Una cosa es una elección. Y otra lo que hay detrás de los clubes y sus dueños. Miguel Nasur y Miguel Bauzá se trenzaron a querellas por el Casino de Iquique. Alberto Eguiguren le jugó una mala pasada de negocios a Salvador Said, quien mediante abogado logró obtener una cifra millonaria. Unión La Calera tiene a su dueño preso hace un año y aún figura como director en la Superintendencia de Valores. Darío Calderón es amigo, asesor y director de Enjoy, la empresa de Antonio Martínez, pero éste sigue sin creer en su versión.
Nadie ha quedado ajeno. Ni el Presidente de la República, ni los parlamentarios, ni los hinchas, ni los periodistas deportivos, ni los empresarios dueños de clubes. A casi una semana de las elecciones de la ANFP, en las que el español Jorge Segovia derrotó a Harold Mayne-Nicholls, siguen sumándose hechos, acusaciones y personajes.
El último en entrar a la cancha fue el abogado Darío Calderón, en cuyo departamento de Valle Escondido, un condominio con cancha de golf a la entrada de El Arrayán, se reunieron el domingo Segovia, Antonio Martínez, vicepresidente de la lista ganadora y socio de Everton, y Mayne-Nicholls. Allí el abogado que asesora a importantes grupos económicos como los Cueto, dueños de Lan; los Martínez, propietarios de la cadena de casinos Enjoy –en ambas empresas es miembro de sus directorios- y Copesa, de Alvaro Saieh, planteó separar la ANFP de la Federación, un modelo que existe en España, dejando a la Selección en manos de la segunda y a la primera en manos de los clubes que velan así por sus intereses económicos.
Su intento por acercar posiciones entre el presidente en ejercicio y el electo provocó el efecto contrario, porque generó dos lecturas acerca de cómo, quién y porqué se gestó el encuentro. Y ocurrió a cinco días de que la comisión jurídica de la ANFP emita el esperado fallo. Si Segovia se mantiene o deja su puesto, lo que implicaría llamar a nuevas elecciones, debido a que el estatuto de la ANFP prohíbe las relaciones comerciales entre el dueño de un club y una empresa de su propiedad como ocurre entre su club Unión Española y su Universidad SEK.
Desde hace 30 años Calderón asesora legalmente a Antonio Martínez, concesionario histórico del casino de Viña del Mar y padre del vicepresidente de la lista de Segovia. Una estrecha relación que no fue obstáculo para ponerlos en posiciones antagónicas. Martínez hijo aseguró que Calderón habló en representación Mayne-Nicholls en la reunión. “Esta idea es mía. Llamé a Segovia el sábado y le pregunté ‘¿no has conversado con Harold Mayne-Nicholls?’ Me respondió que no. Insistí en que por qué no lo hacía. Es que no me contesta. Si quieres lo llamo yo y nos juntamos. Veamos si Harold está dispuesto’. Le pregunté (a Mayne-Nicholls), me dijo que bueno. “No había agenda, sólo el deseo de descomprimir”, explicó el abogado a El Mostrador.
El martes en la mañana volvió a juntarse con Segovia y Martínez en su oficina, aunque esta vez por separado. “Le dije a cada uno cómo se les ocurre armar este guirigay. Les planteé que si creían que yo hablaba en representación de Harold Mayne-Nicholls por qué no me llamaron para preguntarme”.
Como si oyera llover Martínez insistió por la tarde en Radio Agricultura que “la invitación fue súper concreta: vengan a mi casa porque hablé con Harold para solucionar este tema”.
Calderón no es el primer abogado que aparece en escena. Ya lo hicieron Andrés Jana, socio del estudio de Rodrigo Hinzpeter y quien ha sido asesor por largo tiempo de la ANFP. Tomó su defensa cuando los tres clubes grandes se opusieron tajantemente a la idea de reparto igualitario de las utilidades del Canal del Fútbol. Los demandantes contrataron a dos oficinas: Alcaíno, Sahli y Rodríguez, el brazo jurídico de Carlos Alberto Délano, socio y director de Azul Azul, y a Gutiérrez, Waugh, Jimeno y Asenjo, que participó en otro caso en el cual se vieron involucrados dos miembros de la lista opositora.
