Descrito como un “cuerpo de élite”, la UIPO estuvo a cargo de las mejoras que se hicieron en el sector minero, agrícola, retail y en la situación de los trabajadores de la televisión, entre otros sectores especialmente sensibles como el de los conductores de buses interurbanos. Pero todo eso terminó, al menos como lo conocíamos, justo en los días que el gobierno lanza con bombos y platillos su proyecto estrella sobre seguridad laboral.
El 1 de julio pasado, los 8 funcionarios de la Dirección del Trabajo que componían la Unidad Inspectiva Programada de Oficio (UIPO) se enteraron de que su repartición dejaba de existir y ellos volverían como los demás a ser fiscalizadores “en terreno”.
Hasta ese momento la UIPO era la “vedette” de la Dirección del Trabajo, si se tiene cuenta que los resultados de la labor que se hacía en su interior, nutrió la agenda laboral de los gobiernos de la Concertación, partiendo por la puesta en práctica de la Ley de Subcontratación, con especial énfasis en la minería. Después le siguen otros sectores conocidos por la precariedad en la que trabajan sus empleados.
Así ocurrió con los choferes de buses interurbanos, cuyos problemas se hicieron de urgente resolución después del accidente de la empresa Tur Bus en el Río Tinguiririca, donde murieron 25 personas en mayo de 2006.
Fue esta unidad la que se sentó a conversar con las mujeres temporeras y sus empleadores, igual que con el retail y los bancos, la construcción, los tripulantes de la industria aeronáutica y los futbolistas profesionales. El diagnóstico de la UIPO en estos dos últimos casos terminaron siendo la base de dos leyes específicas: la 20.321 y la 20.178, respectivamente.
[cita]Una de las versiones que más sonó al interior de la Dirección del Trabajo y que refrendan algunos abogados laboralistas es que en el fin de la UIPO sirvió como un importante catalizador por la sanción cursada a Chilevisión, el canal del Presidente de la República, que fue condenado a pagar dos multas por un total de $21 millones a fines de abril de este año, en el contexto de la fiscalización a 6 canales de televisión abierta.[/cita]
De esta manera, la unidad “consiguió sentarse con los gremios y sus empleadores para abordar los problemas de cada sector. En una mesa estuvieron Diego Hernández, cuando era presidente del Consejo Minero, con los sindicatos del Cobre para la ley de Subcontratación, igual que las temporeras con la gente de la Sociedad Nacional de Agricultura”, cuenta una fuente de la Dirección del Trabajo. Y recuerda que durante ésta época se puso especial acento en la seguridad y calidad al interior de los yacimientos mineros.
Apenas se supo del cierre empezaron los rumores. Una de las versiones que más sonó al interior de la Dirección del Trabajo y que refrendan algunos abogados laboralistas es que en el fin de la UIPO sirvió como un importante catalizador por la sanción cursada a Chilevisión, el canal del Presidente de la República, que fue condenado a pagar dos multas por un total de $21 millones a fines de abril de este año, en el contexto de la fiscalización a 6 canales de televisión abierta. El caso de Chilevisión sigue en la Corte de Apelaciones.
Patricia Silva (PS), ex directora del Trabajo, descarta que el cierre de la unidad haya sido consecuencia directa de la sanción al canal. “Para mí tiene que ver con el sello que se quiere imprimir a la DT, se prefiere algo menos punitivo, menos sancionador. Pero el país requiere una fuerte actividad fiscalizadora”, dice.
Consultados para esta nota, las fuentes oficiales de la Dirección del Trabajo dijeron que su directora, María Cecilia Sánchez, estaría ocupada en el Congreso en la comisión investigadora por el accidente en la mina San José y que la manera más fácil de obtener su versión era remitiéndose a una entrevista en el diario Estrategia del 18 de agosto, donde esta explica que el cierre de la UIPO en los siguientes términos: “Creemos que esos fiscalizadores –atendido el impulso que quiero dar– deben estar permanentemente en terreno, eso no significa que las funciones que cumplían no se realicen, el mismo departamento de inspección lo hace y sigue con las fiscalizaciones programadas para comercio, transporte e infraestructura”, dijo Sánchez.
Para Patricia Silva esta explicación es “poco coherente, si quiere más fiscalizadores que saque a la gente de las oficinas. El tipo de fiscalización de la UIPO era mucho más de alto impacto que la fiscalización 1 a 1. Es de alto impacto y más eficiente en cuanto al gasto de recursos. Además se necesita una unidad que planifique y haga control interno de la labor inspectiva, que era a lo que ellos se dedicaban. Además es lo que se hace en todas partes del mundo”, dice.
Según el documento de 2003 que dio origen a la repartición “se puede avanzar sustantivamente si se logra establecer una agenda de cooperación con propósitos compartidos entre la administración y los administrados. Este compromiso de las partes hace posible intervenciones más efectivas y permite un uso óptimo de los escasos recursos públicos, liberando capacidades para enfrentar aquellos aspectos en los que no se logra la cooperación”.
Como sea, hay algunas cosas que quedaron a medias. Durante su trabajo la UIPO avanzó junto a los choferes de buses interurbanos en el control de las jornadas y los descansos de los conductores y en la inclusión de un dispositivo a bordo para que los pasajeros pudieran controlar las horas de conducción y la velocidad. “Trabajamos mucho en conjunto”, dicen en Fenabus.
En un sistema similar se estaba trabajando en conjunto con la Federación de Camioneros del Bio-Bio pero se canceló en vista de que la unidad fue disuelta. Los efectos de esta suspensión especialmente en la seguridad de las carreteras, aún están por verse. Pero al menos el cierre de la UIPO genera ruido en el contexto de la seguridad laboral en la que el nuevo gobierno pretende avanzar.
