaborar con la investigación que lleva el fiscal Gertosio.
“Nos preocupan las autorizaciones legales. Esto es primera vez que ocurre algo de esta naturaleza. Por esta razón ordené una investigación interna, con el objeto de esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos, más allá de la investigación que sustancia el Ministerio Público”, explicó Gebauer.
Consultado si tenía algún conocimiento de quién y por qué habría realizado un acto ilegal con el fin de instalar una antena, Gebauer indicó que “uno puede tener algunas sospechas, bien podría ser un contratista o uno de los arquitectos, pero en esto no es bueno prejuzgar. Hay que dejar que la investigación aclare los hechos”.
El perseguidor Gertosio además envió un oficio a la subsecretaría de Telecomunicaciones requiriendo una copia oficial del decreto falsificado, el que ya fue respondido por la autoridad. (ver documento adjunto).
Por ahora, la investigación del fiscal se encuentra desformalizada, es decir, está en la etapa de requerir los antecedentes a las instancias que tuvieron participación en el proceso, con el fin de reunir pruebas para acreditar el ilícito.
En la subsecretaría de Telecomunicaciones, en tanto, se explicó que tanto ellos como la autoridad comunal se encuentran impedidos de evitar la instalación de una antena con la actual legislación.
Se afirmó que basta con que una empresa acuerde con su contraparte un pago por el uso del sitio, contrato que sólo debe ser informado a la municipalidad. Al mismo tiempo, cumplida esa formalidad, solamente se requiere que la compañía telefónica de estricto cumplimiento a la ubicación de una antena.
Por esta razón se indicó que la modificación legal que se discute en el Parlamento evitará situaciones de este tipo, ya que de aprobarse la iniciativa, las empresas deberán negociar con todos los vecinos que se ven afectados por la instalación de una antena. Asimismo deberá entregar soluciones estéticas para el entorno.
Además, dentro del paquete de modificaciones a la norma, se incluye una figura llamada “co-localización”, que implica que en sólo una estructura puedan ser instaladas varias antenas, evitando de esta manera que se propague la instalación de estos artefactos por cada compañía que hoy opera en el mercado.