[cita] Presidente de la Asociación Central de Fútbol entre 1985 y 1989, Nasur pasó 19 días preso en Capuchinos en 1994 por una querella por apropiación indebida de US$ 103 mil de una gira de la selección mundial juvenil y por alterar los balances, que presentó Abel Alonso, ex presidente de la Asociación. Aunque fue sobreseído está inhabilitado de por vida para ser presidente u ocupar cualquier cargo directivo en la ANFP.[/cita]
El asunto se zanjó con un acuerdo del Consejo de Presidentes de los 32 clubes de la ANFP. No dejó contentos a Colo-Colo, la U y la UC y fue el germen que culminó con una lista opositora y un seductor programa económico preparado lenta, pero eficazmente por Alberto Eguiguren, vicepresidente de Wanderers; Antonio Bloise, presidente de Everton, y Guillermo Mackenna, cabeza de Colo-Colo.
Fuera de las lides del fútbol los dirigentes deportivos se han enfrentado por conflictos de negocios tanto o más potentes que la guerra por el control de la ANFP. El más reciente, el del presidente de Palestino, Salvador Said, con Alberto Eguiguren, gestor de la lista opositora, y el dueño de Recalcine, Alejandro Weinstein, que derivó en el pago de US$14 millones a Said. En 2004, los tres se asociaron para comprar dos laboratorios farmacéuticos en Argentina con miras a seguir creciendo. Y la oportunidad se presentó: la venta de Fada Pharma, uno de los más grandes en remedios genéricos, les permitiría ubicarse en el segundo lugar del mercado en Argentina. El problema fue que Said quedó excluido de la operación, contraviniendo el compromiso de ir juntos en todos los negocios del rubro que surgieran en Argentina. Weinstein y Eguiguren, su abogado de cabecera, intentaron más tarde hacer una fusión de las empresas, dejando a Said en una posición muy desmedrada. Eso lo obligó a contratar al abogado Pedro Pablo Gutiérrez, socio del mismo estudio que defendió a los clubes grandes, quien logró un muy buen acuerdo para su cliente: el pago de US$14 millones, cifra mucho más alta que la que el timonel de Palestino invirtió en el negocio de la discordia.
Las confianzas se dañaron, por lo que sólo una vez –dicen quienes los conocen- Said participó en una comida en la que estuvo presente Eguiguren junto a otros mandamases de clubes que no querían a Mayne-Nicholls como presidente
Carlos Heller, el mayor accionista de Azul Azul, con un 24%, está distanciado de Federico Valdés, el presidente, Peter Hiller, Carlos Aberto Délano y José Yuraszeck, porque lo han marginado de las principales decisiones. El hijo de Liliana Solari, una de las dueñas de Falabella, hizo pública su preferencia por Harold Mayne-Nicholls, pero no cuenta con mayoría en el directorio. Pudo ser presidente de Azul Azul, pero las amenazas y funas de los algunos hinchas lo hicieron desistir. “Me arrepiento”, sostuvo a la revista Poder. De haber asumido el cargo, Mayne-Nicholls habría obtenido dos votos más, dejando la cuenta 24-26.
Mientras Miguel Nasur, dueño de Santiago Morning, asumía la vocería del triunfo de la lista ganadora en Chilevisión el día de la elección; Miguel Bauzá, dueño de Coquimbo Unido, daba la cara por Harold Mayne-Nicholls en Canal 13
Ambos fueron protagonistas de una de las historias más enrevesadas y, sin duda, más escandalosa en el negocio de los juegos de azar. Fue por el casino de Iquique, donde hubo intentos de toma de control, traiciones y abogados de renombre defendiendo a una y otra parte.
