El secretario de Estado se refirió a las gestiones que realizan en el vecino país organismos humanitarios como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, quienes pidieron a la administración de Cristina Fernández que otorgue la condición de refugiado político al ex frentista.
El gobierno admitió este jueves la posibilidad que fracase su solicitud de que Argentina extradite al ex frentista Galvarino Apablaza, acusado de haber participado en el asesinato en 1991 del senador Jaime Guzmán Errázuriz.
«Siempre ha existido la posibilidad de que la extradición de Apablaza por alguna razón no se concrete», reconoció el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter en declaraciones desde el Congreso, en Valparaíso, donde asistió al debate del proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista.
Hinzpeter sostuvo que los crímenes que se cometen en Chile deben ser juzgados en Chile.
«Lo que esté a nuestro alcance lo vamos hacer para completar esa extradición, respetando la soberanía de otros países y las leyes que las rigen», enfatizó el jefe del gabinete.
El ministro del Interior, recalcó que lo importante de la extradición de Apablaza es la «conducta y decisión» con que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha enfrentado el tema.
Hinzpeter afirmó que los gobiernos de la Concertación (1990-2010) actuaron con «dejación y desidia».
En esa línea, sostuvo que la extradición del presunto asesino del senador de la UDI se había manejado con «abandono» por parte de las autoridades políticas», en alusión a los cuatro presidentes de la Concertación que gobernaron Chile tras el término de la dictadura el 11 de marzo de 1990.
En tanto, la ministra portavoz, Ena von Baer, anunció que el Ejecutivo dará «todos los pasos» y «hará todos los esfuerzos posibles» para que las personas que estén involucradas en crímenes cometidos en Chile sean juzgadas en los tribunales de este país.
Galvarino Apablaza reside en Argentina junto a su pareja, la periodista Paula Chaín, que trabaja en la sede del gobierno argentino desde 2005, confirmó el jefe de gabinete del país, Aníbal Fernández.
Este miércoles, el Ejecutivo a través de uno de sus abogados que le representan en Buenos Aires, solicitó ante la justicia de Argentina la detención del ex subversivo.
La administración de Sebastián Piñera está ahora a la espera de que la Justicia argentina le dé curso a la solicitud de arresto de Apablaza Guerra, quien reside a las afueras de Buenos Aires.
Chile reclama la extradición del ex frentista para juzgarlo por el homicidio de Guzmán, ideólogo del régimen del fallecido general (r) Augusto Pinochet, cometido por el FPMR el 1 de abril de 1991.
En tanto, organismos humanitarios de Argentina, entre ellos Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y el Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, pidieron este miércoles que el Gobierno argentino otorgue la condición de refugiado político a Apablaza Guerra, tal como lo solicitó el chileno para evitar la extradición.
La decisión final está en manos del Gobierno de Cristina Fernández, pero el abogado de Apablaza Guerra, Rodolfo Yanzón, aseguró que existe un «98 por ciento de posibilidades» de que el Ejecutivo le reconozca como refugiado y no lo extradite a Chile.
