En el informe se concluye que el déficit financiero del sistema de transporte público capitalino ha aumentado más allá de lo previsto en las proyecciones debido al aumento de costos, la reducción de ingresos, el menor crecimiento de la demanda por viajes y la mayor competitividad de otros medios de transporte.
Con 68 votos a favor y dos abstenciones, la Cámara de Diputados dio su aprobación al trabajo de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, que en calidad de investigadora analizó las causas que ocasionaron el desfinanciamiento del sistema de transporte público de Santiago y además formuló una serie de recomendaciones y propuestas para corregirlo.
La citada comisión recibió el mandato investigador de la Sala el 18 de mayo pasado a raíz de la solicitud planteada por 49 diputados, quienes advirtieron sobre la grave situación de creciente déficit financiero que experimenta el Transantiago y por ello propusieron que la instancia especializada de la Cámara analizara los hechos y determinara eventuales responsabilidades administrativas y políticas.
Para el cumplimiento de su cometido la Comisión Investigadora celebró seis sesiones entre el 1.o de julio y el 27 de agosto y recibió los testimonios del actual ministro de Transportes, Felipe Morandé; del ex ministro del ramo René Cortázar; la entonces coordinadora de Transantiago, Ana Luisa Covarrubias; la directora de Presupuestos, Rosanna Costa; y el ex asesor del mismo ministerio, Andrés Gómez-Lobo.
Las conclusiones y recomendaciones del informe final fueron redactadas por los diputados Juan Carlos Latorre (DC) y Mónica Zalaquett (UDI) y aprobadas por la unanimidad de los integrantes de la Comisión Investigadora.
En el informe se concluye que el déficit financiero del Transantiago ha aumentado más allá de lo previsto en las proyecciones debido al aumento de costos (derivados del aumento de flotas y servicios), la reducción de ingresos (provocada por el aumento de la evasión), el menor crecimiento de la demanda por viajes y la mayor competitividad de otros medios de transporte.
El documento agrega que la reducción prevista en el subsidio estatal y la mantención de la estructura de costos pueden derivar en un creciente déficit que no es viable cubrir elevando las tarifas. “La situación es compleja y de cumplirse las proyecciones del Gobierno, se deberían tomar medidas para desacelerar la trayectoria de alzas de las tarifas y mantener el precio en niveles consistentes con la realidad de las familias de menores ingresos”, apunta el informe.
El texto de la Comisión Investigadora sostiene que es indispensable abordar una serie de cambios para mejorar el servicio a los usuarios, los cuales deben llevarse a cabo “en forma gradual y controlada”. Entre los cambios propone corregir el sistema de incentivos a los operadores; perfeccionar la estructura de recorridos buscando reducir los trasbordos; una gestión de flota más flexible para reducir costos de operación; facilitar el sistema de pago; y mejorar los mecanismos de control de la frecuencia, regularidad y calidad del servicio.
También se enfatiza la necesidad de construir un consenso que permita al Ministerio de Transportes implementar los cambios necesarios con amplio consenso parlamentario. En ese marco, sugiere la presentación de un proyecto de ley que aumente los subsidios, en caso de ser necesario para garantizar la estabilidad financiera del sistema, y amplíe las facultades fiscalizadoras del Ministerio para velar por una efectiva provisión de los servicios.
Finalmente, el Informe de la Comisión Investigadora recomienda a las autoridades que en todas las gestiones de mejora del sistema se antepongan el interés de los usuarios y la estabilidad de los trabajadores.