Miguel Bauzá, miembro de RN como su mujer, la senadora Lily Pérez, presentó una querella por estafa en contra de Miguel Nasur, quien fue sometido a proceso por el juez Jorge Colvin, del 2º Juzgado del Crimen de Santiago, pero finalmente resultó sobreseído.
A su vez Nasur se sumó a una querella por estafa en contra de Bauzá y Jacobo Kravetz (condenado hace 10 días por entregar información a la bolsa que hizo subir los papeles de Schwager y que aprovechó para comprar acciones), alegando que le había pagado a Kravetz $200 millones de pesos en efectivo en un intento por la toma el control del casino. Pero el que lo logró fue Bauzá, quien dio vuelta a Kravetz con un tentadora oferta de US$ 1 millón entre dinero efectivo y un terreno en la Avenida del Mar en La Serena.
En este caso Nasur contrató al abogado Alfredo Etcheberry y Miguel Bauzá, a Hugo Rivera. Ninguna de las querellas prosperó, ya que fueron sobreseídas.
Presidente de la Asociación Central de Fútbol entre 1985 y 1989, Nasur pasó 19 días preso en Capuchinos en 1994 por una querella por apropiación indebida de US$ 103 mil de una gira de la selección mundial juvenil y por alterar los balances, que presentó Abel Alonso, ex presidente de la Asociación. Aunque fue sobreseído está inhabilitado de por vida para ser presidente u ocupar cualquier cargo directivo en la ANFP.
En julio pasado la Corte Suprema falló en el caso conocido como la toma de Peñalolén: 231 hectáreas de propiedad de Nasur que fueron ocupadas por mil 700 familias sin casa en 1999. Ordenó al Fisco pagar al presidente de Santiago Morning $12.127 millones, la mitad de lo que él solicitó en la demanda por indemnización en contra del Serviu.
Nasur, quien compró los terrenos en $150 millones, además resultó sobreseído en la querella por “loteo brujo”, al permitir que entraran personas a su terreno sin las subdivisiones legales, que interpuso la Intendencia de Santiago. Nuevamente, fue defendido por Alfredo Etcheberry en primera instancia. Manuel Díaz de Valdés y Arturo Gardeweg lo hicieron en las siguientes.
De todos los clubes que votaron en las elecciones de la ANFP, el caso de Unión La Calera es inaudito. Su dueño, Tomás Serrano Parot, está preso desde hace un año por uso indebido de custodias, es decir, destinar dineros de clientes a operaciones que no corresponden al giro de una corredora de bolsa. La suya, Raimundo Serrano Mac Auliffe, dejó de operar tras la querella presentada por uno de los afectados que no recibió su plata de vuelta.
Este lunes iba a ser formalizado por el Séptimo Juzgado de Garantía junto al ex vicepresidente de la corredora, Ernesto de Val, pero la audiencia se suspendió hasta el próximo 22, debido a que los abogados (Arturo Yuseff, socio del estudio de mismo nombre, y Luis Arévalo, de la oficina de Luis Ortiz Quiroga) aparecieron defendiendo a ambos. El juez ordenó que cada uno tomara a un cliente por separado.
Dado que La Calera es una sociedad anónima debe informar de todos sus movimientos la Superintendencia de Valores. Y en esa entidad Serrano figura como director del club; Jorge Fuenzalida, otro de los imputados, como presidente; Luis Núñez, quien se encuentra preso, como vicepresidente, y de Val como director.
En el proceso eleccionario concurrió a la urna Sergio Jadue, director según consta en la SVS, pero que actúa como presidente y votó a favor de la lista de Segovia.
A diferencia de Rangers, no existe un síndico de quiebras, ya que La Calera no ha quebrado, pero como parte de los activos de Serrano y de la corredora deberá ser rematados.
Otro club de propiedad de Serrano era Deportes Ovalle, de Tercera División, el que fue vendido en abril a Miguel Nasur.
