Luego de la explosión de febrero de 2007, y tras una investigación se determinó que las empresas Gasvalpo y Chilquinta eran las responsables de la explosión que afectó a este histórico y popular sector de Valparaíso, producto de la cual hubo muertos, edificios quemados y posteriormente demolidos, heridos y una pérdida invaluable de fuentes de trabajo, hogares, historia y tradición.
El directorio del Consejo de Defensa del Estado determinó rechazar la rebaja en las transacciones (multas) que solicitaban las empresas responsables de la explosión de calle Serrano, Gasvalpo y Chilquinta.
Luego de la explosión de febrero de 2007, y tras una investigación se determinó que las empresas Gasvalpo y Chilquinta eran las responsables de la explosión que afectó a este histórico y popular sector de Valparaíso, producto de la cual hubo muertos, edificios quemados y posteriormente demolidos, heridos y una pérdida invaluable de fuentes de trabajo, hogares, historia y tradición.
Ante la gravedad de la tragedia, la Superintendencia de Seguridad y Combustibles, SEC, multó por un total de 700 millones a ambas empresas, decisión que las empresas apelaron.
La apelación debía ser resuelta por el Consejo de Defensa del Estado y hoy, tras una reunión que sostuvieron los abogados de las víctimas de calle serrano y el senador Ricardo Lagos Weber en Santiago, se informaron que el Consejo, presidido por Sergio Urrejola, determinó no aceptar la solicitud de las empresas.
Al respecto Pablo Andueza, uno de los abogados de las víctimas señaló que es una señal tremendamente positiva para Valparaíso esta resolución en donde lentamente se empieza a hacer justicia en este emblemático caso.
Asimismo, recordó que las empresas responsables, Gasvalpo y Chilquinta, sólo han pagado indemnizaciones a las familias de los 4 fallecidos, pero no se han manifestado por las más de 80 personas que resultaron afectadas: heridos, personas que perdieron su fuente laboral, otros que perdieron sus casa y sus enseres, quedando con una tremenda secuela económica, familiar, social y psicológica.
En este sentido, el abogado señaló que la decisión del Consejo es un espaldarazo a la cauda civil que ellos siguen contra las empresas, ya que a más de 4 años de ocurrida la explosión nadie entiende por qué las empresas no pagan por el tremendo daño causado, mostrando una terrible indolencia.
