Así lo indica el Índice de Calidad de Atención Ciudadana elaborado por la Comisión Defensora Ciudadana y que corresponde a un balance parcial de este año.
La Comisión Defensora Ciudadana (www.cdc.gob.cl) dio a conocer este lunes el primer balance parcial de 2011 de su Índice de la Calidad de la Atención Ciudadana, en el cual se destaca el trabajo realizado en lo que va del año por el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Servicio de Registro Civil e Identificación.
Este indicador resulta en diciembre próximo en la elección del Mejor Servicio Público del año, título que en 2010 recayó en el IPS.
Respecto del Índice, el presidente de la Comisión Defensora Ciudadana, Alberto Precht, dijo que “buscamos promover el perfeccionamiento de la atención, y para ello este indicador no sólo considera el flujo de reclamos ciudadanos hacia los servicios, sino también la calidad de las respuestas, el respeto de los plazos que obliga la ley y la calidad del ambiente en las salas de espera”.
El Servicio de Registro Civil e Identificación marcha de momento en primer lugar, por la expansión de puntos de atención, que lo sitúan como el servicio de mayor presencia territorial en Chile. En el primer trimestre de este año adquirió 13 camionetas nuevas para operar como Oficinas Móviles distribuidas a cada una de las regiones (con antena satelital y router inalámbrico, para otorgar certificados de nacimiento en terreno). De igual manera, se destaca la ampliación del servicio a compatriotas en el extranjero, a través de 70 consulados.
En segundo lugar está el Instituto de Previsión Social (IPS), galardonado como el Mejor servicio público de 2010 por la disminución de tiempos de espera de más de 55 minutos el 2009 a 22 minutos el 2010 y por dar respuesta al 100% de solicitudes y reclamos ciudadanos. El informe de la CDC destaca esta vez la iniciativa de Interoperabilidad, destinada a gestionar en las sucursales de IPS los trámites de otros servicios del sector social del Estado, tales como la venta de bonos FONASA; la recepción de solicitudes de pensiones para cotizantes de AFP; la información sobre el Sistema de Pensiones; copagos de Garantías Explícitas de Salud y valorización de programas médicos FONASA; y la orientación sobre servicios del Sence.
En tercer lugar se indica a Fonasa, debido al funcionamiento de su nueva plataforma tecnológica, que en el primer trimestre de 2011 reportó 1.006.424 certificados emitidos, con un código verificador que asegura autenticidad. En paralelo, sobresale la inauguración de 6 nuevas sucursales que se suman a las 469 en todo el país, y el proyecto de entregar algunos productos de manera gratuita a contar de la segunda mitad del año en curso.
Aun cuando el informe reitera nuevamente la situación apremiante en Gendarmería y en el sector Salud, realiza por primera vez una mención destacable para ambos ámbitos del estado, por consecuencia del avance en materia sanitaria en las cárceles públicas más grandes del país (la CDC realiza visitas inspectivas mensuales a estos recintos). Especialmente por la renovación de baños y la regimentación de pautas de aseo.
Respecto del sector Salud, la Comisión Defensora Ciudadana destaca la reducción, entre junio de 2010 y febrero de 2011, de 63% de las listas de espera del Plan AUGE, las cuales bajan de 246.742 a 91.447 los casos pendientes. Además, dio una mención al programa “Mi Hospital se Pone a Punto”, destinado al mejoramiento de los servicios de urgencia hospitalarios de todo el país, con una inversión de 5 millones de dólares para diversas mejoras a los recintos de urgencia, tales como renovación del mobiliario, instalación de circuito cerrado de TV y pintura, entre otros elementos. El plan comenzó en los 18 hospitales que concentran el 70% de la atención de los ciudadanos, mientras que en 2012 alcanzaría a 56 los hospitales. Pese a lo anterior, la CDC reitera el alto flujo de solicitudes, reclamos y consultas ciudadanas no resueltas directamente en los hospitales públicos del país.
La Comisión Defensora Ciudadana lleva un registro de los reclamos, consultas y solicitudes no resueltas en los servicios dependientes del gobierno, y ofrece intermediación gratuita de abogados a las personas cuando las personas no reciben respuesta de la autoridad, o cuando dichas respuestas afectan derechos esenciales.
