El sindicalista dijo que se tuvo una reunión con la ministra del Trabajo previa al accidente, ocasión en que se le informó de los riesgos que implicaba el yacimiento, pero que pese a los antecedentes se puso en la balanza el hecho de mantener los empleos a “costa de la vida de los obreros”. Además, los antecedentes también fueron entregados a Laurence Golborne para que se tomaran medidas en la empresa dueña del pique, ya que se estaban empezando a repetir ciclos de peligro.
El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores provincial de Copiapó, Javier Castillo, aseguró que el Gobierno sabía de los riesgos existentes en el yacimiento San José donde estuvieron atrapados los 33 mineros.
«Tuvimos una reunión con la ministra del Trabajo (Camila) Merino, ocasión en la que se habló de los riesgos que habían en esa mina y que pese a la cantidad de accidentes, muertes y derrumbes de cerro siempre se ponía en la balanza el hecho de mantener los empleos a costa de la vida de las obreros», dijo Castillo.
«Eso fue conversado con la ministra Merino», recalcó el dirigente en declaraciones que difunde la página electrónica de Radio Cooperativa.
Agregó que en consecuencia «sí se puso en conocimiento de las autoridades del Gobierno el riesgo de ese yacimiento antes del accidente, el pasado 5 de agosto».
Castillo dijo que ese mismo día (1 de julio), en oficinas de los legisladores de la Unión Demócrata Independiente, los trabajadores también informaron al ministro de Minería, Laurence Golborne, de las irregularidades, y que el 5 de julio, tras el accidente de Gino Cortés, que perdió una pierna en esa veta, intentaron conversar nuevamente con el funcionario, pero no los recibió.
El dirigente sindical afirmó que en la última oportunidad que intentaron hablar con Golborne, salió la secretaria de la jefa de gabinete del ministro: «a preguntar que queríamos».
«A ella le entregamos detalles de que había habido un accidente (el de Cortés), y que era urgente y necesario que se tomaran las medidas en la empresa Minera San Esteban, dueña del yacimiento San José, ya que se estaban empezando a repetir ciclos de peligro y ella tomó nota», añadió.
Castillo afirmó que todos estos antecedentes ya fueron entregados a la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga las causas y las responsabilidades del accidente que dejó a 700 metros de profundidad a los 33 mineros durante 70 días.
El pasado jueves, el abogado Edgardo Reinoso, informó que los 33 obreros se querellarán contra los dueños de la mina siniestrada y entidades públicas involucradas en la reapertura del yacimiento en el año 2008, pese a que no contaba con todos los estándares de seguridad.
El abogado explicó que la iniciativa se basa fundamentalmente en las declaraciones de la ministra del Trabajo, Camila Merino, quien señaló que el Gobierno tenía antecedentes «de que la mina no debería haber estado abierta».
