El tribunal acogió el recurso de protección presentado por los abogados representantes de Atacama sin Carbón y la familia Domínguez, vecinos y afectados directos por el megaproyecto. De este modo, se declara ilegal y se deja sin efecto el cambio de calificación de ‘contaminante’ a ‘molesto’, efectuado por el ex Seremi de Salud de Atacama Raúl Martínez, que pretendía posibilitar la instalación de la industria energética en la zona de Punta Cachos, Copiapó.
En sentencia pronunciada en el día de hoy la Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió de manera unánime confirmar el fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó, en relación a impedir que la Corema de Atacama apruebe la Termoeléctrica Castilla.
De esta forma, ratifica la ilegalidad del cambio de calificación ambiental del proyecto de “contaminante” a “molesto”, realizado de manera irregular por el ex Seremi de Salud, Raúl Martínez, el mismo funcionario que tuvo un breve paso por el Gobierno y presentó su renuncia tras haber autorizado la reapertura de la Mina San José.
La Corema de Atacama deberá votar el proyecto en los próximos días y se encuentra forzada a rechazarlo, dado que según el fallo del máximo tribunal del país, se mantiene vigente la calificación original efectuada por la autoridad sanitaria, que definió la industria como “contaminante” y por ende, no se ajusta a la normativa de uso de suelo autorizado en la zona en que se pretende instalar, la que sólo admite industrias “molestas”.
Actualmente la Corema mantenía suspendida la etapa final del procedimiento de evaluación ambiental, a la espera de la resolución judicial, restándole –una vez que se reactive el procedimiento por parte de la autoridad regional- sólo dos días para que termine su plazo legal para votar.
El lunes 25 de octubre pasado la Corte Suprema había escuchado los alegatos de los recurrentes, los abogados de la empresa CGX (antes MPX) y el Consejo de Defensa del Estado.
“Este es una señal muy importante, clara y definitiva de nuestros tribunales de justicia que dan la razón a nuestros planteamientos y ratifican lo que hemos venido sosteniendo, en cuanto a que el renunciado Seremi Raúl Martínez, se apartó por completo de la ley, al recalificar la industria tratando de manera arbitraria de favorecer a la empresa”, sostuvo Patricio Escobar, abogado de Atacama sin Carbón y la Familia Domínguez.
Añadió que “ésta es además una señal importante para el país, que demuestra de que los tribunales de justicia son independientes frente a las decisiones políticas, al declarar como válida nuestra postura respecto de la ilegalidad en que se basaría una eventual construcción de Castilla. Un proyecto tan poco transparente como el de la Termoeléctrica Castilla nunca se iba a ganar la confianza de la comunidad, dado que todo el proceso de calificación ambiéntal ha estado plagado de irregularidades de parte de la empresa y, la que lamentablemente en algunos casos ha contado con la colaboración de la autoridad”.
Por su parte, Paula Dominguez, vocera de Atacama sin Carbón señaló que “estamos felices, porque con este fallo y la imposibilidad en consecuencia de construir Catilla, han quedado protegidos el desierto florido, las playas vírgenes y el ecosistema de la zona. Estamos a favor del progreso y de repensar la matriz energética, que sí puede contar con termoeléctricas en caso de no existir otras alternativas renovables, pero de ser así, se debe exigir que obedezcan a altos estándares internacionales de mitigación ambiental, con una tecnología de punta que sea la mejor disponible (y no la más barata, como se ha intentado en este caso) y ubicadas en lugares donde su impacto sea mínimo, lo que en ningún caso ocurría con el proyecto del señor Batista”.
La construcción de esta megacentral estaría emplazada en el lugar donde se da el fenómeno de desierto florido más ejemplar del mundo, entre los Parques Nacionales de Pan de Azúcar y Llanos de Challes y contemplaba además un Puerto y un gigantesco depósito de cenizas de más de 120 hectáreas –casi el doble de la superficie del Parque O’Higgins de Santiago- que se ubica a menos de 8 kilómetros de la comunidad de Totoral, en un Sitio Prioritario establecido por la CONAMA: Quebrada del Morel (área ecológicamente protegida).
La empresa MPX actuó desde un principio de manera irregular y poco transparente. Desde el momento de presentar el proyecto intentó burlar la ley y el sistema de evaluación ambiental chileno, presentando en forma parcializada el proyecto (presentó la Central y el Puerto por separado).
Además, trató de presionar a las comunidades agrícolas y de pescadores afectadas, mediante importantes ofertas económicas, a cambio de una renuncia absoluta de las personas a formular observaciones legítimas al proyecto.
Por último, al ser calificada la industria como contaminante, en lugar de modificar el proyecto en aquellos aspectos señalados por la autoridad de salud como contaminantes y establecer medidas de mitigación adicionales, la empresa optó por utilizar de manera irregular recursos administrativos y ejercer todo tipo de presiones políticas para modificar esta calificación.
Los opositores a Castilla recordaron que en la costa del megaproyecto están las últimas playas vírgenes de Chile, un verdadero patrimonio nacional, y un lugar con un potencial turístico único.
En la bahía donde se proyectaba el puerto, habita la comunidad de tortugas marinas más austral del mundo, y junto a ella, pingüinos, lobos marinos, y una gran diversidad de flora y fauna.
