Las autoridades regionales habían sido imputadas de haber infringido la carta fundamental por haber enviado un oficio que incluía un anexo donde se requería a seremis y gobernadores que recabaran antecedentes sobre la militancia política y las eventuales actividades y sindicales de los funcionarios públicos de la Tercera Región.
Por 60 votos a favor, 54 en contra y una abstención, la Sala de la Cámara de Diputados acogió los argumentos de la defensa y declaró inadmisible la acusación presentada por parlamentarios opositores en contra de la intendenta de Atacama, Ximena Matas, y el gobernador provincial de Copiapó, Nicolás Noman.
Al haberse aprobado la “cuestión previa” no se entró al fondo de la acusación y ésta se da por no presentada al no reunir los requisitos que establece la Constitución.
Las autoridades regionales habían sido imputadas de haber infringido la Constitución por haber enviado un oficio que incluía un anexo donde se requería a seremis y gobernadores que recabaran antecedentes sobre la militancia política y las eventuales actividades y sindicales de los funcionarios públicos de la Tercera Región.
Aunque dicho anexo fue rápidamente dejado sin efecto, según los acusadores se trata de una acción que vulneró el principio de probidad y las garantías constitucionales de libertad de asociación, igualdad ante la ley, libertad de expresión y el debido proceso, además de violar el estatuto funcionario y las normas que rigen a los intendentes.
La comisión informante que estudió la acusación había recomendado a la Sala, por tres votos contra uno, que se aprobara la cuestión previa deducida por la defensa y se desestimara el libelo.
En la sesión de este jueves, la Sala escuchó primero las exposiciones de los abogados defensores de los acusados y posteriormente a los diputados que integraron la Comisión Informante, tras lo cual se procedió a la votación.
Por la intendenta Matas alegó el abogado y ex diputado Hernán Bosselin, mientras que por el gobernador Noman lo hizo el abogado y actual diputado Giovanni Calderón (UDI), quien representa a uno de los dos distritos de Atacama.
Bosselin argumentó que la acusación debía ser desestimada porque a su juicio no reunía los estándares mínimos requeridos porque se basaba en un acto administrativo que no llegó a materializarse y no tuvo ningún efecto jurídico. Aseguró además que los acusadores no aportaron pruebas para avalar sus imputaciones.
Calderón reafirmó lo anterior y planteó que la acusación carecía de toda base fáctica, lógica y jurídica, lo que en su opinión debió haberse expresado en que ni siquiera debió haberse admitido a tramitación.
Posteriormente, el diputado Gabriel Ascencio (DC), integrante de la Comisión Informante, expuso su posición favorable a aprobar la acusación señalando que sí hubo infracción constitucional porque el acto administrativo sí existió, más allá de que haya sido revocado, y que no era necesario que hubiera provocado resultados. Cuestionó además a los acusados por no comparecer personalmente para responder las acusaciones y relacionó este episodio con los despidos de funcionarios públicos que se han estado produciendo en las últimas semanas.
El diputado Pedro Browne (RN), también miembro de la Comisión, se pronunció en contra de la acusación señalando que sólo se trató de una utilización política de una facultad parlamentaria y poniendo énfasis en que el propio presidente de los funcionarios del gobierno regional testimonió que ha habido un absoluto respeto por la carrera funcionaria de parte de las nuevas autoridades de la intendencia.
El diputado Nino Baltolu (UDI), integrante de la Comisión, manifestó su rechazo al libelo acusatorio, calificándolo como una acción temeraria, abusiva y mal planteada, atribuyendo a sus autores sólo el deseo de darse “un gustito personal”.
Finalmente, el presidente de la instancia parlamentaria, Nicolás Monckeberg (RN), se pronunció por el rechazo a la acusación, a la que definió como insustancial, e hizo hincapié en que los parlamentarios acusadores ni siquiera concurrieron a la Comisión a aportar antecedentes. El parlamentario esto era parte de un juego político sin sentido que ponía en juego la honra de personas y desnaturalizaba una facultad constitucional.
Tras las intervenciones se procedió a la votación de la “cuestión previa” invocada por la defensa, la que fue acogida por 60 votos a favor, 54 en contra y una abstención, lo que significa que se tiene por no presentada.
